El muerto que hace padecer a Cristina
El dictamen de homicidio sobre la muerte de Nisman y revelaciones de los vínculos con Irán podrían complicar a la ex Presidenta en la causa por encubrimiento terrorista.
La muerte todavía misteriosa del fiscal Alberto Nisman ha regresado en forma de mancha espesa sobre la política. Tapiza también de manera generosa al Poder Judicial. Como la causa podría derivar en situaciones imprevisibles Mauricio Macri no está tranquilo, aunque ni él ni su Gobierno tengan nada que ver. Según evolucione la situación la figura de Cristina Fernández podría caer de nuevo en la picota. La espera el juez Claudio Bonadio para declarar en la causa por la venta del Banco Central de dólares a futuro. Hay alerta, por eso mismo, en el ultrakirchnerismo. Hay tensión entre los peronistas que se comprometieron con el macrismo por la gobernabilidad.
Las novedades más importantes no han sido las revelaciones de Jaime Stiuso. El espía incriminó a la ex Presidenta, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a Carlos Zannini. También dijo que Cristina le había solicitado que dejara de indagar la pista iraní por el atentado en la AMIA. Es difícil discernir entre la verdad y la mentira cuando habla aquel topo tenebroso.
El impacto mayor por la tragedia del fiscal provino del mundo judicial. El fiscal general de la Cámara del Crimen dictaminó sin vueltas que Nisman fue asesinado. La jueza Fabiana Palmaghini, que llevaba el caso desde su origen, se declaró incompetente para seguir actuando después de tomarle una extensa declaración a Stiuso. Antes de excusarse dejó tres huellas. Impugnó el trabajo de la fiscal Viviana Fein, a quien denunció penalmente. Acusó a Sergio Berni de haber ayudado a contaminar la escena de la muerte en el departamento de Puerto Madero. Citó expresamente los diálogos telefónicos que el ex secretario de Seguridad mantuvo con Cristina. Señaló un hecho adicional sobre el cual debería reparar quizás Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad. La jueza apuntó contra Román Di Santo por la desaprensión observada en la vivienda de Nisman tras su muerte. El comisario comanda todavía la Policía Federal.
Sáenz argumentó, por otra parte, que el homicidio de Nisman habría tenido de disparador su investigación por el atentado en la AMIA. Como ramificación de ese trabajo nació su denuncia contra Cristina y el ex canciller Héctor Timerman, entre varios, por encubrimiento terrorista a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Aquella denuncia fue desestimada por Daniel Rafecas, sin requerir una sola prueba. Desechó la apelación del fiscal Germán Pollicita. Ambas causas tienen por lo visto una estrecha conexión. ¿Qué podrá pasar si, en efecto, se corrobora el dicta- men de homicidio de Saenz? ¿No podría requerirse la reapertura de la denuncia por encubrimiento terrorista que fue cerrada sin investigación? Bastaría, tal vez, que los familiares de las víctimas de la AMIA lo solicitaran como parte querellante. Pollicita estaría trabajando sobre esa hipótesis. Rafecas rastrea la manera de desprenderse de esa brasa enrojecida. El juez desea otro destino en el ciclo macrista: después de tener anestesiada un año la causa Hotesur, que investiga el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner con una cadena hotelera en El Calafate, se declaró incompetente. No movió un dedo y cedió la responsabilidad a su colega, Julián Ercolini.
Sáenz señaló otro par de cosas al margen del dictamen. Opinó que Cristina podría ser citada a declarar. Pidió la imputación para Diego Lagomarsino, el técnico en informática que dijo que le había prestado a Nisman el arma con la cual murió. Ese especialista sigue siendo una de las piezas enigmáticas en el ajedrez todavía indescifrable que envuelve la tragedia del fiscal.
No sería la única. Hay investigadores privados que vuelven sus ojos sobre otro hecho ocurrido frente al departamento de Puerto Madero un mes después de la tragedia: el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer. Junto a ella se encontró un bidón con restos de combustible y una botella con alcohol. Al episodio se lo consideró una simple casualidad. El poder no fue ajeno para que saliera rápido de la escena. La información oficial consignó que se había tratado de un accidente. Un fallecimiento por electrocución frente a una subestación eléctrica. La empresa Edesur lo desmintió.
Tiempo más tarde, casi como noticia subterránea, otra mujer notificó por las redes sociales que el cadáver pertenecía a su socia en una empresa dedicada también a servicios informáticos. Similar a la especialidad de Lagomarsino. Aquellos investigadores no creen que esté dicha la última palabra.
