En las vísperas, el repliegue kirchnerista
El balotaje de hoy encuentra a un Gobierno que empezó a ser jaqueado por decisiones judiciales. La Cámpora se refugia en lugares del Estado donde captura fuentes de financiamiento.
Daniel Scioli o Mauricio Macri. El país tendrá desde esta noche un nuevo presidente electo que enfrentará dos circunstancias inéditas y contrapuestas de la historia. Pondrá fin al ciclo político más prolongado de un mismo signo: doce años kirchneristas. Deberá recorrer, a la vez, la transición más breve –apenas 19 días– desde que la democracia fue recuperada.
Ese tiempo encogido no será, con seguridad, el rasgo más incómodo del camino hasta el 10 de diciembre. Habrá que observar, además, las decisiones que pueda tomar Cristina Fernández, cuyo objetivo manifiesto es condicionar al sucesor. Tampoco habría que desatender reacomodamientos institucionales que, en las vísperas electorales, se comenzaron a manifestar. Típicos en la Argentina, cuando concluye un ciclo y amanece otro.
La Presidenta está en alerta. El kirchnerismo duro también. Esas defensas preventivas no tendrían que ver con una posible victoria de Scioli o de Macri. Aunque la consagración del candidato K llevaría brisas de serenidad. El problema en el epílogo sería el Poder Judicial. Que, con pocas excepciones, resolvió establecer una tregua durante el largo calendario electoral. El fin de esa paz cesó cuando la Corte Suprema dispuso la inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias que fue utilizada por el Gobierno para designar irregularmente a jueces adictos. Los cortesanos apuraron sus plazos a raíz de una provocación presidencial: la separación de Juan Carlos Gemignani de la Cámara de Casación Penal, días después que el escenario sufrió un vuelco cuando Scioli no pudo imponerse en la primera vuelta y Macri lo forzó al balotaje. Aquel magistrado debía fallar sobre la validez o no del Memorándum de Entendimiento con Irán. Su voto iba a ser de rechazo.
Otros disparos aturdieron los últimos días de campaña. El fiscal Eduardo Taiano imputó al titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, por presunta defraudación a la administración pública debido a las millonarias ventas en el mercado de dólar a futuro, con una cotización de $ 10. Por un volumen aproximado a los 16.000 millones de dólares. La denuncia fue realizada por dos diputados de Cambiemos y por el ex jefe del Central, Alfonso Prat Gay. Un dirigente llamado a ocupar una plaza importante en un hipotético gobierno macrista.
El martes último, el juez Claudio Bonadio dispuso el allanamiento del Banco. Se llevó valiosa información. El operativo fue realizado con la Policía Metropolitana. Para el kirchnerismo no se trató de una casualidad. Aquel magistrado había utilizado el mismo recurso al irrumpir en las oficinas de Máximo Kirchner y sus socios en Río Gallegos. Rastreó evidencias sobre el posible lavado de dinero que habría consumado la familia Kirchner en los hoteles de su propiedad en El Calafate. Bonadio fue apartado de inmediato por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal. Esa causa duerme ahora en las manos de Daniel Rafecas.
Bonadio no ha terminado aún de revisar los papeles incautados. Está tratando de determinar las razones de la conducta de Vanoli. Y sus posibles beneficiarios. Valdría una precisión: el próximo Gobierno deberá hacerse cargo de esa herencia y de saldar la eventual diferencia de todas las operaciones pactadas a ese valor y su eventual modificación. Cualquier suba mínima del dólar significaría una erogación de miles de millones para el Estado.
Las primeras pistas de Bonadio condujeron a grupos empresarios y financieros. Varios de ellos ligados al kirchnerismo. El bisturí pretendería tajear con mayor profundidad. Determinar si también en este caso podría existir alguna sociedad que resultó beneficiada con raíces en Santa Cruz. De las que componen Lázaro Báez u Osvaldo Sanfelice, el socio de Máximo.
A los camporistas y los ultra K no los desvelaría, al fin de cuentas, el destino de Vanoli. Estarían más inquietos por otras investigaciones que también empuja Bonadio. El plan Qunita, por un lado, de asistencia a mujeres embaradazas que representó una inversión, al parecer irregular, de $ 1.100 millones. Por esa causa fueron citados a declarar Aníbal Fernández, Juan Manzur, gobernador de Tucumán, y Daniel Gollán, ministro de Salud. El procesamiento al jefe del PAMI, Luciano Di Cesare, por administración fraudulenta. El Ministerio de Salud y el PAMI serían, entre tantos, dos verdaderos búnqueres de permanencia y financiamiento para los integrantes de La Cámpora.
De hecho, sólo durante la semana pasada Di Cesare realizó 197 nombramientos. De ellos, un centenar son militantes camporistas. Quizás para cubrir la retirada ante la posibilidad de una derrota. En Salud, las cosas serían todavía más graves. No únicamente por aquel plan Qunita que investiga Bonadio, ante el cual Gollán se negó a declarar.
