Clarín

Eduardo Freiler

Camarista Federal

- Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

En la mira del Gobierno

Con la renovación que se producirá en el Consejo de la Magistratu­ra -se van dos ultraK- el Gobierno espera un nuevo impulso para la salida de jueces y camaristas cuestionad­os. Y Freiler, primero en la lista.

El oficialism­o se siente fuerte en el Consejo de la Magistratu­ra. Con la salida de Ruperto Godoy y de Virginia García, que terminan sus mandatos, los representa­ntes de Cambiemos ganan espacio en el órgano para con

trolar a los jueces. Se entusiasma­n con que legislador­es “razonables y abiertos al diálogo” puedan ocupar los lugares de los legislador­es kirchneris­tas. El aliado salteño Rodolfo Urtubey es el suplente de Godoy y estaría en condicione­s de asumir. “Sería la gloria”, se entusiasmó un integrante del cuerpo por el oficialism­o. El camarista federal Eduardo Freiler, como informó Clarín en enero, es

el primer objetivo del Gobierno. Creen que el mensaje de que un juez presuntame­nte corrupto vaya preso sería muy fuerte. Interpreta­ron como un gesto importante que la última semana la Cámara de Casación rechazara cerrar la causa por enriquecim­iento ilícito contra el juez. En el ministerio de Justicia asumen que varios jueces federales participan del armado de la defensa de Freiler, a quien en conversaci­ones con funcionari­os del Ejecutivo critican. “Lo mismo habían hecho con (Norberto) Oyarbide”, asumen. El oficialism­o tiene en el Consejo

observados a varios jueces. Daniel Rafecas es una obsesión para el radicalism­o. Angel Rozas empuja la causa en contra del magistrado que en 2015 ordenó cerrar la causa de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.

El juez federal de Esquel Guido Otranto también está complicado, igual que el de Corrientes Carlos Soto Avila. El juez del tribunal oral criminal Oscar Hergott es también otro objetivo del oficialism­o. Con Rodolfo

Canicoba Corral, que había sido señalado como el siguiente objetivo luego de Oyarbide, existe una situación extraña. El magistrado no tiene causas abiertas en su contra. Solo una denuncia del entorno de Omar "Caballo" Suárez, el ex secretario del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), a quien el juez investiga y metió preso. Canicoba tiene varias causas en contra de funcionari­os oficialist­as, como la de los presuntos sobornos del jefe de la AFI Gustavo Arribas.

El ministro Garavano en la intimidad se asume pragmático y se con

formará -como con Oyarbide- con

que los jueces sospechado­s renuncien.

Pese a la salida de Esteban Conte Grand la semana pasada, en la Casa Rosada consideran exitosa la gestión de Garavano, que supervisa el vicejefe, Gustavo Lopetegui. “La relación con la Corte es muy buena”, destacan a pesar de la pelea de fondo entre la aliada Carrió y el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti. Jueces como Claudio Bonadio, Marcelo Martínez Di Giorgi y Sebastián Casanello ya habrían aceptado el consejo del Ejecutivo de elevar a juicio o archivar las causas. El oficialism­o pretende que no queden abiertas in aeternum, como presión al poder político.

Esperan que se acelere la actividad de la Comisión bicameral del Congreso contra la procurador­a Alejandra Gils Carbó. Consideran que Sergio Massa y Graciela Camaño lo demoran para empujar las chances de Guillermo Marijuán. La procurador­a es también un objetivo para la comisión de juicio político, que preside el macrista Álvaro González.

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Freiler. Apuntado por el Consejo.

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