El Gobierno pide a la Justicia la caducidad de un reclamo del Grupo Macri por el Correo
Presentó un escrito en la Justicia para solicitar la caducidad de una demanda por daños y perjuicios iniciada por la empresa contra el Estado por $ 2.300 millones. Además, se fijó una nueva audiencia con todas las partes para negociar otro acuerdo.
Presentó un escrito en el que solicita dejar sin efecto la demanda iniciada por la empresa el año pasado por la confiscación de bienes. El reclamo asciende a $ 2.300 millones. Al mismo tiempo, también hizo ante la Cámara una retractación del cuestionado convenio inicial, y se fijó una nueva audiencia el 16 de marzo para negociar otro acuerdo.
A través del principal abogado del Estado, el gobierno de Mauricio Macri dio ayer un giro inesperado en el tema del Correo que atañe a su familia. Junto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, pidió la caducidad de un juicio iniciado por la firma el año pasado contra el Estado por un monto original de $ 2.300 millones pero que con su ampliación y los intereses podría elevar esa cifra a 4 mil o 7 mil millones de pesos.
Se trata de un juicio por los daños y perjuicios que la empresa de la familia presidencial adujo haber sufrido como consecuencia de la rescisión de la concesión del Correo, otorgada en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, pero dada de baja en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
"Caducidad de instancia" es el término técnico que se utiliza en las causas no penales cuando el que inicia el juicio no lo promueve durante seis meses. Eso dijo que pasó el Gobierno, a través de Balbín y Aguad, ya que el último movimiento que para ellos cuenta es del 21 de junio pasado, cuando el Correo debiera haber notificado a la Procuración del Tesoro del inicio de la demanda, pero no lo hizo.
La movida del Gobierno pareciera ir contra los intereses de la familia Macri y, en principio, choca con la estrategia trazada en el concurso de acreedores de la firma. Es decir, buscar una "solución integral" que implique el pago de la concesión que dejó de abonar la firma pero a la vez que sea compensada por la rescisión.
Si cae este juicio, la empresa de la familia presidencial tendría menos argumentos para negociar en el concurso pero a la vez quedaría a las puertas de la quiebra, según evaluaron fuentes judiciales y hasta gubernamentales. Al carecer de activos su único eventual capital era la plata que reclama en compensación al Estado.
"Nunca fuimos de la mano. Al contrario. Nosotros queremos que nos paguen. No les vamos a perdonar nada", dijo una fuente que participa del caso por el lado del Estado ante la pregunta de si había una estrategia consensuada con la firma a partir del acuerdo del año pasado.
El Estado había prestado su conformidad en junio a una propuesta del Correo que implicaba pagar 600 millones en cómodas cuotas y un plazo que se estiraba hasta 2033 por haber dejado de abonar el canon. Pero el escándalo estalló cuando este mes se conoció la oposición de la fiscal Gabriela Boquin, quien calificó al acuerdo como "abusivo" y "perjudicial" para el Estado.
Tal como había anticipado Clarín, el Gobierno se retractó ayer del acuerdo al que había prestado conformidad y le pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una nueva audiencia con todas las partes, incluida la fiscal Boquin, quien no había participado de la del año pasado. Lo mismo había solicitado la firma. La audiencia será el 16 de marzo.
La presentación fue hecha por los abogados del Ministerio de Comunicaciones, que ayer debió responder a una "orden de presentación" que la Gendarmería llevó por disposición del juez federal Ariel Lijo en la causa penal que investiga si hubo delito por el acuerdo de 2016 (ver aparte).
El pedido de caducidad del juicio contencioso habría sido resuelto la semana pasada tras una cumbre de asesores del Gobierno, luego que el Presidente saliera a hablar de retrotraer el problema a "fojas cero".
Lo que nadie dijo ayer es que el pedido incluyó una recusación "sin causa" del juez que llevaba ese juicio contencioso, Pablo Cayssials, y, consecuencia de ello, que se sortee un nuevo magistrado. Una estrategia similar se vio el año pasado con una demanda de la AFIP contra Oil Combustibles, la firma del empresario K Cristóbal López. Se recusó a una jueza sin causa. Lo permite el Código. La diferencia es que Cayssials concursa en el Consejo de la Magistratura para ascender a camarista.
Lo que tampoco nadie contó ayer son los otros tres juicios similares que corren de manera independiente, sin conexidad. Uno es por los servicios postales que la empresa dijo no haber cobrado, otro por la rescisión del contrato y el pase de los bienes al Estado y otro por el decreto que creó el Correo Argentino Sociedad Anónima (CORASA).