Frenan en la Provincia la aplicación de la guía para el aborto no punible
No alcanzó consenso entre los miembros del gabinete y, por ahora, el nuevo protocolo no entrará en vigencia.
El nuevo protocolo para atender casos de abortos no punibles en la
Provincia no se alcanzó a aplicar en el sistema sanitario. Fue establecido por resolución del Ministerio de Salud hace menos de dos semanas y ayer el gobierno bonaerense confirmó que no entrará en vigen
cia. Una combinación de presiones eclesiásticas, “convicciones personales” en funcionarios del gabinete y falta de oportunidad política, congelaron esta adecuación de la práctica de interrupción de embarazos a los dictados de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 12 de octubre pasado, la minis- tra de Salud, Zulma Ortiz, firmó el acto administrativo 2095, que adhería a una normativa de Nación del año 2015, donde se establecían los pasos a seguir en hospitales y clínicas privadas, para asistir a mujeres que podían abortar amparadas por el Código Penal y el nuevo Código Civil. Esa disposición de alcance nacional –ya adhirieron Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego– habilita a interrumpir la gestación a mujeres violadas y en los casos en que esté en serio ries- go la vida de la madre. Un fallo de la Corte había ordenado “no judicializar” estos episodios y solicitaba a los entes sanitarios “garantizar una práctica segura y de calidad”. Hacia allí apuntaba la resolución del ministerio bonaerense.
Pero ayer, fuentes del Gobierno de María Eugenia Vidal admitieron a Clarín que “la Provincia tiene un protocolo vigente” y que “dada la complejidad del tema, se requiere la intervención de otras áreas con competencia y por eso se trabaja en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo documento”.
Detrás de estas formalidades, los voceros admiten que la reglamentación se “congeló” cuando llegó al despacho de Julio Conte Grand, el secretario Legal y Técnico provincial, de reconocidos vínculos con el Opus Dei. Se requiere su firma para que una disposición se publique en el Boletín Oficial y comience a tener vigencia. Antes, otro integrante del gabinete, Joaquín de La Torre, con raíces peronistas, se había pronunciado en contra de la disposición. La postura del actual ministro de Producción provincial es histórica. Su
padre, Ricardo de La Torre, actuó como abogado para impedir que una joven con síndrome de Down accediera a un aborto, en un caso que llegó hasta la Suprema Corte bonaerense.
La decisión de frenar esta medida tuvo repercusión inmediata
en sectores de la oposición. La senadora del Frente para la Victoria Mónica Macha aseguró que “deja sin protección a miles de mujeres”. Y el legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Guillermo Kane, coincidió al en que la determinación “pone en riesgo la vida de miles de mujeres”. Kane explicó que “hay unas 600 muertes por abortos clandestinos por año en nuestro país”.
Hasta anoche, en el Ministerio de Salud no hubo pronunciamientos públicos. Y tampoco dieron explicaciones de manera informal. Cuando se conoció la medida, fue aplaudida por organismos internacionales de derechos humanos. Amnesty Internacional difundió un comunicado que avalaba la resolución bonaerense de sumarse a las otras ocho provincias que ya habían adherido al protocolo de Nación.