Un juez pidió informes al Ministerio de Comunicaciones por el acuerdo
Ariel Lijo solicitó datos sobre el concurso de la empresa. Hubo un operativo con la Gendarmería.
Efectivos de la Gendarmería Nacional se presentaron ayer en el Ministerio de Comunicaciones para requerir información sobre el acuerdo del Estado con la empresa Correo Argentino en el marco de la causa penal llevada adelante por el juez federal Ariel Lijo por este tema.
Tanto esta como otras medidas ordenadas por el juez habían sido solicitadas por el fiscal Juan Pedro Zoni al requerir la instrucción de cuatro denuncias planteadas la semana pasada en Comodoro Py y que terminaron unificadas porque apuntaban a lo mismo: determinar si hubo delito en la conformidad que el Estado prestó al plan de pagos ofrecido por una empresa de la familia presidencial.
La "orden de presentación" que llevaron los gendarmes al ministerio encabezado por Oscar Aguad será respondida en las próximas horas ya que todos los documentos solicitados deben ser fotocopiados, según dijeron fuentes gubernamentales.
De acuerdo con las fuentes, Lijo requirió información sobre los antecedentes que hubiera en el Ministerio sobre el concurso de la empresa de la familia presidencial y también sobre la designación de su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.
Este último funcionario había sido objetado por la fiscal ante la Cá- mara Comercial Gabriela Boquin, quien había dicho que no tenía facultades para aceptar la propuesta de pago de Correo Argentino a sus acreedores. El propio Correo defendió su intervención en un escrito presentado la semana pasada ante la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
El acuerdo fue firmado el 28 de junio pasado pero trascendió a la prensa este mes, luego de conocerse el dictamen de Boquin, firmado el 31 de di- ciembre. A partir de esa noticia se presentaron cuatro denuncias en Comodoro Py, la mayoría de ellas de legisladores o dirigentes opositores.
Zoni imputó al presidente Mauricio Macri, a Aguad y a Mocoroa. Lijo también requirió informes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y del juzgado a cargo de Marta Cirulli. Según dijeron fuentes judiciales al magistrado le interesan las ofertas que se hubieran hecho en el concurso por parte de Correo Ar- gentino a sus acreedores y la posición que en aquellas ocasiones sostuvo el Estado.
Además, el juez penal pidió informes a la Procuración General de la Nación sobe el dictamen de la fiscal Boquin y a los síndicos que intervienen en el concurso. Y solicitó los dictámenes o informes sobre el caso por parte de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
La PTN, a cargo de Carlos Balbín, fue autorizado ayer por la presidenta de la sala B de la Cámara en lo Comercial, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, a consultar el voluminoso expediente a través de los abogados del Estado. El concurso de acreedores de Correo Argentino lleva más de quince años y ya acumula más de 2.400 fojas.
Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti ampliaron ayer en el juzgado de Lijo su denuncia original por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra el Estado. Mientras ello ocurría en Comodoro Py se conocía que Sabbatella era convocado a prestar declaración indagatoria por el juez Claudio Bonadio por la presunta comisión de delito en la aplicación de la ley de Medios durante el gobierno kirchnerista, del que fue titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).