Las pruebas de la farsa que montó la Policía para ocultar sus culpas
Los otros responsables. La Federal armó la causa para tapar un caso de “gatillo fácil”. La Justicia fue cómplice.
Fernanda Gabriela Silva (31), su hijito, Gastón Di Lollio (6), y Edith Custodio (41) son las tres víctimas que ayer se quedaron sin justicia. Once años después, sus familiares se encontraron con que sus muertes no fueron provocadas por nadie: la Corte dijo que tiene dudas sobre si fue culpa de Fernando Carrera y lo absolvió. El caso quedó impune.
Pero no debería. Porque más allá del rol de Carrera, hay al menos 8 oficiales de la Federal que cometieron un brutal acto
de “gatillo fácil”: dispararon en plena vía pública contra un sospechoso que huía, en un intento de ejecución sumaria con el que además pusieron en riesgo a todas las personas que se les cruzaron por adelante. Como consecuencia de sus actos, tres de ellas terminaron muertas.
Sin embargo, no hay un sólo agente que haya sido imputado en estos once años. Para salvarse –y esto está demostrado– los policías inventaron evidencias contra Carrera, algo que incluso impidió saber si realmente tenía algo que ver con el asalto previo a la persecución. Armaron una causa. Y nadie se los cuestionó.
Ante la Justicia, aseguraron que Carrera les había disparado desde el auto que conducía, pero el único testigo que presentaron para probarlo –el peluquero del barrio, Rubén Maugeri– resultó ser presidente de la Asociación de Amigos de la comisaría 34° y tan cercano al jefe de la seccional involucrada, Daniel Villar, que hasta le prestaba su propio coche cuando el oficial lo necesitaba. Afirmaron que no había forma de que el acusado los hubiera confundido a ellos con asaltantes –el motivo que dio Carrera para justificar su huida– porque llevaban encendidas las sirenas portátiles sobre sus móviles no identificables, aunque nadie las escuchó. Sostuvieron que no le dispararon al auto fugitivo hasta que éste se detuvo, a pesar de que el coche tenía dos balazos hechos desde atrás. Escribieron en el sumario que el Peugeot del acusado tenía colocada una patente retráctil como la descripta por las víctimas del asalto, pero no pudieron explicar por qué el primer peritaje policial no la había detectado. Nunca justificaron por qué al menos uno de los oficiales involucrados usó una pistola propia —algo prohibido— con balas de punta hueca —también ilegales—, que causan mayor daño que las reglamentarias. Tampoco dieron el motivo por el cual no le hicieron a Carrera un dermotest (prueba que detecta pólvora en las manos), para confirmar si disparó. Ni fundamentaron cómo hallaron un arma –
¿plantada?– en el auto del acusado. Pero los funcionarios de la Federal tuvieron cómplices. Hasta ayer, la Justicia –un juez de Instrucción, un fiscal de primera instancia, uno de juicio y un tribunal oral, además de la Casación– convalidó todas las actuaciones policiales sin cuestionar una coma. Es hora de que den respuestas.