Piden enviar a juicio oral a Jaime por la compra de trenes chatarra
“Un grupo de personas que, a caballo de la necesidad de refundar el servicio de trenes, tomó por asalto el presupuesto estatal” en un modus operandi que tuvo “múltiples consecuencias”, como la “subsistencia de un servicio de trenes en pésimo estado” y “una más y muy cruel: la tragedia de
Once”. Con esos duros términos, resumidos como un “saqueo al Estado”, el fiscal federal Federico Delgado cerró la investigación contra el el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su supuesto testaferro, Manuel Vázquez, por la multimillonaria compra de vagones y repuestos para el ferrocarril Belgrano a España y Portugal entre 2005 y 2007, que resultaron inservibles.
En esta causa, el juez federal Julián Ercolini también procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido, pero la Cámara Federal porteña aún no confirmó esta decisión, por lo cual será enviado a juicio junto a otros ex funcionarios kirchneristas en una segunda etapa, si el Tribunal de Apelaciones deja firme la decisión del magistrado.
Pese a ello, Delgado advirtió que, sin De Vido y los ex funcionarios, “no se podría comprender la maniobra”. Jaime, Váquez y otros dos procesados para quienes sí se pidió juicio -Ricardo Testuri e Ignacio Soba Rojo- “pensaron una estafa y la ejecutaron”, escribió el fiscal. “Armaron un escenario para generar pagos ilegales des-
de el Estado Nacional. En este caso, a través de la adquisición de material rodante en mal estado”, evaluó Delgado en el dictamen que ahora deberá analizar el juez Ercolini.
“Además, hubo coimas a través de un pacto ilegal, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes - excedidos de los precios de
mercado entre 117 y 171 por ciento- a empresas amigas en concepto de asesoramiento técnico, que en realidad, ocultaban sobornos”, agregó.
El fiscal también pidió a Ercolini que encomiende a la Procuración General del Tesoro disponer eventuales acciones legales para la recuperación
del dinero por parte de los imputa- dos y de las empresas que firmaron contratos.
Ayer hubo otra mala noticia para Jaime: el juez federal Marcelo Martínez de Giorigi le pidió al secretario General de la Presidencia, Fernándo de Andreis, un informe sobre toda la obra pública que hubiera sido adjudicada a la empresa brasileña Odebrecht, tanto en forma particular o como parte de una unión de empresas, en el marco de una causa en la que se investiga si Odebrecht pagó sobornos a funcionarios públicos argentinos -como el detenido ex secretario de Transporte kirchnerista- para ganar licitaciones de obras públicas locales.
El caso está enfocado en el otrora asesor de Jaime-hoy también detenido- Manuel Vázquez, quien habría recibido los pagos de las coimas del gigante brasileño de la construcción a través de la firma Controles y Auditorias Especiales SA (CAESA), relacionadas con la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento. Esta causa se inició con una denuncia de Graciela Ocaña.