En ese ministerio fue separado de su cargo el secretario de Determinantes de la Salud – especie de viceministro–, Eduardo Bustos Villar, un profesional mendocino con pergaminos nacionales e internacionales. Nombrado por decreto en su momento por Cristina. No figura ahora como separado. Se le aconsejó un simple pedido de licencia. La cúpula fue tomada por funcionarios camporistas con anuencia de Gollán. Terciaron en una puja interna el diputado electo Eduardo De Pedro y Andrés Larroque. En este episodio, en veredas enfrentadas. Por el manejo de recursos. No mucho más. Habría en danza unos $ 700 millones.
La ofensiva vulneró, incluso, cierta resistencia de Alicia Kirchner. La ministra de Desarrollo Social –gobernadora electa de Santa Cruz– tuvo una amistad de décadas con Bustos Villar. Fue el médico que atendió siempre a su propia madre. Pero el posible repliegue político forzaría esos desgarros afectivos.
El desembarco camporista encerarría otra singularidad. Ninguno de los arribados a cargos jerárquicos de aquella secretaria tendría antecedentes destacados en materia de salud. Nicolás Kreplak –hermano del juez Ernesto, de Justicia Legítima, que promovió el jury contra el fiscal Luis María Campagnoli– y Salvador Giorgi son las cabezas visibles. De un equipo que estuvo mucho tiempo a las órdenes del ex secretario de Justicia, Julián Alvarez, monitor en el Servicio Penitenciario Federal. Esa gestión nunca trae recuerdos agradables. Fue la época de Vatayón Militante, la agrupación que sacaba presos para hacerlos participar en actos políticos. Ese grupo se llama ahora “Pinguinos”.
Tal vez Bonadio no quede sólo en las semanas venideras, según sea el desenlace del balotaje de hoy. Habría otra vieja causa en el umbral. Refiere a la que busca determinar si los laboratorios medicinales que traficaron efedrina aprovecharon la campaña del 2007, cuando Cristina alcanzó su primer mandato, para blanquear dinero. Ariel Lijo sustancia el tema. Ese juez, que tiene en la mira a Amado Boudou, poseería todos los peritajes concluidos. Incluso un dictamen de los técnicos de la Corte Suprema que daría por probada la maniobra. También, en parecida dirección, un informe de la UIF (Unidad de Información Financiera). A Lijo le restaría determinar las figuras legales por la comisión del delito antes de empezar con las indagatorias. Que podrían incluir nuevos y destacados testigos, amén de los ex funcionarios que ya figuran procesados.
La Justicia le dio a la Presidenta toques de gracia en el cierre de campaña. La Sala II en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura, que bajó sus integrantes de 20 a 13 por un proyecto que ella misma impulsó en 2006 cuando era senadora. Otra jueza aceptó una cautelar por la designación de los camporistas, Alvarez y Juan Ignacio Fórlón, en la Auditoría General de la Nación. La ingeniería del poder kirchnerista se iría destartalando.
Cristina confía con tibieza en una victoria de Scioli para intentar frenar esa ofensiva judicial. Las cosas serían diferentes, a lo mejor, si Macri se impone. El candidato del PRO tendría decidido ceder el manejo de ese campo a los radicales, sus socios principales. Especialistas de entretelas, además. Anunció que Ernesto Sanz sería su futuro ministro de Justicia. Pero las cuestiones ventiladas en campaña tienen casi siempre sólo el valor de la campaña. Lo sabe Scioli, que armó todo el gabinete con antelación y deberá replantearlo aunque venza.
El destino de Sanz estaría aún entre paréntesis. Macri parecería consciente de que la campaña kirchnerista pudo haber dejado secuelas de miedo. Estaría obligado en su debut a emitir señales de serenidad y certeza. Que Marcos Peña pueda ser su jefe de Gabinete tendría relación con eso.
La clave, sin embargo, radicará en el manejo de una economía muy complicada. Mencionó que sería un hombre de perfil desarrollista. Una generalidad y un término de moda en la política actual. Antes que ese calificativo interesarían las garantías que sería capaz de transmitir.
Sus urgencias se trasladan también a Buenos Aires. En la gestión de María Eugenia Vidal se afincaría gran parte de su chance para una gobernabilidad inmediata y duradera. La mandataria electa no desecha la continuidad de algún funcionario sciolista. Macri pretende arrimar a expertos que están con Sergio Massa. En el tema social, Daniel Arroyo. En Educación, Gustavo Iaies. Por esa razón el candidato y el diputado del Frente Renovador conversan más de lo que se sabe. Tal vez, como prólogo de un tiempo político distinto. Gane hoy quien gane.