La UIF pidió inhibir las cuentas y bienes de 28 firmas de Báez
El organismo antilavado solicitó al juez Casanello que congele activos de empresas suyas, de Pérez Gadín y de Chueco
La Unidad de Información Financiera ( UIF) le pidió al juez Sebastián Casanello que congele las cuentas bancarias de casi 30 empresas del empresario Lázaro Báez y de sus allegados luego de los allanamientos realizados en el Sur, donde se detectaron 150 propiedades nuevas. Según pudo saber Clarín, el organismo anti lavado también solicitó que se decrete la inhibición general de bienes para esas mismas empresas, en el marco de la causa conocida como la ruta del dinero K.
La presentación de la UIF, querellante en ese expediente, menciona un total de 28 empresas, entre las que se destacan la financiera Invernes –que funcionaba en el porteño pasaje Carabelas–, el club Boca Juniors de Río Gallegos, la constructora Kank & Costilla y una con- cesionaria de autos. También hay empresas de Daniel Pérez Gadin, el cerebro financiero de Báez, y del abogado Jorge Chueco, inspirador jurídico del empresario K.
Hace un mes, cuando procesó a Báez, a su hijo Martin y a otros imputados, Casanello ya había aplicado embargos individuales de 100 millones de pesos. En ese momento, también ordenó el secuestro y embargo de los bienes de la firma “Top Air”. Ahora la UIF propone avanzar sobre las empresas, lo que ya abrió un debate entre los investigadores. “La inhibición de las cuentas de las empresas es una jugada arriesgada porque puede paralizar el desarrollo de las mismas y perjudicar a los empleados”, advirtieron en Tribunales.
El escrito de la UIF ingresó el martes al juzgado, tal como adelantó ayer Clarin.com, y ahora será girado al fiscal Guillermo Marijuan para que dictamine su posición al respecto.
El organismo antilavado, conducido por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, viene teniendo un rol clave en la causa de la “ruta del dinero K” y en otros expedientes de corrupción y de narcotráfico. A su vez, las nuevas autoridades buscan imprimirle una nueva dinámica al organismo, tras la salida de José Sbatella. “No queremos que los jueces nos pidan ROS (reportes de operaciones sospechosas) de manera indiscriminada. Vamos a trabajar en informes de análisis sobre esos datos para proteger a nuestras fuentes que son los bancos”, dicen en el organismo antilavado. La nueva etapa está marcada por el intercambio de información con otros organismos similares de la región, y especialmente de Estados Unidos.
Las inhibiciones y los embargos son claves para un eventual recupero del dinero, un mensaje que llega desde el Gobierno y comenzó a tener eco entre jueces y fiscales. En la ruta del dinero K, la Justicia ya tiene en su poder informes sobre la tasación de los 47 inmuebles que figuraban a nombre de Báez y sus empresas antes de los allanamientos en el Sur. Hasta ahora, los expertos hablan de 60 millones de dólares. Es una cifra preliminar. Incluye, parcialmente, las 150 propiedades que descubrió el fiscal Marijuan cuando el mes pasado fue al Registro de la Propiedad de Río Gallegos.
Los datos de ese listado están siendo analizados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y los organismos oficiales que participaron de los procedimientos en Santa Cruz. “Son 150 propiedades pero no necesariamente corresponden a la misma cantidad inmuebles, porque hay lotes que se pueden haber unificado en un casa”, explicó una fuente de la investigación.
Al número final hay que sumarle otras propiedades que surgieron en los últimos días, como los terrenos en el country Aires del Pilar (a nombre de Badial SA) y dos departamentos del moderno edificio Olivos One, ubicado en la localidad bonaerense de Olivos. Las pruebas sobre esos últimos aparecieron en el galpón donde se acumulan unas 300 cajas con la documentación de la causa Hotesur.