La sombra de la AFI, detrás de una falsa denuncia contra Carrió por corrupción
Un albañil admitió haber cobrado $ 1.500 por acusar a la diputada de enriquecerse. Habría vínculos con los espías.
“Yo no sé ni lo que dice eso. Es mi firma, pero yo ni sabía lo que estaba firmando”. La singular confesión lleva la firma de Saúl Enrique Paz, un joven albañil de la localidad de Derqui, en Pilar. Su interlocutor, el juez federal Daniel Rafecas, terminaba de llegar a la verdad: la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió que Paz había presentado en noviembre del año pasado era una mentira.
“A mí una persona conocida del barrio a quien conocí jugando al fútbol en la cancha del barrio, Alan González, me pidió que saliese de testigo. Que firmara ese documento y que me iba a dar 1.500 pesos, y me los dio”, sigue el relato del albañil, rendido ante la obligación de ratificar aquella denuncia con Rafecas por segunda vez. “Yo a la diputada Carrió sólo la conozco por la televisión. Desconozco el contenido de la denuncia y por lo tanto no la ratifico. Nunca tuve la voluntad de denunciar a Carrió”, repitió Paz por si no había quedado claro. Fue la semana pasada, el 11 de mayo.
Aquella denuncia apuntaba a Carrió por cohecho, dádivas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y lavado de dinero. Nada menos. En su declaración -a la que accedió Clarín- Paz aseguró que el día en que hizo su denuncia, el misterioso Alan lo llevó a tribunales “en su camioneta blanca”, que él firmó los papeles en el camino hacia Comodoro Py y que luego los presentó. Y que una vez que salieron del edificio Alan le pagó lo pactado y se fue en su camioneta. Paz, en cambio, regresó a su casa en tren. El negocio había concluido.
“Yo no sabía lo que firmaba. De haberlo sabido, nunca lo hubiese firmado”, se arrepintió una vez más el albañil. Rafecas quiso saber entonces más datos sobre el instigador de la operación. Paz sólo pudo decir que
Alan es peruano, que lo había conocido jugando al fútbol hace dos o tres años, que creía que era abogado porque “estaba siempre bien vestido”, que es vecino del Barrio Sans Souci de Derqui, que ya alguna vez le había pedido que firmara otros papeles, y que en aquella ocasión lo había llevado a un edificio de Corrientes y Uruguay, en el centro porteño.
Hasta ahí la noticia, de por sí escandalosa. Pero más atrás, en la penumbra, los datos son más inquietantes aún. “Hubo más plata para el abogado que contrató a Paz. Los dos son de Derqui, un barrio de Pilar”, sonríe ante Clarín un agente de la ex SIDE que ofrece más detalles. “A este pobre tipo le dieron 1.500 pesos como viáticos para ir a Capital. Pero la operación contra Carrió se armó en la base de la Agencia Federal de Inteligencia en Pilar hace unos meses, junto con unos policías bonaerenses que acercaron al abogado. El director de esa base se llama Pablo Piramonte”, detalla el agente. “Es vergonzoso, un escándalo producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de Inteligencia y altos rangos del Poder Judicial”, estalló Lilita ayer. “Me había resultado muy extraño el fallo de la Cámara Federal que hizo lugar a la reapertura de la causa y revocó la decisión correcta de Rafecas de archivarla. Era una obvia y burda operación”, dijo la diputada, hundiendo su estilete en la sombría silueta formada por encumbrados operadores judiciales supuestamente asociados con el ala de la AFI cercana a la subdirectora Silvia Majdalani.
Carrió manifestó preocupación por la seguridad de Paz, quien “fue evidentemente instigado por personas oscuras que pueden pertenecer a los servicios de inteligencia o sectores del Poder Judicial o de la política bonaerense”.
Aunque explosiva, la frase no es fruto de un arranque de cólera. Según dos fuentes consultadas por Clarín - una de la justicia federal y otra de la AFI- la jugada del albañil de Derqui es pieza de un armado mayor. El 10 de marzo, cuando la denuncia de Paz estaba archivada, el abogado Mariano Noel Valdez denunció a Carrió por los mismos delitos. Incluso habría copiado parte del escrito de Paz.
“La secuencia es ésta”, dice el espía, habitual interlocutor de jueces y fiscales pero sin ninguna prueba. “El albañil no iba a ratificar la denuncia, entonces Rafecas la archivó. La fiscal Paloma Ochoa -de buena sintonía con el kirchnerismo- apeló, algo muy inusual. Y la sala II, con los votos de Irurzun y Fara, lo aceptó. Rafecas volvió a citar a Paz, pero la jueza Servini le avisó que todo era trucho, entonces el juez le tomó la declaración personalmente. Y se descubrió todo. Ahora el más enojado es otro juez, Ariel Lijo”, afirma. Incomprobable. ¿Imposible?