De rapidez, nada
Aquello de que “la Justicia es lenta pero llega” sigue teniendo validez, pero sólo si se tacha la última parte: a un año y medio de la muerte de Nisman, el magistrado ordenó que se haga una autopsia psicológica para ver en qué estado de ánimo estaba.
El juez Julián Ercolini dispuso ayer completar “en forma urgente” la autopsia psicológica sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman y que había ordenado su colega Fabiana Palmaghini antes que la causa que investiga su muerte pasara al fuero federal.
La decisión de Ercolini se basó en un pedido del fiscal Eduardo Taiano “ante la posibilidad de que el transcurso del tiempo torne deficiente o imposible su realización, resultando por ello un acto procesal irreproducible y definitivo en juicio”.
La medida, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), dispone que sea llevada a cabo por profesionales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación.
La pericia había sido ordenada en marzo por Palmaghini, como complemento del peritaje integrador encargado a expertos de la Gendarmería Nacional y a pedido de los abogados querellantes que representan a las hijas del fiscal a través de su madre, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
El estudio busca establecer cómo se encontraba Nisman psicológicamente en los días y semanas previas a su muerte, ocurrida el 18 de enero del año pasado, cuando su cadáver fue hallado con un balazo en la cabeza en el departamento de Puerto Madero en el que vivía.
La urgencia de Ercolini obedece a que los especialistas indican que una pericia de este tipo debe ser efectuada seis meses después del fallecimiento pero no más de 18 meses después del mismo, por cuanto las percepciones de los entrevistados pueden variar. Los 18 meses se cumplen en julio.
La causa pasó al fuero federal a pedido de la querella de la familia, que cree que la muerte de Nisman está relacionada con su trabajo como fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA y porque su muerte se produjo cuatro días después que denunciara a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a los iraníes acusados por el ataque terrorista.