La inmunidad no significa impunidad
La candidez con que se ha previsto el desarrollo de las providencias judiciales parece concebido para ángeles, no mortales
Reactualiza la inconstitucional ley 25320 el hecho de que un juez que investiga conductas delictivas atribuidas a un ex ministro se haya visto impedido de allanar el domicilio del ex funcionario que ahora es legislador, porque el mismo se amparó en ese instrumento que impide la medida en la casa de un integrante del Congreso.
La referida ley consagra la prohibición que tiene la judicatura para allanar el domicilio, las oficinas, interceptar correspondencia o comunicaciones telefónicas de un legislador si no cuenta con la anuencia de la respectiva Cámara.
Cuando un tribunal adopta determinaciones de ese tipo, es porque está interesado en arrimar elementos probatorios para confirmar o desmentir los hechos que se incriminan a un legislador.
Sin embargo, la utilidad investigativa decae cuando de legisladores se trata. Depende de lo que podría reputarse como el “ingenuo” proceder de un diputado o senador, quien luego de autorizar se le allane el domicilio, sus oficinas o la intercepción de sus comunicaciones –porque él forma parte de la Cámara que debe permitir las medidas de investigación solicitadas por el juez- mantiene en su domicilio o despacho elementos comprometedores en relación al hecho que se investiga, al tiempo que manda y recibe correspondencia y comunicaciones telefónicas fidedignas a sabiendas que su contenido se está grabando o examinando por agentes judiciales para incriminarlo.
El marco de candidez con que se ha previsto el desarrollo de esas providencias judiciales parece concebido para practicarse respecto de ángeles, no de mortales. La inconstitucionalidad alojada en la disposición contraría, como mínimo, los principios de razonabilidad e igualdad, arts. 28 y 16 de la Constitución.
La cobertura que la Constitución ha previsto para el legislador está orientada a la protección de su persona para el ejercicio de sus funciones, no la de sus bienes u objetos personales. La voluntad del constituyente fue que la suerte de los bienes y otros enseres que hacen a la intimidad de un representante se rige por el artículo 18 de la Constitución, en cuanto dispone que respecto de la correspondencia y los papeles privados una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. La correcta interpretación de las inmunidades parlamentarias conduce a que esos lugares no están alcanzados por ventaja alguna y pueden ser objeto de medidas de compulsión como las de cualquier persona.
Por lo demás, ese tipo de regulaciones es exclusivo patrimonio del poder constituyente, por lo que el Congreso al establecerlas carecía de competencia, como lo hizo al crear nuevas prerrogativas a través de una ley ordinaria. Las inmunidades no son un escudo para alentar la impunidad.