Analizan sumar la nueva denuncia al pedido de juicio político contra Gils Carbó
El Colegio de Abogados analiza sumar el caso al pedido de juicio político en su contra. Se complica su situación.
La procuradora es investigada por el fiscal Rívolo, sospechada de haber beneficiado a su ex marido con el cobro de una millonaria comisión inmobiliaria. El Colegio de Abogados estudia agregar la denuncia a un eventual juicio político en el Congreso.
La investigación preliminar en Comodoro Py sobre un presunto delito en la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación en 2013, informada ayer por Clarín, podría complicar la situación de la titular de esa institución, Alejandra Gils Carbó, no sólo ante la Justicia penal sino en los pedidos de juicio político que pesan sobre ella en el Congreso.
Es que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), presidido por Guillermo Lipera, podría incorporar este caso a las cuatro causales ya alegadas ante el Congreso para destituir a la jefa de todos los fiscales designada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2012.
"Verificaremos la información y, de ser cierta, la analizaremos en el Colegio para determinar si merece ser comunicada al Congreso para enriquecer nuestro pedido de juicio político", expresó Lipera a Clarín. El CACBA promueve el enjuiciamiento de la procuradora y en una campaña llevada a cabo a través del sitio change.org.ar ya han reunido más de 76 mil firmas.
Otro abogado que pidió el juicio político de la procuradora en el Congreso, Ricardo Monner Sans, también se presentará en la Cámara de Diputados, quizás hoy mismo, para pedir que se amplíe su denuncia en base a los nuevos hechos conocidos ayer.
De acuerdo con lo publicado ayer por Clarín, Gils Carbó habría beneficiado a una firma vinculada a su ex esposo, Héctor Gustavo Alonso, a través del pago de una comisión encubierta que quintuplica el promedio para este tipo de operaciones. Como la procuradora había desistido de una anterior compra para evitar el pago de comisión, en la compra de este edificio, ubicado en Perón 667, la firma vendedora, Alfinsa S.A., pagó a Jaureguiberry casi 4 millones de dólares en ese concepto y supuestamente por ambas partes. Ese monto se correspondería con el 18% de la operación cuando lo normal es que se destinen a ese rubro entre 3 y 5 puntos de la transacción entre ambas partes.
El edificio de Perón 667 funcionan varias de las procuradurías creadas durante la gestión de Gils Carbó, como la de Criminalidad Econóomica y Lavado de Activos (Procelac), la de Narcocriminalidad y la de Violencia Institucional (Procuvin). Gils Carbó tiene sus oficinas a dos cuadras, en Avenida de Mayo 760. El edificio se compró a $ 54.050.000 y la comisión pagada por Alfinsa fue $ 8.109.000, equivalentes a casi 4 millones de dólares al cambio de ese momento. La denuncia es analizada por el fiscal federal Carlos Rivolo en una investigación preliminar llevada adelante en los tribunales de Comodoro Py.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, sorprendió al sostener que el juicio político no sería la vía adecuada para separar a Gils Carbó de su cargo aunque sí expresó que el tema debe ser resuelto en el Congreso.
"Yo creo que el juicio político no es la forma de remoción porque es una
La Procuradora habría beneficiado a una firma vinculada a su ex esposo, Héctor Alonso.
ley de algún modo inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente", expresó en una entrevista publicada ayer por el diario El Tribuno, de Salta.
"En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo, pero más allá de eso está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público”, explicó Garavano.
Para el ministro de Justicia, "el hecho de que se respeten las instituciones más allá de las críticas profundas que tenemos hacia la Procuradora no es una debilidad sino una fortaleza del Gobierno".