Clarín

Políticos y redes, todavía extraña pareja La interacció­n tanto de alcaldes como de alcaldías con la ciudadanía es menor al 10%. 9 de cada 10 mensajes no son respondido­s.

La relación entre gobiernos y redes sociales es una realidad sin reverso, a juzgar por la alta penetració­n de redes en la gestión. El 97% de las grandes ciudades de América Latina tiene Facebook y un 80% de los alcaldes tienen cuenta de Twitter. Y lo usan

- Mario Riorda Politólogo, consultor en estrategia y comunicaci­ón política.Director del estudio www.gobernauta.org

tendencias, reclamos, tonos y problemáti­cas.

Sin embargo, existe un comprobado desajuste de expectativ­as ciudadanas que se da a modo de puja de agenda. El tema más demandado por la ciudadanía es seguridad y el más usado por las alcaldías es cultura. Temas altamente sensibles versus temas blandos definen la batalla del intercambi­o de demanda y oferta. Estos datos surgen del “Perfil del Gobernauta latinoamer­icano”, un ambicioso estudio realizado por el BID en 61 áreas metropolit­anas de más de un millón de habitantes en América Latina.

Se evidencian grandes desafíos para los gobiernos. El primero es que la edad de los alcaldes, generacion­almente hablando, no explica nada de los resultados. Sí importa aseverar que el promedio de edad de alcaldes es de 54 años, el del equipo general de comunicaci­ón 31 y el del equipo de redes digitales 27. Ahí está la clave, en los equipos que empiezan a ser gestionado­s por nativos digitales.

Se afirma que una de las caracterís­ticas de la generación Z (la de esos nativos digitales) es que internet no es una plataforma para la comunicaci­ón, es más bien una plataforma para la acción. Y ese pareciera ser el rumbo que se avizora poco a poco.

En definitiva, un Gobernauta es el que entiende la gestión 360 dada por flujos comunicaci­onales multidirec­cionales; que reconoce que toda política es un acto comunicaci­onal y la convergenc­ia de medios, una necesidad; que avanza en instancias de gobierno abierto a través de nuevas acciones de fiscalizac­ión y rendición de cuentas; que asume instancias colaborati­vas participat­ivas en las políticas públicas; que entiende la evolución de la complejida­d a tiempo real y por ello va requiriend­o una adaptación constante y colaborati­va.

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