Preocupación por el futuro de documentos históricos
Una norma autoriza la destrucción de archivos en papel tras su digitalización. Ya se estudia una corrección.
Una resolución administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación y un edicto del Archivo General del Poder Judicial nacional encendieron el alerta de historiadores y archivistas: con la digitalización de expedientes y documentos, se autoriza la “despapelización” (destrucción) de materiales producidos por los distintos organismos del Poder Ejecutivo y la Justicia. La norma del área a cargo del ministro Andrés Ibarra añade un elemento aún más polémico: vencidos los plazos de guarda (diferentes para cada repartición), la autorización para “depurar” los archivos en papel quedará a cargo de funcionarios con rango de director general o nacional. O sea, coloca la decisión fuera del Archivo General de la Nación (AGN), que resguarda para “la eternidad”.
Por la lentitud de la burocracia administrativa que, tanto produce toneladas de documentos en papel como demora la aplicación de las normas, el Poder Ejecutivo no puso en marcha aún la resolución 44/16 de Modernización. Sin embargo, en el ámbito judicial -que cuando se lo propone marcha a paso redoblado- sí se comenzaron a destruir expedientes judiciales correspondientes a juzgados nacionales de primera instancia de instrucción. Son expedientes del período 1942-1982. Anoche, fuentes de Modernización confirmaron a Clarín que, junto con el AGN, el ministerio “ya está estudiando una corrección de la resolución 44/16” y la conformación de un grupo de trabajo para definir cómo manejar ese pasado documental. Subrayaron que no existe “intención de destruir nada, sino de agilizar la gestión pública”.
La reacción de historiadores y archivistas se materializó en un petitorio “de resguardo del patrimonio histórico nacional” que ya reunió más de 10.000 adhesiones, según contó a Clarín Marcela Ternavasio, presidenta de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. El petitorio no se queda en la preo- cupación expresada sino que avanza pidiendo la formación de una comisión de trabajo que se integre con gente idónea en la actividad archivística e historiográfica.
Conforme las fuentes con las que habló Clarín, la prisa por resolver el entuerto radica, sobre todo, en que Modernización firmó la polémica resolución 44/16 pensando en el futuro, pero sin tomar en cuenta el stock del pasado. Y, además, sin considerar la formación de los directores generales que, una vez digitalizada la documentación, tendrían en sus manos la decisión de destruir o conservar. Es un punto central, pero también para evitar destrucción “intencionada” de una gestión a otra, añadieron.
El AGN resguarda hoy el equivalente a un viaje del centro de Buenos Aires a Vicente López: poco más o poco menos de 16 km de expedientes, documentos y papeles administrativos. Para comprender la medida hay que imaginarlos pegados uno junto a otro hasta completar el tramo.
Sólo en el Poder Ejecutivo podrían existir más de 80 km: el equivalente a un viaje entre Chascomús y Dolores de documentación que aún no tiene el sello de “histórico” (para ello tienen que pasar 30 años) y que el AGN no está en condiciones de recibir, por falta de capacidad de almacenamiento y de catalogación.
La decisión de modernizar el Estado, asumida por el presidente Macri, incorpora expedientes electrónicos, firma digital y pone en marcha un sistema de gestión documental electrónico. Como explicó el director general del AGN, Emilio Perina , “todo esto es deseable para un país que pretende eliminar la desidia y la corrupción en las distintas instancias administrativas y para un gobierno que trata de aplicar transparencia en la gestión, al punto que ha promulgado la ley de acceso a la información pública”.
En este sentido, el debate está dado por la obsolescencia de los soportes digitales. Por ahora, tienen una sobrevida de diez años, aunque en Europa ya se prueban soportes de hasta cincuenta años. Como restos arqueológicos de tecnología obsoleta están el diskette, el CD Rom, el DVD y el cassette. El decreto 1131/16 del presidente Macri prevé que, cualquiera sea el soporte de archivo, los documentos digitalizados tienen que tener un resguardo y ser accesibles para su consulta pública.
Por el lado de la justicia fue difícil dar con fuentes que explicaran la destrucción de expedientes. En un país donde la judicialización de las gestiones políticas es noticia diaria, la alarma es mayor. El AGN no tiene injerencia ni en el ámbito judicial ni en el legislativo, que operan con sus propios archivos: de “general” y “nacional”, sólo tiene el título.
La doctora Ternavasio confirmó que, además de solicitarse sendas audiencias con Modernización y con el Poder Judicial, el petitorio de los historiadores consiguió que ayer la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat -vinculado a la organización kirchnerista Justicia Legítima-interviniera para pedir a la Corte Suprema que “frene la eliminación de expedientes y modifique a través de una acordada la legislación del Archivo del Poder Judicial”.
Las fuentes detallan que entre los documentos sin catalogar puede haber tesoros. Pero que hoy no lo sabemos porque sin gente adecuada para preservarlos, se los comen las ratas. Además del interés histórico, hoy los archivos tienen una segunda vida, que incluye el interés de médicos y sociólogos, entre otros.