Corrupción e impunidad degradan la democracia
En las décadas de 1940 y 50, los dirigentes implicados en actos de corrupción eran obligados a renunciar y quedaban marginados. Hoy se les ofrecen cargos para su impunidad.
En 1940, en el gobierno encabezado por Roberto Ortiz se denunciaba que seis diputados nacionales, del oficialismo y la oposición, estaban vinculados a una maniobra de compra de terrenos para venderlas al Estado a mayor precio.
Ese escándalo fue conocido como el de las “Tierras del Palomar”, pues se trataba de una fracción para emplazar una base aérea.
En pocas horas, las autoridades de los partidos a los que pertenecían esos legisladores los expulsaban de sus filas. Similar actitud tuvo la Cámara de Diputados de la Nación.
Nadie sugirió ataques ni conspiraciones mediáticas, ni que se esperara a la justicia especulando sobre la presunción de inocencia.
Trece años después trascendía que la carestía de carne se debía a maniobras en las que participaba el secretario privado del general Juan Domingo Perón, su cuñado Juan Duarte. El entonces presidente ordenó una investigación con instrucciones precisas que no se protegería a nadie. Comprobada la complicidad de Duarte fue obligado a renunciar. Como uno de los diputados del escándalo del cuarenta, el acusado se quitó la vida.
Hoy gran parte de los denunciados por corrupción son propuestos como candidatos al Congreso por el oficialismo que gobierna desde la Casa Rosada en busca de fueros.
El Congreso Nacional no sólo se ha convertido en escribanía del Poder Ejecutivo sino también en aguantadero de los corruptos, en este derrotero a la decadencia institucional.
La corrupción se combate con publicidad de los actos de gobierno y las cuentas públicas, y con la certeza que no habrá impunidad para nadie.
La obra de la corrupción y la impuni- dad avanza con la designación de jueces adictos que no cumplen con los requisitos exigidos por el orden legal, de abogados sin antecedentes para consentir la pretendida autoamnistía, y la de sus testaferros y cómplices en el saqueo,
La culminación de este proceso de deterioro es el sistema de espionaje interno que, violando la ley, acaba de imponerse por decreto.
En ninguna sociedad previsible se hace inteligencia para evitar “golpes de mercado”.
Estos temas, debe entender la ciudadanía, no son sólo problemas de las dirigencias políticas o judiciales, ya que están en juego las garantías constitucionales de todo el pueblo y el riesgo de incrementar la degradación evidente y advertida por la Iglesia de nuestra democracia.