Ante un fiscal, Gils Carbó volvió a defender la compra del edificio A través de su abogado, la procuradora le dio al fiscal Taiano el escrito que había presentado en el Congreso.
A través de su abogado defensor, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer ante la Justicia la misma documentación que había entregado el viernes en el Congreso en torno a la polémica compra del edificio que ac- tualmente es la sede central de la institución que encabeza.
La presentación fue realizada por el abogado Alejandro Rúa, a los efectos de notificar al fiscal Eduardo Taiano lo que se había llevado al Congreso, según dijeron fuentes judiciales a
Clarín. Taiana tiene delegada la causa por decisión del juez Julián Ercolini y la defensa de Gils Carbó ya había hecho una primera presentación días atrás para decir que intervendrían en el caso una vez que se levante el secreto de sumario.
Tanto ante los legisladores que planean convocarla para el mes que viene a la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público, como ayer ante el fiscal Taiano, Gils Carbó defendió el proceso administrativo de compra del edificio de la calle Perón 667 aunque admitió que pudo haber existido “un eventual uso indebido de información privilegiada”. El edificio costó casi 44 millones de pesos y se pagaron comisiones por 7,7 millones de pesos, cinco veces más de lo habitual.
“Las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo”, expresó en su escrito la jefa de todos los fiscales.
Gils Carbó aludió así al sumario ad-
ministrativo abierto en la Procuración contra el ex subdirector de Administración de la institución, Gui
llermo Bellingi, a quien mencionó taxativamente y quien se encuentra
suspendido en sus funciones, las que actualmente cumplía en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La procuradora narró que la investigación interna se abrió luego de las publicaciones periodísticas sobre la presunta existencia de un delito en la compra del inmueble y del requerimiento judicial recibido el 23 de marzo y relacionado con este tema.
Así destacó que tras la publicación días después de una factura sobre las millonarias y exorbitantes comisio-
nes pagadas “por privados” a raíz de la operación inmobiliaria se decidió la suspensión de Bellingi.
“La verosimilitud de algunos aspectos de la información periodísti
ca pudo ser verificada en pocas horas mediante un informe solicitado de manera urgente por la Procuradora General de la Nación a la Dirección Disciplinaria”, dice el escrito entregado en la Justicia.
“En efecto, pudo establecerse que Guillermo Bellingi había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón y que resultaba altamente probable un vínculo familiar entre éste y (Juan Carlos) Thill”, agregó el escrito en referencia al medio hermano del funcionario suspendido mencionado en un artículo del portal Infobae.
“Esos extremos, conjugados con la información que surgía de la factura publicada, terminaron de conformar el esquema de presunciones en función del cual la Procuradora General dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo”, afirmó Gils Carbó en su defensa.