Un síndico del Central, vinculado a Cristóbal López
Fue uno de los funcionarios que lo autorizó a comprar parte de un banco. Su estudio revisaba los balances de una empresa del zar del juego.
El líder del Grupo Indalo, Cristóbal López, impulsó una medida judicial para beneficiar a los Kirchner en la causa que investiga si los hoteles de la familia presidencial se usaron para lavar dinero: el empresario, involucrado en ese expediente, presentó un recurso pidiendo que el caso pase a tramitarse en un juzgado federal de Bariloche. Hoy, la causa Hotesur está bajo mando del juez Claudio Bonadio, un magistrado que la Casa Rosada considera inmanejable.
Hace pocos días, Cristóbal se autodenunció en una fiscalía de Bariloche: el llamado “zar del juego” solicitó ser investigado en la trama Hotesur pero en un juzgado federal de esa ciudad patagónica que subroga Walter López Da Silva.
Entre otros argumentos, los abogados del empresario afirmaron que es en ese distrito patagónico donde está ubicado el hotel de López llamado “El Retorno”, investigado por Bonadio debido a que la compañía mantuvo vínculos financieros con uno de los hoteles de los Kirchner, el “Alto Calafate”.
Si el plan jurídico de López progresa, la pesquisa sobre las finanzas de los hoteles K se retrasaría hasta que diferentes tribunales definan cuál es el juez que debe avanzar en la investigación.
En una coincidencia que no parece ser producto del azar, Cristóbal siguió así la misma estrategia defensiva que plantearon ante la Justicia otros socios y allegados a los Kirchner involucrados en el expediente Hotesur, como Lázaro Báez, ex administrador de los hoteles de la familia presidencial.
En abril, Báez se presentó en el juzgado de Bonadio para pedirle al juez que le conteste a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia si la causa Hotesur no debía en realidad investigarse en esos tribunales. Según el investigado, esto corresponde, entre otras cosas, porque todos los involucrados en el caso tienen domicilio en el sur patagónico.
La autodenuncia que hizo Cristóbal López es el calco de una acción que ya había realizado Báez pero en Santa Cruz. El constructor de obra pública K también se había autodenunciado en el sur buscando que sean los jueces de esa provincia los que investiguen el posible lavado de dinero en los hoteles de la familia presidencial.
Las pesquisas judiciales sobre el hotel “El Retorno”, de Cristóbal López, se iniciaron después de que Clarín publicó los lazos económicos que existían entre esa empresa y “Alto Calafate”, de los Kirchner.
Por ejemplo: como mínimo desde el 2013 hasta fines del año pasado “El Retorno” fue administrado por la misma sociedad que administra tres de los hoteles propiedad de los Kirchner.
Esa empresa se llama Idea Sociedad Anónima y su presidente es Osvaldo Sanfelice: además de ser socio de Máximo Kirchner en
una inmobiliaria, es empleado de Cristóbal López en una de sus varias compañías.
El fiscal Jorge Bague Creta, de Bariloche, imputó a López después de que éste se autodenunció. En un escrito que elevó al juez federal de esa ciudad, Walter López Da Silva, el fiscal explicó, entre otras cosas, que debía analizarse si Cristóbal López “pactó fraudulentamente” con Idea SA para “derivar o recibir fondos del Alto Calafate”. Para eso, según él fiscal, debe determinarse “la competencia en base” a la comisión de los probables delitos a investigar.
El caso Hotesur empezó a investigarse después de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN). El programa PPT, de canal 13 difundió a fines del año pasado que la sociedad Hotesur, con la que los Kirchner controlan las acciones del “Alto Calafate”, había registrado ante el Estado domicilios truchos, y que adeudaba además la presentación de balances.
Desde entonces, la familia Kirchner desacreditó públicamente la denuncia, intentó enjuiciar a Bonadio en el Consejo de la Magistratura, y una sobrina de la Presidenta lo recusó, sin éxito. Ahora dos de los empresarios K más beneficiados por el Estado en la última década buscan que la causa se investigue en el sur. Fuentes del entorno de López aseguran que no tienen nada que esconder, y que el empresario no controla al juez y al fiscal de Bariloche que podrían investigarlo.