Macri firma los decretos y la “fiebre de transparencia” llega al Congreso Fijan regulaciones por conflictos de interés que involucran al Poder Ejecutivo. La pelea en el Parlamento.
Después de varias idas y vueltas, Mauricio Macri tiene a la firma los dos decretos que fijan regulaciones
para los conflictos de interés que involucren al Presidente y vice, los funcionarios, sus familiares y amistades. Serían publicados el martes próximo en el Boletín Oficial, según fuentes
gubernamentales. Pero la “fiebre de la transparencia”, transversal a las distintas fuerzas políticas, quedó instalada también en el Parlamento, con varios proyectos vinculados con el conflicto de intereses y la intención
opositora de poner a la Oficina Anticorrupción bajo la órbita del Congre
so, en lugar del Ejecutivo. Con el dato de que el martes ya estarán vigentes los decretos, los diputados Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque Cambiemos, y la radical bonaerense Karina Banfi, presentaron una iniciativa que busca ser complementaria a esos decretos y a la actual ley de Ética Pública, y que extiende la cuestión a los otros poderes, el Judicial y el Legislativo.
La UCR quedó sensibilizada por el controvertido acuerdo del Gobierno con Correo Argentino SA del Grupo Macri. Y luego llegaría la polémica por la concesión de rutas aéreas a Avianca, que venía de comprar la aerolínea Mac Air, también de Franco Macri y que ya prestaba servicios de flota presidencial. Los ecos del Correo llegaron a la cumbre radical de febrero de Villa Giardino, donde a puertas cerradas los popes partidarios se propusieron “mantener alta la bandera de la transparencia y no
dejarle todo a Elisa Carrió”, además de “recuperar iniciativa” en un tema que machaca la oposición, contaron fuentes partidarias. El proyecto al hacer extensiva la cuestión a los tres poderes busca aligerar la carga sobre los conflictos de los funcionarios. Aunque el texto fue consultado con la OA, que encabeza la macrista Laura Alonso, se admiten ciertos “ruidos” con el PRO: se contempla el conflicto de interés “cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados”. La polémica con el macrismo por el tema de los parientes -y el famoso primo Angelo Calcaterra, mariscal de la construcción-viene de la ley de blanqueo, que excluyó a los familiares pero luego Macri firmó un polémico DNU que les permitió ingresar al “sinceramiento fiscal”.
En Diputados hay otros proyectos, de Margarita Stolbizer, de la kirchne- rista Diana Conti y del democristiano y aliado massista, Juan Brügge. Y en el Senado, del radical Julio Cobos. Stolbizer propone reformar la ley
de Etica Pública, criticó que el Gobierno quiera avanzar en el conflicto de intereses por decreto y que la OA no tiene “autonomía” para entender en la cuestión. Brügge acaba de presentar un proyecto para crear una Comisión Nacional de Etica Pública bajo la órbita del Congreso, que absorba la estructura y funciones de la OA. Ya en abril de 2016, con críticas a Alonso por su rol de “defensa del Presidente” ante el caso de los Panamá Papers, Conti propuso reubicar la OA lejos de la influencia del Ejecutivo, con independencia funcional y económica. Cambios en los tiempos: cuando fue gobierno el kirchnerismo inactivó la OA, o peor, desde allí “se ayudaba a dibujar las declaracio
nes juradas de los funcionarios” denunció en 2015 su ex titular, el radical Manuel Garrido.
Por su parte, Cobos cuestionó el camino de los decretos. El senador quiere regulación por ley. Propuso incorporar controles que alcancen a Presidente y vice y a todos los abarcados en la ley de Ética Pública.