Un abanico de críticas para un decreto de Macri

n el contexto de corrupción, evasión (que cuando tiene visto bueno de las autoridades es también corrupción), sobreprecios, obras pensadas para no ser terminadas y falta de transparencia, el decreto de Macri permitiendo a los familiares de vínculo directo con funcionarios entrar en el blanqueo en marcha es, desde la

ética, una marcha atrás. Y un regalo para políticos que ahora tienen el asombro fácil que no tuvieron cuando también había que tenerlo.

De inmediato, desde la oposición, saltaron a la garganta presidencial: el decreto tiene un solo destinatario, Franco Macri o alguien de su familia. “El gobierno se llena la boca hablando de corrupción … ¿y ahora hace esto? El Presidente es hijo de un multimillonario que además estuvo acusado de contrabando. Hace falta un poco de decoro”, dijo Felipe Solá, ahora en el massismo. De paso anunció que impulsará una comisión bicameral para investigar a los parientes que se sumen al blanqueo.

Los defectos conducen a los excesos y al revés. Argentina tiene un exceso de blanqueos, moratorias y afines, y una inequidad y desequilibrio impositivo que termina resultando buena excusa para no cumplir. Y a su vez los blanqueos no son para poner en regla a los particulares, sino para recaudación fiscal, siempre escasa ante el exceso de gasto. Con solo ver el tamaño del déficit, se puede entender la avidez recaudatoria. Estamos en un punto en el que el súbito apego a la ley y a la ética resulta sospechoso de hipocresía política o

En la discusión del blanqueo, para apoyarlo la oposición se negó a incluir a los familiares de los funcionarios

o de quejarsesimple oportunismo.de decretos que Aún cambianasí, cómo el no espíritu sospecharde la ley, que trabajosamente se aprobó en el Congreso. La exclusión de esa cláusula, que ahora se introduce por decreto, fue una de las llaves para juntar la mayoría legislativa. Inclusive, se sostiene, se discutió por teléfono entre el Presidente y Sergio Massa, durante el tratamiento legislativo. Por eso, la reintroducción de esta cuestión provoca una reacción opositora y, aún, en las propias filas de los aliados al PRO. Se abre, entonces, un flanco innecesario, en un momento además inoportuno.

Solá cree que “la gente entiende que este es un gobierno con funcionarios más ricos que lo común”. El estado de sospecha que vive la Argentina, alimentado por muchas razones, se inscribe en esta apelación con mucho de oportunismo. Habría que decir también que funcionarios que entraron “pobres” y salieron ricos, ahora están siendo investigados por la Justicia por esa transformación de su riqueza personal.

La cuestión central es la decencia y la voluntad de servicio público, no el tamaño de la billetera.

El país tiene demasiadas zonas opacas, que persisten y algunas crecen justamente por debajo de apelaciones de circunstancia a la ética, y esa opacidad es la que impregna la actividad política y la convierte en sospechosa. Para combatir la desconfianza, que se traslada a las instituciones, hay que ahorrar gestos que refuercen esa creencia. Por ejemplo: el decreto que comentamos.