“Mi Sangre”, el narco que no quiere irse de la Argentina
Lo detuvieron en 2012 por pedido de los Estados Unidos. Desde entonces, resiste su extradición a ese país con todo tipo de recursos judiciales. Ya logró que 9 de los 12 jueces federales porteños intervinieran en su caso.
El 30 de octubre de 2012, el colombiano Henry de Jesús López Londoño (44), alias “Mi Sangre”, fue detenido en el restorán Fettuccine Mario, en Pilar. Las autoridades de los Estados Unidos, que habían solicitado a la Argentina su detención preventiva bajo cargos de narcotráfico, enviaron el pedido formal de extradición casi dos meses después, el 27 de diciembre de 2012.
De eso ya pasaron dos años y medio y “Mi Sangre” sigue acá. Y no tiene ninguna intención de dejar el país donde su esposa y sus dos hijos (la menor, una nena de tres años que ya tiene DNI argentino) viven cómodamente en un barrio privado. Así se lo habría dicho él mismo al fiscal de Florida (EE.UU.) Michael Nadler, que lo visitó en la cárcel de Ezeiza el pasado 25 de febrero con la idea de hacer un trato. La entrevista duró cuatro horas, pero nada quedó cerrado.
Su deseo de quedarse en la Argentina también queda claro en su engorrosa estrategia judicial. Comandando su propia defensa desde un sector del Módulo VI (psiquiátrico) del Complejo Penitenciario I de Ezeiza –que lo tiene como único habitante–, el colombiano logró suspender dos veces su juicio de extradición cuando ya tenía fecha de inicio. Sus abogados, Carlos Broitman y el ex comisario de la Bonaerense Juan José Ribelli, recusaron tres veces al encargado de ese proceso, el juez federal Sebastián Ramos, a quien incluso denunciaron penalmente argumentando que intentó investigar por lavado al hijo de 10 años del colombiano.
Una a una, las recusaciones fueron rechazadas –la última, el lunes pasado junto con una solicitud de “excarcelación”– y la causa penal contra Ramos también quedó en la nada. Pero los planteos legales de “Mi Sangre” son tantos y tan variados que casi no hay juez en los Tribunales de Comodoro Py que no haya intervenido en alguno de ellos. En total, 9 de los 12 jueces federales de Capital resolvieron planteos de Broitman y Ribelli.
A la lista de magistrados de Comodoro Py hay que sumarle la actuación de un juez en lo Penal Económico, ante el cual Londoño denunció que policías colombianos habían ingresado de contrabando a la Argentina un sofisticado equipo para poder seguirlo (ver Policías...); la de un juez de Familia, que debió acreditar la paternidad de su hija nacida en la Argentina, porque la había anotado cuando usaba una identidad falsa; la de un juez federal de Lomas de Zamora con jurisdicción sobre la cárcel de Ezeiza y la de uno en lo Contencioso Administrativo, ante el cual el colombiano y su esposa piden que la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) reabra un expediente por el cual en su momento les concedieron asilo en el país como perseguidos políticos.
En poco más de dos años, mientras eludía la extradición y se defendía en una causa abierta aquí por lavado de dinero, López Londoño presentó denuncias no sólo contra el juez Ramos sino también contra el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y contra el jefe de la División Búsqueda de Fugitivos de la Policía Federal. Todo con el mismo objetivo: apartar a Ramos y lograr que no lo manden a los Estados Unidos.
El ataque judicial más profundo de “Mi Sangre” comenzó en 2014 con un inocente recurso de “habeas corpus” que presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina. Allí el colombiano reclamaba que lo autorizaran a entrevistarse con un canal de televisión, a tener una computadora y a acceder a una línea telefónica. Esa causa dio mil vueltas y finalmente fue resuelta por la Cámara de Casación de Capital, que en parte le dio la razón. Pero eso no fue lo importante. El expediente dio pie a una denuncia contra el jefe del SPF, que quedó en manos del juez Norberto Oyarbide y tuvo un trámite extraño.
Los abogados de “Mi Sangre” se constituyeron como querellantes y usaron el expediente como una caja vacía en la que metieron todo
tipo de cuestiones. Por un lado denunciaron como “ilegal” la manera en que se lo había rastreado y detenido en la Argentina. Por otro, le solicitaron a Oyarbide que le pidiera a su colega Ramos que se apartara del expediente de extradición y se lo enviara él.
Oyarbide accedió y le solicitó a Ramos que se excusara de seguir interviniendo en la extradición. Pero dos fiscales federales se opusieron y finalmente tuvo que intervenir la Sala II de la Cámara Federal.
El 9 de abril, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun fueron durísimos con Oyarbide. No solo le recriminaron haberle permitido a López Londoño elegir el juez a cargo de su extradición, pidiéndole a Ramos que se apartara sin razón alguna. También lo apartaron de todas las investigaciones que había iniciado “Mi Sangre” en su juzgado.
El fallo de la Cámara desperdigó por diferentes despachos de Comodoro Py todo lo que la defensa del colombiano había juntado en el juzgado de Oyarbide. Entre otras cosas, el pedido principal de “Mi Sangre”:
sacar del medio al juez Ramos.
Este planteo recayó en el juez federal Luis Rodríguez, que se declaró incompetente y lo mandó a la Cámara Federal para que sorteara otro juzgado. La causa le tocó a su colega Julián Ercolini, pero él también se negó tomar el tema y se lo reenvió a Rodríguez, quien se lo devolvió poco después.
Hace unos días, el 11 de mayo, Ercolini volvió a rechazarlo y lo envió nuevamente a la Cámara Federal para que allí se decida quién tiene razón. Así, Henry de Jesús López Londoño cumplió al menos uno de
sus objetivos: ganar tiempo.