La Justicia de los porteños
Otro paso para la autonomía plena
El 19 de enero, el Presidente y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron cuatro Convenios para la transferencia de la Justicia llamada Nacional en el fuero penal y en las relaciones de consumo, así como del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección de Sociedades Jurídicas, a la Ciudad.
Los fundamentos de dichos Convenios
interjurisdiccionales son de una gran calidad y precisión en materia constitucional y federal, ya que se hacen adecuadas referencias a los artículos 129 de la Ley Suprema de la Nación y a las normas correlativas de la Constitución de la Ciudad, además del objetivo de fortalecimiento del federalismo.
Se ha tratado de un paso decisivo en el cumplimiento del proyecto federal de la Constitución, modernizado y reafirmado en la última reforma de 1994. Allí, analizamos las normas constitucionales sobre la Capital y los distintos gobiernos municipales a lo largo del tiempo. Al fundamentar el art.110 bis propuesto por el despacho mayoritario (actual 129), dijimos que con toda claridad se establecía “el principio de auto
nomía plena en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, y así explicamos la norma:
“En el primer párrafo se determina que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades pro
pias de legislación y jurisdicción. Esto significa que no puede haber otra manera de interpretación que apunte a considerar que este gobierno tendrá esta facultad autonómica. La palabra «autonomía» significa posibilidad de propia legislación, y, por supuesto, que dentro de este concepto hay facultades tanto gubernativas –en este sentido aparece clara la frase que indica que el Jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad– como de legislación y jurisdicción. Este último aspecto hay que correlacionarlo con el párrafo tercero de la norma propuesta, con la idea de un Estatuto Organizativo, que significará el máximo grado posible de autonomía, vinculado con el aspecto institucional. Ese Estatuto será el resultado de una convención local electa por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que tendrá la histórica tarea de establecer los lineamientos del gobierno de dicha ciudad.[...] Las facultades de jurisdicción no significan otra cosa que un Poder
Judicial. Y esto se relaciona también con la Cláusula Transitoria establecida al respecto, fijando que los jueces que hoy pertenecen a la Justicia Nacional de Buenos Aires, dependientes del Estado nacional, pasen a ser jueces de la ciudad. Después distinguíamos el problema de la Ciudad con el de la Capital Federal, al mencionar la Ley de Garantías, y luego avanzamos en precisar co-
mo «ciudad-Estado», a la naturaleza que corresponderá a la Ciudad de Buenos Aires”. Luego, resumíamos los problemas fundamentales de esta “verdadera megalópolis”, que requería una visión metropolitana para el accionar conjunto del Gobierno Federal, de la provincia de Buenos Aires, y de los partidos del Conurbano junto al Gobierno de la ciudad; además de la desconcentración administrativa, de la coparticipación, de la delimitación de competencias con el Gobierno Federal, de la Policía y de la Justicia. Y sosteníamos que la autonomía plena significa “la consolidación de principios republicanos y federales”.
Lamentablemente, al reglamentarse el art. 129 no se respetó ni la letra ni el espíritu del Constituyente. El oficialismo impuso su mayoría en la sanción de la Ley 24.588 pese a las
graves objeciones sobre su constitucionalidad, como fuera sostenido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Reitero en consecuencia que dicha Justicia no fue, no es y no será jamás parte de la Justi
cia Federal, que fue creada para esa materia, completamente distinta de la Justicia ordinaria, que es de competencia de los gobiernos de Provincia y de la Ciudad Autónoma, como resulta evidente e incontrastable. Debe destacarse no sólo el cumplimiento de las Constituciones Federal y de la Ciudad por estos convenios, sino además, la idea de fortalecer el federalismo. En efecto, éste se asienta en sólidas autonomías tanto de las Provincias, como de la CABA, y asimismo, de las autonomías municipales, conforme la descentralización del poder que nos caracteriza luego de la gran reforma constitucional del 94.
Por otra parte, es esencial que la Ciudad asuma plenamente las responsabilidades de su autonomía y que el Presupuesto de la Federación deje de soportar gastos que le corresponden a dicha entidad. Pensar que a más de 22 años de la reforma, el Distrito Federal de Méjico se ha transformado en la Ciudad de Méjico y acaba de sancionar su propia Constitución, siguiendo nuestro diseño federal, de especial relevancia en el derecho comparado.
Y de manera sorprendente aquí se escuchan voces que tratan de impedir esa autonomía plena de la Ciudad, consagrada para profundizar nuestro gran proyecto político, que es la democracia republicana y federal.