El dictamen de Sáenz sobre homicidio y la catarata de palabras de Stiuso no sólo tienden a dar un vuelco a la situación. Abrieron además una crisis en un sector del Poder Judicial. Palmaghini declaró su incompetencia por razones inverosímiles –violación de correspondencia, perteneciente al fuero federal– que había rechazado semanas atrás. La jueza temió verse en una encerrona porque se comportó siempre como sostén de la fiscal Fein. La funcionaria que durante un año no pudo comprobar el supuesto suicidio de Nisman. Palmaghini viene arrastrando una antigua mochila: convalidó en 2012 el cierre de la causa por suicidio de Lourdes Di Natale. La ex secretaria de Emir Yoma, empresario, cuñado y ex asesor de Carlos Menem. Esa mujer testimonió en la investigación por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Cayó al vacío desde una ventana de su departamento en circunstancias extrañas. La Corte Suprema ordenó reabrir la investigación del episodio en septiembre del año pasado.
Fein no sólo tuvo la solidaridad de Palmaghini para su labor. Entre disimulos, también contó con la mano de Alejandra Gils Carbó. ¿Por qué aquellos disimulos? Porque la procuradora general nunca se había preocupado por reforzar el equipo de trabajo de la fiscal en un momento crítico como la muerte de Nisman. Fein también había desechado ofrecimientos formales. Varios fiscales que responden a Gils Carbó –sobre todo Carlos Gonella y Juan Pedro Zoni– defendieron a Fein cada vez que los defensores de la viuda de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, solicitaron su separación.
Pero al final no faltó la recompensa. Fein piensa en su jubilación aunque tal vez deba antes rendir ante la Justicia cuentas por su actuación. Pero se acordó de los suyos. Pidió a la Procuración el pase a planta permanente del personal bajo sus órdenes. Con fecha del 23 de diciembre pasado Gils Carbó le dio ese gusto. Dispuso la efectivización de diez de los once empleados de la Fiscalía. Entre ellos del secretario Bernardo Chirichella, cuestionado por Palmaghini antes de partir.
El kirchnerismo guardó silencio frente a la determinación de Sáenz de dictaminar el homicidio de Nisman. Las reacciones conocidas obedecieron a las acusaciones de Stiuso. Es la extensión de una guerra que viene desde que Cristina resolvió disolver la SIDE. Tampoco las réplicas contra el espía brotaron de los personajes más ponderados. Se pudo contar a Oscar Parrilli y a Luis D’Elía. Algunos desde el anonimato rumorearon la hipótesis de que los dichos de Stiuso habrían sido fogoneados por el macrismo. Un disparate: el topo llegó al lugar que llegó empujado por Néstor Kirchner. Para colaborar con Nisman en la causa AMIA y entretenerse acercándole información al ex mandatario sobre la actividad de opositores, empresarios y periodistas.
Aquel paisaje constituye a lo mejor el reflejo de una realidad que sorprendería: hace apenas 86 días que la ex Presidenta dejó el poder pero su sistema político, que aparentaba monolítico, se agrieta con celeridad. De hecho, los ultra K que hostilizaron a Macri en el Congreso resultaron una minoría. Cristina planea su retorno con una oficina céntrica y una agencia propia de noticias. Para reanimar el relato. Se venía mirando con deleite en el espejo de Lula, el ex mandatario brasileño. No sería ahora una emulación oportuna.
El peronismo disintió también con la descripción de la herencia recibida que formuló el Presidente. Pero sólo hasta ahí. Los gobernadores peronistas, como el macrismo, están atentos a la gobernabilidad cuyo mayor desafío consiste ahora en encauzar la economía. De ese encauzamiento dependen también ellos mismos. La posibilidad tendría una primer llave: el acuerdo con los fondos buitre que permitiría al Gobierno acceder a cierta financiación externa. Nadie habla de ningún paraíso.
Para rubricar aquel acuerdo el macrismo requiere de tres leyes antes de mitad de abril. Las derogaciones de la ley cerrojo y de pago soberano y la aceptación de los términos pactados por el ministro Alfonso Prat-Gay en Nueva York. El kirchnerismo anticipó su negativa. Los peronistas buscan tensar la negociación con el Gobierno buceando su interna: no quieren asemejar a palomas frente a la intransigencia K en medio de un proceso de elecciones internas que se concretarán en mayo. El sanjuanino José Luis Gioja, que aspira a la conducción partidaria, timonea la estrategia.
Los peronistas advierten sobre el destino que el macrismo le daría al futuro endeudamiento. Está bien que lo hagan. Omiten que fueron cómplices hasta diciembre de la profundización de un déficit fiscal que trepó hasta el 7% del PBI. También demandan que el nuevo 15% prometido de coparticipación se distribuya en tres años y no en cinco. Por una década aceptaron mansamente la discrecionalidad de los Kirchner con la plata. Salvo San Luis, Córdoba y Santa Fe, que lograron un fallo favorable de la Corte Suprema. Paradojas redundantes de la política argentina.