Echan a 132 oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense
Pasarán a disponibilidad y a retiro a 132 agentes. Además, los responsables de las alcaidías quedarán 90 días a prueba. Y reformarán el Estatuto del Personal, vigente desde 1980.
Lo decidió la gobernadora Vidal. Un ex fiscal federal quedará al frente de las cárceles de la Provincia durante 90 días. Es por el desmanejo del sistema y las fuertes denuncias de corrupción. En los penales hay 35.000 presos pero sólo tienen capacidad para 28.000.
Desde hoy el Ministerio de Justicia de la Provincia desembarcará de lleno en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y lo intervendrá virtualmente durante 90 días. Para eso removerá a 132 agentes que integran la cúpula de la Fuerza, entre ellos su actual titular, Fernando Díaz, quien será reemplazado por un civil, el ex fiscal federal de La Pampa Juan Baric. También buscará modificar, vía una ley, el Estatuto del Personal, vigente desde la dictadura, y reestructurar la formación de los integrantes de la institución.
La medida apunta a combatir la corrupción y la crisis en el sistema penitenciario. El diagnóstico oficial es alarmante: hay casi 35.000 detenidos en 28.000 plazas disponibles y cada año se suman 1.600 presos.
Cuando se confirmó la imputación de Díaz por parte del juez federal de Salta, Antonio Medina, y luego de que la Comisión Provincial de la Memora (CPM) pidiera formalmente su renuncia al cargo, el cambio de mando en el SPB parecía inminente. Pero la reestructuración aparenta ser mucho más profunda: también pasarán a disponibilidad y retiro a 132 agentes que ocupan distintos cargos jerárquicos.
“Muchos de ellos ya tenían la edad para jubilarse y llevaban más de 30 años ocupando el mismo puesto”, explicaron las fuentes a Clarín.
Baric, actual subsecretario de Política Penitenciaria (ver El próximo....), es desde hoy el nuevo jefe del SPB. Junto a dos nuevos organismos de control, auditará y evaluará a todos los integrantes de la Fuerza. Para eso crearon dos unidades: una encargada de la Evaluación de Desempeño, a cargo de Fernando Manzanares (subsecretario de Control Penitenciario y Gestión Institucional) y otra de Auditoría y Control de Gestión, a cargo de Fernando Rosas (asesor del Ministerio de Justicia).
“Es una reforma integral. No solamente separamos al jefe del Servicio, sino también a los cinco directores y cinco subdirectores de las áreas que están debajo. Y estamos poniendo a todos en período de prueba”, indicó el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
Durante los próximos 90 días evaluarán a los miembros del SPB, incluidos los jefes de las 55 unidades carcelarias. “En rigor, quienes están a cargo del Servicio Penitenciario son integrantes del Ministerio de Justicia”, aclaró el funcionario.
Por el momento no designarán a las personas que quedarán a cargo pasada la intervención ministerial, pero ya han sido preseleccionadas. Son de la Fuerza y, advierten, en es--
tos tres meses deberán comprobar si pueden o no cumplir con el cargo. “Este control y monitoreo permanecerá y será continuo, una vez que termine esta etapa seguiremos realizándolos, incluso con visitas sorpresa en penales”, aseguran.
“Esta reforma expresa nuestra decisión política de pelear las mafias en todos los sectores. Plantea un enfoque amplio de la seguridad y de los Derechos Humanos, tiene un costado profundamente social: el objetivo es que quien sale de la cárcel no vuelva al delito. Y hacemos esto también pensando en las víctimas”, dijo Vidal.
Otra pata de la reestructuración será la modificación del Estatuto del Personal Penitenciario, vigente desde 1980. Entre otras cosas, el proyecto de ley que el Ejecutivo enviará a la Legislatura propone crear concursos abiertos para la incorporación al SPB o para ascensos, paridad de género en el acceso a cargos directivos, que los aspirantes tengan título secundario o universitario, para acceder a cargos especiales.
“El proyecto debe atravesar procesos formales. No creemos que los tiempos legislativos alcancen para votarlo este año, pero soy optimista en que las otras fuerzas realizarán buenos aportes y que el año que viene podremos ponerlo en vigencia”, destacó la gobernadora.
El fin principal de la modificación del estatuto es crear un “escalafón específico para la Asistencia y Tratamiento” para que haya personal destinado a tareas administrativas y otro dedicado a tareas de seguridad, algo similar a lo que pretenden aplicar en la Policía Bonaerense.
La recuperación de los talleres en los penales de la provincia, junto a la modificación del Patronato de los Liberados (que trabaja vinculando a quienes terminan su condena y recuperan la libertad para insertarlos en el mercado), son otras alternativas que plantean modificar pensando en 2017.