Derechos humanos, política de Estado
Santiago Cantón Secretario de Derechos Humanos, Provincia de Buenos Aires. Ex Relator de Libertad de Expresión y ex Secretario Ejecutivo de la CIDH
Democracias, dictaduras, gobiernos autoritarios de izquierda o de derecha, todos han criticado a la CIDH cada vez que hace alguna declaración basándose estrictamente en sus mandatos, claramente definidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, redactada, aprobada y ratificada por los mismos Estados. A pesar de la inagotable lluvia de críticas, la CIDH ha sido la principal organización de las Américas en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático. Ninguna otra institución de derechos humanos, a nivel mundial, ha tenido el impacto que tiene la CIDH en el fortalecimiento del estado de derecho. Esa es la CIDH que nos visita esta semana y a la que todos los argentinos le debemos gran parte de los logros en la lucha contra la dictadura y la impunidad. La CIDH está íntimamente relacionada con nuestra historia. La visita de 1979, en plena dictadura militar, marcó un antes y un después, no sólo para Argentina, sino también para la CIDH. La Comisión ya había realizado varias visitas a países de la región, pero nunca había logrado el impacto que tuvo la visita en Argentina.
Si bien pueden ser varios los motivos que permitieron que la visita de la CIDH represente el inicio del fin de la dictadura, hay particularmente dos factores que continúan siendo la columna vertebral del trabajo de la CIDH en toda América Latina: la independencia de los miembros de la Comisión y una sociedad civil comprometida y organizada. Gracias a su independencia, la CIDH, que operaba dentro de una OEA dominada por gobiernos militares, no sólo pudo realizar la visita de 1979, sino también pudo publicar el informe que daría la vuelta
al mundo denunciando las desapariciones y torturas que sacudían al país. Y fue precisamente la sociedad civil nacional e internacional, la que se organizó para presentar miles de denuncias a la CIDH y repartir el informe en Argentina y en el mundo.
Finalizada la dictadura , el flamante gobierno de Alfonsín iza por primera vez en Argentina la bandera de los derechos humanos con una fuerte impronta regional. A los pocos meses de haber asumido y cimentando una política de derechos humanos para la nueva democracia argentina, Raúl Alfonsín ratificó la Convención Americana e inició una etapa de liderazgo mundial de Argentina en derechos humanos.
A partir de ese momento la posición de la diplomacia argentina se caracterizó por la defensa incondicional de la CIDH frente a las frecuentes críticas de otros Estados. Los defensores de derechos humanos de toda América Latina podían contar siempre con Argentina como aliado para defender sus derechos.
El fuerte vínculo con la CIDH continuó fortaleciéndose en la nueva etapa democrática, con los casos decididos por la Comisión que permitieron profundos cambios en la lucha contra la impunidad en Argentina y en el mundo. El principal ejemplo es el Informe 28 del año 1992 de la CIDH, en donde se declara que las leyes de obediencia debida y punto final eran violatorias de la Convención Americana, y pide que se tomen “las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar”. Este informe, no sólo es la primer deci-
sión de un organismo internacional, a ni
vel mundial, que declara que las leyes de amnistía son violatorias de los derechos humanos, sino también inicia el camino que culmina con la decisión de la Corte Suprema Argentina del año 2005, que le da inicio a los juicios de lesa humanidad.
La excelente relación histórica entre la CIDH y Argentina, que está en el ADN de nuestra democracia, lamentablemente tuvo una grave interrupción a partir del año 2010, con una diplomacia argentina que por primera vez abandonó la tradicional defensa a la CIDH y los derechos humanos, para comenzar a guardar silencio sobre las violaciones a los derechos humanos cuando ocurrían en países “amigos” y denunciar sólo aquellas que ocu-
rrían en países no tan queridos. Inclusive, en una reunión de la OEA, un Canciller Timerman con acento venezolano, propuso el desmantelamiento de la principal herramienta de la CIDH para defender los derechos humanos, como son las medidas cautelares, que han protegido a miles de personas en toda la región.
Ese temerario cambio en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional continuó con la ausencia de representantes argentinos en una Audiencia ante la CIDH por primera vez desde el retorno de la democra
cia, y se coronó con la ignominiosa negativa a partir del 2010 para que la CIDH visite la Argentina, como lo solicitaban algunas organizaciones de la sociedad civil. Afortunadamente, el gobierno actual, apenas asumió, regresó a la posición histórica de defensa de la CIDH y no dudó en invitarla inmediatamente al país. Asimismo invitó al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. En ambos casos se las invitó con el conocimiento previo de sus posi
ciones críticas. Esa es la mejor garantía para la vigencia de los derechos humanos: la supervisión internacional por parte de organismos independientes. Argentina nunca debió abandonar ese camino que construimos juntos todos los argentinos desde 1983. Con las visitas de la CIDH y el Grupo de la ONU, se ha retomado la posición histórica que posicionó a Argentina como líder mundial.
En un mundo trágicamente desigual, injusto y violento, sólo mayor liderazgo internacional en derechos humanos, y una justicia internacional respetada e incorporada al dere
cho interno por los tribunales nacionales, es la única alternativa para mirar el futuro con mayor optimismo. Bienvenida la CIDH a Argentina y el regreso de Argentina a la CIDH.