La CIDH dice que el decreto migratorio de Macri es una “regresión”
Había sido firmado en enero y permite agilizar las deportaciones. Para los expertos, el país retrocedió en el tema.
Autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron ayer que el nuevo decreto migratorio argentino es una “regresión” y que están “preocupados” por las declaraciones de autoridades argentinas que estigmatizan a los migrantes.
En una conferencia de prensa en la sede de ese organismo autónomo de la OEA, encargado de velar por los derechos humanos de la región, la comisionada Margarette Macaulay señaló que “la adopción del decreto de necesidad y urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes”. Y agregó que “la verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido”. Señaló que causaban inquietud “las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad”.
Las declaraciones de la funcionaria suceden en el cierre de la serie de audiencias de la CIDH en Washington sobre diversos temas en la región, a la que Argentina fue convocada de oficio para que explicara el impacto del nuevo decreto migratorio que el presidente Mauricio Macri firmó a fines de enero, que agiliza las deporta
ciones de indocumentados en casos de que hayan cometido algún delito.
Durante esa audiencia, una delegación del gobierno encabezada por el secretario de Derechos Humanos Caudio Avruj y el director de migraciones Horacio García defendieron el decreto ante un grupo de organizaciones que denunciaban persecución y racismo en el espíritu de la nueva medida. Dijeron que los extranjeros en cárceles federales se incrementaron en los últimos años hasta el 21% de la población carcelaria total en 2016. Tres organizaciones de inmigrantes, más el CELS, identificado con el kirchnerismo, señalaron que los extranjeros “no están sobrerrepresentados en el sistema carcelario” sino que se mantienen en un porcentaje a nivel nacional en torno a 5% “desde hace más de una década”.
En la audiencia la CIDH quiso saber a qué se debía la urgencia del decreto porque la medida “sugiere una situación de emergencia, inesperada, aguda, que no se puede afrontar con el marco normativo existente” y pidieron explicaciones sobre el motivo del cambio. Los funcionarios negaron una criminalización de los inmigrantes y señalaron que así se agilizaban las expulsiones de quienes habían cometido delitos. Las organizaciones presentes rechazaron que exista una urgencia real y denunciaron que la nueva normativa equipara al inmigrante que comete un delito menor como un hurto o resistencia a la autoridad con el que comete delitos mayores como narcotráfico.
Respecto de la situación de la dirigente jujeña Milagro Sala –de la que se habló en otra sesión el lunes— el comisionado Francisco Eguiguren señaló que “pronto tendremos un pronunciamiento”. Se refería a las medidas cautelares solicitadas por el CELS que pide su inmediata liberación.