Corrupción y estado de derecho
En estos tiempos electorales, se escucha a algunos candidatos efectuar ruidosas declaraciones respecto de la necesidad de combatir a la corrupción estatal. Los medios periodísticos informan
a diario acerca de diversas situaciones escandalosas que se vinculan con el poder o al enriquecimiento ilícito de algún funcionario. Las organizaciones de la sociedad civil y hasta empresarias también reclaman por comportamientos decentes en el ejercicio de funciones públicas.
La Organización de Estados Americanos (OEA), ha reconocido a la corrupción de los agentes públicos como un mal que socava la legitimidad de las instituciones democráticas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de un pueblo.
Nuestra experiencia democrática nos ha enseñado que la acción de una justicia independiente es el único camino posible para restablecer la vigencia de la ley. Sin embargo, en la práctica, las mayoría de las respuestas judiciales en materia de corrupción han sido deficientes, tardías o inexistentes. De este modo, no han podido alcanzar su objetivo principal, recomponer la paz social a través de la aplicación de las sanciones que prevén las normas ante su incumplimiento. Es imprescindible, entonces, plantear propuestas serias para enfrentar eficazmente el fenómeno del soborno y la corrupción pública. La mejor doctrina nos recuerda permanentemente que los crímenes gubernamentales representan el mayor desafío para los órganos que tienen a su cargo el monopolio en la aplicación de la ley penal. Por ello, los candidatos deberían evitar caer en discursos vacíos, de escaso contenido o en la sugerencia de medidas claramente demagógicas que no superan el test mínimo de legalidad.
Se trata de una preocupación regional. Todos asistimos a lo que está ocurriendo en Brasil con la operación “Lava Jato”, que ha conducido a la detención de importantes empresarios y polí
ticos por supuestas contrataciones ilegales con la petrolera de bandera de aquel país. La actividad de un juez local ha provocado una crisis institucional y económica sin precedentes, amenazando incluso a las máximas autoridades del país. No obstante, se escucha a los especialistas de aquel país cuestionar esa investigación por sostenerse casi exclusivamente en testimonios aportados por personas que habrían supuestamente intervenido en esas maniobras delictivas y que habrían suministrado alguna información con el propósito de obtener una reducción considerable en la pena.
La única manera posible de enfrentar la corrupción es a través del estado de derecho. Así, el objetivo de máxima efectividad en la lucha contra el crimen no debería subordinar las garantías individuales y del debido proceso. Las delaciones premiadas resultan, en este contexto, altamente peligrosas porque inexorablemente derivan en un debilitamiento del sistema de garantías. Nuestra experiencia institucional nos enseña, como tiene dicho la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el retorno de la democracia, que la flexibilización y debilitamiento de los principios fundamentales
degrada la buena administración de justicia. En otras palabras, el poder del Estado debe ser ágil y efectivo, pero con límites claros y democráticos para todos; con equilibrio y transparencia de poderes.