Investigan a Berni por encubrir al cerebro del triple crimen
Se trata de Pérez Corradi. Ocaña afirmó que tuvo en su poder un informe con la localización exacta del prófugo y no ordenó capturarlo.
Un fiscal le había dado datos y fotos de la casa de Pérez Corradi en Paraguay. El hombre de seguridad de Cristina no hizo nada. Y ahora lo acusan ante un juez.
Desde, por lo menos, el 4 de agosto de 2015 el entonces secretario de Seguridad de la Nación y actual senador bonaerense por el Frente para la Victoria, Sergio Berni y el fiscal federal y miembro de Justicia Legítima, Franco Picardi, tenían un detallado informe con la localización exacta del acusado de ser el cerebro de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi. Sin embargo, nadie ordenó su captura.
Se trata de un informe secreto que el fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Ignacio Bidone, le dio a la Gendarmería, que dependía de Berni, y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), que dirigía Oscar Parrilli, que incluía hasta un plano de los departamentos y casas en que se escondía y la foto de su joven y hermosa acompañante paraguaya con la que “tendría tres hijos y seguiría traficando drogas”. Así lo revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Por esta razón, la diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, denunció ayer a Berni y a Picardi por encubrimiento ante el juez federal Ariel Lijo a favor del jefe de la banda que integraban los hermanos Lanatta y Schillaci.
Sin embargo, Berni rechazó por “ridícula” la denuncia de Ocaña (Ver aparte). Clarín también consultó a Picardi pero no respondió a un mensaje. Llamativamente, Berni dijo el jueves pasado que le había dejado “un informe preciso” sobre el paradero de Pérez Corradi a la nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El financista tiene un pedido de captura en Interpol desde hace 44 meses.
Los comentarios de Berni tuvieron lugar unos días después de que los abogados del prófugo, el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Broitman pidieran a Bullrich negociar la entrega de su cliente a cambio de que la causa pase del fuero penal bonaerense –donde está Bidone– al fuero federal. Bullrich rechazó las negociaciones y el fin de semana pasada despachó una delegación policial a
44 meses
Es el tiempo que ya tiene la orden de captura internacional contra Pérez
Corradi.
Ciudad del Este, pero Pérez Corradi no pudo ser capturado aún.
En su denuncia, Ocaña afirmó que un informante –cuya identidad no reveló– dijo que le dio a Bidone en agosto “datos muy precisos sobre la ubicación de Pérez Corradi. Luego, Bidone transmitió los datos a la Gendarmería y a la Policía Federal.
Además, “un oficial de esa fuerza, a su vez, se lo habría comunicado al viceministro de Seguridad, Sergio Berni, aguardando instrucciones para su detención que, aparentemente, nunca llegaron”, añadió.
Los datos fueron trasmitidos al fiscal Picardi. “Desde hace 5 meses organismos oficiales contarían con datos muy precisos para proceder a la captura de uno de los prófugos más buscados y sospechosamente todavía sigue en libertad. Para peor, reclamando a través de sus letrados, insólitas condiciones para entregarse”, resaltó Ocaña.
Más adelante, se preguntó “¿qué hizo (o dejó de hacer) Berni con esos datos?” y “¿por qué en estos meses no ordenó la captura de Pérez Corradi conocimiento fehacientemente la ubicación exacta para ir a detenerlo?”
“No dudo que el doctor Bidone, como refiere mi interlocutor, ha obrado con celeridad y eficacia. Me resulta complicado hacer igual ponderación del doctor Picardi pues son públicos los cuestionamientos que ha recibido por su actuación en ciertas investigaciones contra funcionarios” K.
“Nada autoriza a imaginar hasta ahora que su interés por conocer la investigación de su colega Bidone no haya sido otro que reunir más elementos sobre la pesquisa”, agregó en alusión a una nota que Picardi le envió a su colega de Mercedes.
Para Ocaña, “hay motivos más que suficientes para investigar pues la sola posibilidad de estar frente a jerarquizados funcionarios que desde el poder político o judicial le pudieran haber brindado cobertura a prófugos de la Justicia, constituye una hipótesis de inusitada gravedad institucional que merece indagarse” en su presentación ante el juez federal Ariel Lijo.