Cátedra de propaganda en la universidad
Algunos becarios e investigadores del CONICET hicieron circular documentos en apoyo a la continuidad de las políticas en Ciencia y Técnica del actual gobierno y en rechazo a un eventual cambio para este sector. Podría tratarse de una legítima movilización ciudadana. Sin embargo, el uso del nombre y los recursos públicos con fines partidarios resulta inadmisible y erosiona esas instituciones en cuya defensa dicen pronunciarse.
La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la multiplicación del número de universidades son valoradas como mérito del actual gobierno por la inmensa mayoría, que sabe que el interés por estas áreas no es unánime. Algunos políticos demostraron que no dudarían en mandar a lavar los platos a los científicos. El CONICET es el eslabón más alto del sistema científico en Argentina y su voz no debería ser pasada por alto. Pero los mecanismos elegidos para la intervención producen malestar en otros miembros de la comunidad científica. La exhibición de “la ciencia” como espectáculo propagandístico consiguió en Tecnópolis un despliegue inusitado y alcanzó su culminación el pasado viernes en la reinauguración del Polo Científico y Tecnológico, donde la Presidenta entregó distinciones a científicos, que la honraron, a su vez, con un honoris causa.
La autonomía de criterios extra científicos en el CONICET o la UBA permite contar con los mejores recursos humanos, más allá de sus creencias, gustos o ideologías. El pronunciamiento partidario de estas instituciones es inaceptable porque el CONICET y las universidades no le pertenecen a ningún gobierno, aunque en algunos casos se les haya aplicado una lógica clientelar. El desprestigio de estos mecanismos es difícil de reparar y resulta penoso ver cómo quienes debieran salvaguardar el pensamiento crítico se han convertido en aplaudidores
seriales. Una solicitada de la Universidad de Lanús advierte “a los intelectuales y académicos: no se puede dudar”. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA resuelve “sumar su apoyo y compromiso en defensa de la educación pública, gratuita, laica y popular”. Pero no se pronunció cuando el Rector Barbieri -presentado por Scioli como ministro de Educación en caso de llegar a la presidencia-, adhirió al programa vaticano Scholas Ocurrentes para “la creación de escuelas secundarias en zonas vulnerables de la ciudad y el conurbano”. ¿Es ésa la educación laica y popular que propone el Consejo Directivo? ¿O la de un candidato que eligió la UADE para concluir sus estudios? ¿Por qué no se preocuparon al ver que los tres candidatos con más chance de ganar procedían de universidades privadas? Como profesora de la UBA no me siento representada por las declaraciones del Consejo Directivo y quiero hacer
público el atropello que significa que los funcionarios elegidos
para gestionar la Facultad actúen como si esta fuera su coto priva
do. Como investigadora del CONICET, me pregunto a mis colegas les preocupa el modo en que un eventual gobierno de Macri incentivaría la investigación para el desarrollo de agroquímicos, la explotación de las mineras o la eliminación de estadísticas sobre pobreza. Si es así, me solidarizo con su preocupación. Aunque están desinformados. La colaboración de la ciencia para tan aberrantes fines ya tuvo lugar.