Time Warp
La tragedia que, un año después, sigue sin culpables
Pasó ya casi un año de aquella noche en la que cinco chicos terminaron muertos en medio de la fiesta electrónica de la Costanera. Esa madrugada del 16 de abril hubo montones de heridos, varios quedaron internados por días. Después se supo que a Costa Salguero había entrado más del doble de gente que la permitida, que había muchos dealers, que las pastillas de éxtasis circulaban sin vergüenza, que no había agua en los baños mientras que las botellitas Block aumentaban de precio minuto a minuto, que muchos se intoxicaron y tantos otros se descompusieron por el hacinamiento. En agosto, el juez consideró que parte de la causa que involucra a los organizadores de la Time Warp podía elevarse a juicio, pero desde entonces sus defensas han planteado una queja tras otra en una
estrategia clara de dilatar el juicio, todavía sin fecha.
Desde el primer día, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado dividieron la causa en tres partes no sólo para separar el nivel de responsabilidades de los organizadores, los prefectos y los inspectores porteños sino tam
bién para agilizarla. Pero a pesar de la celeridad inicial que hacía pensar que el juicio empezaría a fines de 2016, la causa aún hoy sigue creciendo: ya fueron indagadas 74 personas (12 de la organización, 56 de Prefectura y 6 del Gobierno de la Ciudad), se procesó a 39 (8 de la organización, 25 de la PNA y 5 GCBA), y se tomaron unas 100 declaraciones testimoniales, además de los múltiples allanamientos y pericias. Las autopsias determinaron que los chicos murieron por policonsumo. Francisco Bertotti, Bruno Boni, Andrés Valdez, Nicolás Becerra y Martín Bazano tenían en-
tre 21 y 25 años, y los análisis forenses indicaron que todos tenían éxtasis en sus cuerpos, pero también marihuana y cocaína.
“En un espacio cerrado, la organización generó las condiciones para que un grupo de personas vendiesen libremente drogas a los concurren
tes. Permitieron la venta de drogas porque las sintéticas requieren de hidratación constante, y la organización vendía el agua. De este modo las drogas fueron el vehículo para vender más agua. La organización se presentaba como una empresa (Dell) que contrataba a otras, pero la prueba demostró que era un solo grupo empresario conducido por Victor Stinfale que condensó toda la organización del evento”, escribió entonces el fiscal Delgado. La hipótesis del fiscal era clara y la llamó “el negocio del agua”: los organizadores habían preparado el ambiente para que se vendiera droga y los chicos consumieran el agua Block que ellos mismos vendían.
En mayo, el juez Casanello procesó entonces con prisión preventiva a Stinfale, el presidente de Dell Producciones, Adrián Conci, los apoderados Carlos Garat y Maximiliano Ávila, el responsable de los accesos, Carlos “Chino” Penise, y el asesor artístico del evento, Martín Gontad, como coautores de los delitos de comercio de estupefacientes agravado y abandono de personas seguido de muerte (a Gontad en calidad de partícipe necesario).
Pero en julio, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani (que no fir- mó porque estaba de licencia), revocaron la prisión preventiva y modificaron la calificación por el delito de facilitación de lugar para el comercio de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas, que tienen una pena menor. Así, los tres hombres que habían estado prófugos por meses se presentaron ante la Justicia: Walter Santangelo, la cara de Energy Group, Diego Herrera, director suplente de Dell Producciones, y Facundo González, apoderado de Dell Producciones. Casanello los procesó como al resto de los organizadores, sobreseyó a Herrera y consideró que la instrucción estaba completa como para ser elevada a juicio oral.
Entonces empezaron los planteos
de las defensas -lideradas por Mariano Cuneo Libarona, Fernando Burlando y Matías Morla- para que se tomaron más testimonios y la Cámara hizo lugar.
El 20 de septiembre se dispusieron 17 declaraciones testimoniales, pero las quejas siguieron y en diciembre se citaron a otros 32 testigos. Lo mismo ocurrió días atrás y se dispusieron otras 13 declaraciones testimoniales, que terminarán el 31 de marzo. La defensa también recusó a Delgado dos veces por hablar con la pren
sa, pero Casanello las rechazó. Si no se presentan más quejas, los organizadores deberían enfrentar el jucio en tres o cuatro meses.