Dirigentes sociales y empresarios apoyaron a intelectuales opositores
Rechazaron la denuncia contra pensadores, diputados y dirigentes judíos, por “complot con los fondos buitre”.
Más de medio centenar de dirigentes sociales y empresariales firmaron un documento en rechazo a la denuncia penal presentada en abril pasado por el abogado Juan Gabriel Labaké contra dirigentes de la comunidad judía, intelectuales y dos diputadas a raíz de una publicación en la que se los acusó de haber complotado con los fondos buitre para cuestionar el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán por el atentado contra la AMIA.
“Tal acción judicial tuvo como único fundamento sus expresiones públicas de disenso con las decisiones gubernamentales sobre la causa AMIA y sus legítimas críticas a las circunstancias que rodean la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman”, dice el texto firmado, entre otros, por el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, y el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos.
“Los imputados son personali- dades verdaderamente comprometidas con el país y con la consolidación de sus instituciones, los derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional y la forma republicana representativa y federal de gobierno”, prosigue el texto en defensa de los denunciados.
La denuncia fue presentada por el abogado Labaké, quien defendió al sirio-argentino Alberto Kanoore Edul en la causa AMIA, luego de la aparición de un texto del ex secreta- rio de la DAIA Jorge Elbaum en el diario Página/12. Los denunciados son las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, los dirigentes de AMIA y DAIA Julio Schlosser, Waldo Wolff, Jorge Knoblovits, Alfredo Neuberger y Leonardo Jmelnitzky, el abogado Daniel Sabsay y los filósofos Santiago Kovadloff y Marcos Aguinis.
De acuerdo con el texto firmado por quienes se solidarizaron on ellos, los denunciados sólo “han expresado públicamente sus ideas” y que “invariablemente lo han hecho a partir de una perspectiva plural y, ante todo, con una manifiesta vocación por privilegiar la honestidad intelectual y por contribuir, así, al mejor desenvolvimiento de nuestra Nación”.
“En la República Argentina, pensar y expresar libremente las ideas, jamás debe ser calificado como delito”, concluye el documento en el que se rechaza “la injustificada denuncia penal impulsada contra los imputados” y se manifiesta el “pleno apoyo y solidaridad a quienes, sin sustento alguno, se les imputan injustamente la comisión de imaginarios delitos.
El texto también fue firmado por el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, y sus antecesores Luis Biolcati, Guillermo Alchourron y Enrique Crotto, entre otros.