Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades
Procuración. El Ministerio Público pagó por adelantado un contrato de alquiler de más de 22 millones e hizo cuantiosos gastos en reformas. No se controló la gestión.
El viernes empezó a funcionar en forma plena un órgano institucional que jamás lo había hecho desde que fue creado por ley, hace diecinueve años. Se trata de la Comisión Bicameral del Congreso que debe controlar las acciones del Procurador General de la
Nación, o sea, el ente al que debería rendirle cuentas el jefe de todos los fiscales federales de la República Argentina. Ese organismo “debutó” con la convocatoria exitosa a la funcionaria que le da su razón de ser, la actual Procuradora, Alejandra Magdalena
Gils Carbó. Acechada por la Justicia, las denuncias de la prensa y la oposición, la jefa de los fiscales debió admitir que es posible que una inversión multimillonaria que realizó su gestión hace cuatro años pueda haber sido el eje de una trama delictual. La operación bajo sospecha es la compra de la propiedad de una mansión en Perón 667, hoy la sede del Ministerio Público Fiscal. Es el edificio en el que Gils Carbó trabaja desde hace cuatro años. Por esta historia la jefa de los fiscales está imputada y será
llamada a indagatoria en una causa
judicial. Clarín confirmó en base a informes de legisladores de la Coalición Cívica que le pidieron el juicio político a la Procuradora; y al chequeo de documentación pública de la Procuración, que hay otros edificios que Gils Carbó compró en nombre del Es
tado, alquiló y hasta remodeló varias veces sin razones lógicas o arquitectónicas; y sobre todo, sin que otro organismo estatal controlara cuánta dinero público gastó en esas tareas. El “caso Gils Carbó” recién empezó.
El primero que denunció las irregularidades de Gils Carbó en el Poder Judicial fue el fiscal Guillermo Marijuán. La causa en la que la Procuradora está imputada -rumbo a ser llamada a declaración indagatoria- es instruida por el fiscal Eduardo Taiano. El juez es Julián Ercolini. El expediente investiga por qué el hermano del subprocurador Guillermo Bellingi cobró una comisión extraordinaria (por lo alta) para el mercado de los martilleros por hacer de supuesto “gestor” de los vendedores de la mansión de Perón 667, en la que vivió la familia Bemberg, fundadora de la cervecería Quilmes.
Hasta el viernes pasado en el que se hizo presente en el Congreso, Alejandra Magdalena Gils Carbó era irreductible y no se dejaba controlar por casi nadie.
Por ley, los gastos y el accionar legislativo de la Procuración General de la Nación deben ser estudiados por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Pero Gils Carbó puso trabas desde asumió en su cargo para evitarlo.
Es paradójico, teniendo el cuenta el nombre de la agrupación K para el Poder Judicial que ella fundó con nombre idealista: “Justicia Legítima”.
El control de la AGN sobre la PGN está legitimado por la Constitución Nacional.
Según datos del propio Ministerio Público Fiscal, Gils Carbó manejó, desde el 2013 hasta el 2015, presupuestos anuales que en total sobrepasan los 7.500 millones de pesos.
Además del edificio de Perón 667 - por el que ya está imputada en la Justicia- hay otros ejemplos de manejos discrecionales de presupuesto público en el mercado inmobiliario sospe- chosos para los denunciantes de la jefa de los fiscales.
En un informe de la Coalición Cívica sobre el juicio político que se le podría abrir a Gils Carbó, se consigna que mediante la resolución 4201/15 del organismo de esa funcionario se determinó la renovación del alquiler de un edificio que la Procuración utiliza hace muchos años. Es
tá ubicado la calle Tucumán 966. La renta de ese inmueble estaba pactada en 625 mil pesos mensuales. Pero el total del alquiler, dice el informe repitiendo la información de la Procuración, es de $ 22.500.000.
Matemáticas son matemáticas: $ 22.500.000 dividido doce meses da una renta mensual de $1.875.000.
Más allá de esa diferencia, que la Auditoría General de la Nación no podrá estudiar, ¿por qué se adelanta el alquiler de un inmueble del Ministerio Público Fiscal? Clarín detectó además gastos en el edificio central de la Procuración General, el de Perón 667, por cifras millonarias o de cientos de miles de pesos, que tienen que ver con remodelaciones arquitectónicas o mantenimiento de equipos; o compras de insumos tecnológicos, o de trabajo.
Por ejemplo: la construcción de una Sala de Usos Múltiples (SUM) en
el edificio de Perón 667; la renovación d de sus cocheras; el recambio de alfombras y ascensores; o la instalación de aires acondicionados; o cientos de aparatos telefónicos.
Además de esos items, quizás transversales a los organismos públicos del Estado, se destaca en la gestión de Gils Carbó una licitación para comprar 100 “sillones gerenciales”; y “200 sillas operativas”.
Para esa adquisición, se movió un expediente el 30 de marzo pasado.
El costo de la compra de esos elementos de oficina, se estipuló en un millón setenta mil pesos.
Se trata de una compra mayorista, por lo que el fabricante o proveedor de esos sillones y sillas podría rebajarle el precio al Estado para vender sus productos.
En la calle, o por la web, comprar 100 sillones gerenciales de buena calidad; y 200 sillas operativas, tiene un costo aproximado de 800 mil pesos.
La legisladora de Coalición Cívica Paula Oliveto le explicó a Clarín que “Gils Carbó maneja las cuentas de la Procuración de forma discrecional y sin rendir cuentas. Eso provoca que su gestión termina cargada de irregularidades que, en algunos casos, también pueden devenir en delitos”.
Y agregó “El alquiler de inmuebles que hizo y hace la Procuración también son posiblemente irregulares, además de conformar un manejo pero absolutamente anti-económico de los fondos del Estado”. Oliveto aseguró que personas que militan en el kirchnerismo son quienes resultaron beneficiados con las rentas de sus propiedades a la Procuración.
Hay un caso muy gráfico sobre los alquileres sin justificación -en los papeles al menos- que ordenó financiar Gils Carbó. La Procuración pagó millones de pesos durante meses por la renta de un edificio entero: sus oficinas nunca fueron ocupadas por nadie. Las de ningún piso. Esa otra historia sobre este mismo caso. Ya se revelerá. Pronto.
Pagó millones durante meses por la renta de un edificio: sus oficinas nunca fueron ocupadas.