Un traspaso que es inconstitucional
En la Constitución Nacional (CN) las provincias crearon el Gobierno federal o nacional y le atribuyeron las competencias necesarias para su desempeño (art. 121). En materia judicial, las provincias reservaron a sus propios jueces la resolución de causas regidas por normas del derecho público (tributario, administrativo, correccional, constitucional) provincial y delegaron en el Gobierno nacional la resolución de las causas judiciales alcanzadas por las leyes del Congreso -jurisdicción federal- con exclusión de algunas específicas (art. 116): los “códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social”, cuya aplicación para la resolución de los litigios queda reservada a la que se denomina jurisdicción “ordinaria”. Esta se distribuye (de acuerdo a determinadas reglas de competencia) entre las provincias y, siempre por
delegación provincial, el Gobierno federal (art. 75.12). La Ciudad de Buenos Aires (CBA) - no es
“ciudad autónoma”, sino un territorio sometido a “un régimen de gobierno autónomo” (art. 129) como todos los municipios del país (art. 123)- es un caso especial. Mientras la regulación del régimen municipal de las provincias queda reservada a cada una de ellas (arts. 5 y 123), el régimen básico de la CBA fue definido por el constituyente de 1994 (arts. 54, 125, 2° párrafo, y 129, sin perjuicio de las referencias hechas en los 75 incs.2, 31; 99 inc. 20).
La CBA es también Capital Federal. Mientras lo sea, el Congreso Nacional es su legislatura en todos aquellos temas no válidamente delegados a la jurisdicción de aquella (arts 75.30, 129 y Disposición Transitoria Séptima; la DT Decimoquinta ya no es vigente). Digo “válidamente”, porque el art. 129 no admite que el Congreso delegue a la CBA el Gobierno federal en ninguna de sus tres ramas (incluyendo el Poder Judicial, por supuesto) sino sólo determinados “intereses”, dice el art. 129, es decir, bienes y servicios; nunca sus “poderes” constitucionales. La Nación no puede renunciar a la jurisdicción judicial que las provincias le delegaron en el art. 75.12 CN.
La CBA se rige por la Constitución Nacional y, como Capital Federal, por la ley de distribución de “intereses” (art. 129 y DT séptima) y la legislación del Congreso Nacional en los ámbitos reservados por la CN y la “ley de intereses”. Subordinado a estas, se encuentra el Estatuto Organizativo previsto por el art. 129 y la demás legislación local en jurisdicción de la CBA. Tal “Estatuto” no es una Constitución, norma que sólo pueden darse para sí las provincias y, por ellas, la Nación (Preámbulo y arts 5, 123 y 129, CN).
Sólo las provincias pueden establecer un Poder Judicial con jurisdicción sobre las causas regidas tanto por la misma legislación provincial (derecho público local) como la legislación nacional de derecho privado (Códigos). El Gobierno de la CBA puede y debe organizar un servicio de justicia destinado a resolver las causas alcanzadas por la legislación de derecho público local, no por los Códigos enumerados en el art. 75.12, ya que la CN no se lo autoriza. La CN, en todos los casos en que ha querido equiparar la situación de las provincias con la de la Ciudad de Buenos Aires, lo ha
hecho expresamente. En un mismo artículo, lo ha hecho para una situación y no para otra. Así, precisamente, dicho art. 125 ha hecho la equiparación con relación a los organismos de seguridad social y no para la celebración de “tratados parciales para fines de administración de justicia”, nada menos. Es que como sólo las provincias juzgan en materia de los Códigos, por ello sólo éstas pueden pactar entre sí acerca de la materia. La Ciudad de Buenos quedó excluida de tal competencia: simplemente porque carece de jurisdicción judicial en materia de derecho común. ¿Olvidó el constituyente de mencionar a la Ciudad de Buenos Aires en los arts. 75.12 y 125, primer párrafo (cuando si la incluyó en segundo)? En un tema importante -justo en los dos casos relativos al Poder Judicial… ¡qué coincidencia!la teoría del olvido no parece seria.
Las razones por las que las provincias no han querido modificar la jurisdicción ordinaria nacional también pueden advertirse a la luz de acontecimientos recientes. Así, el caso del concurso de acreedores del Correo. Sin perjuicio del respeto que merecen los excelentes jueces provinciales y porteños, parece razonable pensar que estos y otras cuestiones trascendentes tienen que estar reservados a la vieja y prestigiosa justicia (en el caso) comercial nacional. Esta depende de todas las provincias (aprobación de la designación por el Senado) como también el Consejo de la Magistratura nacional, con representación del Senado y de Diputados, además de la legislación en materia de procedimientos, legislación orgánica y presupuesto del Poder Judicial . ¿Han renunciado, y de manera implícita, las provincias a todas estas competencias de “garantía federal”?
Si bien ya se han consumado algunos traspasos, lo mal hecho sólo puede servir para
deshacerlo, si se puede, y como experiencia para no volver a repetir errores.