Trump permite más muertes civiles “tolerables” en ataques con drones
Ya lo autorizó en Yemen y en Somalia. Busca dar marcha atrás con las reglas de Obama para evitarlas.
Ya no hace falta vivir en un país en guerra para saltar en mil pedazos por la explosión de una bomba de EE.UU. Gracias a Donald Trump, los ciudadanos de algunas áreas de Yemen que tengan la mala suerte de pasar cerca de un terrorista son, desde enero, víc-
timas tolerables en el programa global estadounidense de asesinatos a distancia.
A pedido del Pentágono, en sus primeros días en la Casa Blanca, el presidente republicano reclasificó algunas partes de Yemen como “áreas con hostilidades en marcha”. De esa forma, ni los militares que manejan los drones desde una habitación ni los superiores que autorizan el bombardeo por teléfono tendrán que romper sus propias leyes para terminar con la vida de transeúntes sobre los que no recae ninguna sospecha de terrorismo.
Funcionarios de Trump que prefirieron mantener el anonimato dije- ron al diario The New York Times que el presidente también está considerando relajar durante 180 días las reglas que evitan la muerte de civiles en algunas partes de Somalia. Según el diario, la suspensión de los límites en Yemen y en Somalia es un ensayo al que seguirá un cambio más amplio, aún en estudio por la Casa Blanca: terminar en todo el mundo, y no sólo en los países en guerra, con las reglas del gobierno de Barack Obama para proteger de los drones a personas no perseguidas por los Estados Unidos.
Antes de Trump también había bombardeos remotos en países no declarados en guerra pero requerían una autorización de alto nivel en la que, según The New York Times, había “casi certeza” de que ningún civil moriría con la explosión. En cambio en un país en guerra (o en un “área con hostilidades en marcha”) los comandantes militares no necesitan el visto bueno de Washington para ordenar al piloto del dron que deje caer la bomba. La declaración de zona de guerra permite además que haya muertos civiles, mientras el ejército de EE.UU. lo considere necesario y proporcional al objetivo militar.
A la vez que despeja obstáculos para aumentar la intervención militar y aumenta el gasto en Defensa (en febrero anunció un incremento de 54.000 millones de dólares), la admi- nistración Trump está reduciendo el presupuesto de la Cancillería y de los programas de cooperación internacional. Según un informe de ayer de la CNN, los cortes previstos representan un 37% de la financiación con que cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional. No se conoce el plazo en que piensan llevar a cabo el ajuste pero de acuerdo con la cadena de televisión, el canciller Rex Tillerson ha pedido que el recorte se logre a lo largo de tres años y no en un sólo ejercicio fiscal.
Tillerson no es el único que pide prudencia. El senador Lindsey Graham está entre los que abogan por más poder blando y menos intervención militar para frenar el terrorismo en el mundo. “Cualquier presupuesto que pasemos con recortes a la partida para Cancillería va a hacer que nunca ganemos esta guerra”, dijo el representante republicano por Carolina del Sur durante una audiencia en el Senado la semana pasada. “De hecho, ISIS va a estar celebrando”, dijo.
De hecho, Obama no impuso las reglas para proteger a los civiles de sus drones por un sentimiento de humanidad compartida sino como una respuesta a los críticos que se quejaban
del efecto contraproducente que tenía la matanza de civiles en la guerra contra el terrorismo.
En una carta al jefe del Pentágono con fecha del 10 de marzo, un grupo de 37 ex funcionarios que trabajaban en la seguridad nacional de EE.UU. invocaron el mismo motivo cuando pidieron a James Mattis que no baje el estándar de la era Obama para evitar daños colaterales. “Incluso si es pequeño el número de muertos o de heridos por accidente, tengan o no autorización legal, pueden provocar retrocesos estratégicos significativos”, escribieron.
Se referían al aumento de la violencia terrorista y a una probable resistencia a seguir colaborando por parte de los países aliados a EE.UU. Entre los firmantes se destacaron John E. McLaughlin, director de la CIA durante el gobierno de George W. Bush; Lisa O. Monaco, asesora de Obama en contraterrorismo; y Matthew G. Olsen, director del Centro Nacional de Antiterrorismo de Obama.