Los fiscales dicen que no se investiga a los jefes narco
En un informe anual del Ministerio Público, denuncian que el sistema se centra en el “menudeo”.
Los tentáculos del narcotráfico se expanden cada año en Argentina. Según se desprende del informe anual 2014 elaborado por el Ministerio Público Fiscal aparecen bandas cada vez más organizadas, hay más “cocinas” de cocaína y crece el número de causas ligadas al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, la amplitud de delitos que castiga la actual “ley de drogas” (sancionada en 1989 durante el gobierno de Carlos Menem) desperdicia el esfuerzo de los investigadores en los eslabones más bajos y vulnerables de la red –vendedores de pequeñas cantidades, “mulas” y consumidores– y muy pocas veces alcanza los círculos más altos del negocio.
En las más de 900 páginas que contiene el documento, elaborado para presentar ante el Congreso, fiscales de todo el país exponen sus conclusiones respecto de lo que fue su trabajo en 2014. La gran mayoría coincide en que las fuerzas de seguridad equivocan el foco y se quedan en “narcomenudeo”, lo que dificulta agarrar a los que manejan el negocio. “Considero reiterar la problemática suscitada en relación a la investigación de los eslabones superiores en la cadena del tráfico de estupefacientes”, resalta, por caso, Orlando César Giménez, fiscal federal de Dolores.
El fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de General Roca, Río Negro, Mario Sabas Herrera, remarca: “Hoy la República Argentina convive con una empresa criminal que produce cuantiosas rentas: el narcotráfico”. Sin embargo, destaca que en las investigaciones “solamente se detecta el comercio de drogas ilícitas en pequeña esca- la, lo que se conoce como “narcomenudeo” (...) alcanzándose pocas veces a los proveedores, que radican en otros puntos del país”.
En el “fallo Arriola”, de 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la ley de drogas que castiga a los usuarios por considerar que los actos privados que no perjudiquen a terceros están protegidos por la Constitución. Si bien tener para consumir aún es ilegal, la Corte exhorta a considerar su fallo antes de detener a alguien. En ese sentido, la fiscal Mónica Spagnuolo, de San Luis, explica que el caso Arriola “se advierte consolidado”. Y agrega: “No obstante, no puede informarse que se advierta a la fecha efectos concretos y reales de aquel criterio, especialmente en materia de política criminal en la persecución eficaz del tráfico ilícito de drogas”.
La detención de actores menores en el tráfico llena las cárceles. Un informe presentado recientemente por el CELS da cuenta de que entre 2010 y 2012 sólo el 4% de las detenciones por drogas fueron en allanamientos y 2%, por órdenes judiciales. “Un gran porcentaje de los condenados son personas de escasos recursos económicos, con un nivel de instrucción bajo, habitantes de barrios marginales. Esta situación lleva a la conclusión de que son usadas para la venta al menudeo (...) y las fuerzas de seguridad distraen su atención en este tipo de vendedores dejando afuera a los círculos más altos, garantizando su impunidad”, denunció la fiscal federal de Santiago del Estero, Cecilia Garzón.
Tal vez por eso, el fiscal Daniel Adler, de Mar del Plata, propone un nuevo protocolo: “Evitar el desvío de recursos de política criminal hacia la eliminación del consumo, para orientarlos hacia la persecución de la narcocriminalidad”.