Por ley, se podría reclamar la devolución de la plata de las entradas
Es porque durante el show se violaron al menos cinco artículos de la ley de Defensa del Consumidor. Una asociación evalúa iniciar una presentación colectiva.
La entrada del recital del Indio Solari, que valía 800 pesos y pagaron muchos más de los 155.000 espectadores que se esperaban en Olavarría, avisaba en el reverso: “Usted asume los riesgos inherentes a este tipo de evento”. ¿Es legal? ¿Qué alcance tiene esa cláusula? Ninguna.
Según el artículo 37 de la ley 24.240, se trata lisa y llanamente de una “cláu
sula abusiva”. Limita la responsabilidad del organizador del show por eventuales daños y prejuicios sufridos por el espectador, restringiendo de este modo los derechos del consu-
midor que pagó su entrada.
Pero además hay otros cuatro artículos de la ley de Defensa del Consumidor que los organizadores del show habrían violado y que podrían dar lugar a pedir la devolución del dinero. La asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) ya está evaluando iniciar una presentación colectiva en favor de todos los espectadores damnificados.
En sus artículos 5 y 6, esa ley establece que todo proveedor de un servicio debe brindar condiciones mínimas de seguridad para que la salud o la integridad de los usuarios no corran riesgos. La productora, al pedir el permiso municipal, se comprometió a poner médicos, seguridad, ambulancias, baños químicos y control para 155.000 espectadores, que era el público espe- rado. El hacinamiento alteró las condiciones ofrecidas y sometió a los asistentes a un riesgo potencialmente gra-
ve. Falló el deber del cuidado, según interpreta el experto en derecho del consumidor y profesor universitario
Jorge Surín. De alguna manera, esa falla también la reconoce el cuestionado intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, cuando dijo que “lo que pasó excede cualquier tipo de control, era un malón de gente que venía por las rutas”. Así, hubo una total ausencia de roles de control, porque frente a un evento inédito como el del Indio en una pequeña localidad como Olavarría se tendrían que haber reforzado la seguridad en los accesos, la cantidad de micros para evacuar más rápido y mejor la ciudad y desalentar la llegada de los jóvenes que no tenían entrada. Desde el escenario, el Indio le pedía a la gente que se cuide entre sí, pero los organizadores del show eran los primeros que debían cuidarlos.
Además, el artículo 8 bis de esa misma ley obliga a garantizar un trato y una atención digna. En Olavarría, ninguna de esas condiciones se cumplió. Al permitir que ingrese mucha más gente de lo debido, se puso en serio riesgo a los asistentes y se los sometió a condiciones de hacinamiento claramente indignas.
Además, los organizadores también habrían incumplido el artículo 19, ya que el “servicio” contratado (espectáculo musical) no habría sido brindado en las condiciones pactadas, porque -según algunos testigos- hubo interrupciones en el show, deficiencias en el sonido y desorganización masiva. Se hubiese necesitado, por ejemplo, un puesto sanitario en cada torre de sonido, pantallas laterales más altas y más grandes para que el público pudiese ver mejor, generar más pulmones con vallados y un plan de evacuación más ágil.
La esposa de Javier León, uno de los dos hombres que murieron el sábado en el recital, afirmó que ese día dejaron su auto a 24 cuadras de La Colmena y junto con su marido y su hijo de 16 años caminaron todo ese trayecto para entrar al show. No pasaron ningún control ni nadie les pidió las entradas.
Para tres asociaciones de consumidores consultadas por Clarín -UCU, Adecua y Adelco-, cualquier espectador tendría respaldo legal para pedir el reintegro de la plata de la entrada, el costo del viaje y los gastos extra derivados de haber ido a una ciudad que no estaba preparada para recibir a “un malón de gente”, como graficó el intendente. Según cálculos extraoficiales, se habrían recaudado 10 millones de dólares en entradas.
Hoy, 15 de marzo, en todo el mundo se celebra el Día del Consumidor. Un buen día para repasar los derechos básicos de la ley que se aprobó en 1993 y que todavía cuesta hacer cumplir.