Un caso testigo en horas electorales
El conflicto con los choferes de la línea 60 se está transformando en otro caso testigo, como fue en 2009 el de Kraft y en el último año los de Gestamp y de Lear. Con el agravante de que en estas horas se mezclan la lógica de la campaña, las necesidades políticas y las urgencias sindicales.
Por lo pronto, ¿por qué intervino ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, y no el Ministerio de Trabajo de la Nación o el de la provincia de Buenos Aires? Parece una decisión surgida de Daniel Scioli para evitar que el conflicto lo afecte en términos electorales, sobre todo luego de las crudas imágenes de la represión de ayer contra los colectiveros en la Panamericana.
La Casa Rosada parece desorientada. Para algunos funcionarios, tanto la empresa Monsa como la comisión interna de la línea 60 adoptaron posturas irreductibles. El ministro Carlos Tomada recibió a los delegados rebeldes, un gesto de realismo que dejó desairada a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que no maneja (y combate) a esos representantes sindicales, pero la posterior conciliación obligatoria no sirvió para obligar a las partes a negociar. Todo lo contrario.
En este conflicto se despliega otra vez la lucha entre una cúpula sindical peronista y una comisión interna radicalizada, cuya composición ideológica es un laberinto indescifrable: no hay rastros de fuerzas trotskistas tradicionales, sino de independientes de izquierda, peronistas combativos y miembros de Causa Obrera, un desprendimiento del MAS, y de Tendencia Piquetera Revolucionaria, surgida de las filas estudiantiles del PO. Estos delegados son inflexibles, aunque innovaron con protestas originales como el no cobrar boletos para no irritar a los pasajeros.
El dilema está a la vista. Si se soluciona el conflicto gracias a Granados, será visto como un triunfo de Scioli y un traspié de Cristina Kirchner, complicada además porque está borrando con el codo (o con la Gendarmería) su política de no reprimir la protesta social. Y si hay acuerdo, se habrá logrado a partir del reconocimiento oficial de los “insurrectos” de izquierda (que el gremialismo combativo usará como bandera electoral) y del marginamiento de la UTA (mala noticia para los defensores del modelo sindical vigente). Aun así, hay un escenario más inquietante: sin arreglo, ya nadie sabe qué puede pasar.