Una ley “dormida” mientras la muerte gana su batalla
Hace décadas que Gran Bretaña, EE.UU. y Francia cuentan con sistemas similares.
Siempre son las muertes dramáticas las que empujan las leyes que necesita la Argentina. En el 2013 fue la conmoción por el asesinato y la violación de la estudiante secundaria Angeles Rawson la que motivó a los legisladores a completar el trámite de votación en la Cámara de Diputados de la ley para crear un registro de violadores que ya tenía media sanción del Senado. Y ahora es el crimen de la joven entrerriana Micaela García el que dispara la reglamentación del instrumento legal y científico que debería servir para evitar más muertes. Porque, aunque parezca increíble, le ley no estaba reglamentada y venía durmiendo al abrigo de cientos de ataques sexuales impunes desde hacía cuatro años.
La angustia por la búsqueda de Micaela, el hallazgo de su cuerpo en Gualeguay y los detalles escabrosos de su final confesados por su asesi- no y violador, Sebastián Wagner, pudieron más que los históricos reclamos de las Madres del Dolor. Ellas habían conseguido que se sancionara la ley pero la reglamentación estaba congelada en el Congreso.
Hace un par de semanas, Mauricio Macri le pidió al ministro de Justicia, Germán Garavano, que avanzara con el registro nacional de violadores. “Quiero la herramienta le- gal para resolver esto de una vez por
todas”, le dijo al funcionario. También se involucró Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, y el Gobierno eligió el camino más di
recto: reglamentar una ley que ya existía en vez de crear una ley nueva. Es el modo de contar más rápidamente con el registro.
La lista de condenados firmes por agresiones sexuales, con sus antecedentes, sus patrones de ADN y sus fotografías no son un hallazgo argentino. Hace décadas que Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Australia cuentan con sistemas de prevención similares.
Hay, incluso, un dato bastante más aterrador. En 2011, hubo una provincia que innovó en la materia y se puso a la cabeza del diseño legal de un listado de violadores que les permitiera a las víctimas una chance de vida de la que nunca dispusieron. Era Entre Ríos. Pero, como sucedió también en el Congreso Nacional, los legisladores provinciales nunca se pusieron de acuerdo y la ley también durmió durante los últimos seis años a la espera de una reglamentación.
Ahora son varias las organizaciones y dirigentes que le reclaman el registro al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet. Y es probable que la iniciativa prospere una vez que baje el impulso desde la esfera nacional. Lamentablemente, para Micaela y para muchas otras mujeres argentinas, ya es demasiado tarde.