La condena al primer jefe de Policía de Kirchner P

or fin se supo cuántos años le tocan a policía que roba a policía. Es que en silencio, con estudiada discreción, el primer jefe de la Policía Federal Argentina que tuvo el kirchnerismo fue condenado por ladrón.

A pesar de los esfuerzos para que su situación pasara desapercibida, la historia igual le tiene reservado un lugar destacado: fue el primer jefe en 400 años de existencia de la Federal en perder el cargo por corrupto. Y, además, fue el primero en ser sentenciado por un delito de esta clase. La más baja, claro. Antes de que se hablara de Pablo Bressi en la Bonaerense y de José Potocar en la Ciudad, la Federal tuvo al comisario general Roberto Giacomino. “El Dandy”, para los amigos.

“Que la gente se deje de ocupar de si un policía comió una pizza o si cobró una hora adicional de más, y que se fije en las muertes de los agentes”, mostraba su filosofía Giacomino, recién asumido. Había llegado a jefe de la Federal en el sangriento diciembre de 2001, luego de que las muertes provocadas por la propia Policía en los alrededores de la Plaza de Mayo terminaran con la presidencia de Fernando De la Rúa en un helicóptero y con la jefatura del comisario general Rubén Santos en una causa penal. “A mí no me consta que estas muertes hayan sido producidas por policías. No conozco ninguna prueba que indique eso”, fue su evaluación de aquellos episodios en cuanto recibió el mando. A Giacomino lo había recomendado su íntimo amigo Carlos Ruckauf, a quien había conocido durante su extenso paso por la División Custodia Vicepresidencial. Más de una gira compartida por Europa y Estados Unidos los había llevado a comprar casas en el mismo country de Tristán Suárez, el “Club Privado El Ombú”, e incluso a adquirir propiedades vecinas en Villa Gesell. Lo había nombrado Adolfo Rodríguez Saá, lo había mantenido en el cargo Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, tras heredarlo, había resuelto renovarle los votos como titular de la Policía Federal.

Los primeros meses de su gestión quedarían marcados por la Masacre de Floresta -el asesinato de Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa a manos de un policíay por el caso de Ezequiel Demonty, el adolescente empujado a una muerte espantosa en el Riachuelo por oficiales de la comisaría 34°. Los últimos meses de su mandato, por la denuncia que lo eyectaría de su puesto.

El escándalo estalló en los primeros días de octubre de 2003 por una investigación de Cla

rín. El caso fue tomado por la Oficina Anticorrupción y se abrió una causa judicial, que avanzó con la lentitud de todo expediente que involucra a funcionarios del kirchnerismo. A tal punto que recién se resolvió doce

años más tarde, cuando ya había cambiado el Gobierno.

La maniobra empezó en 2002, cuando el superintendente de Bienestar de la Federal –a cargo de la obra social de los policías-, el comisario general Raúl Pigretti, le notificó a la empresa que le brindaba el servicio informático al hospital Churruca que le habían rescindido el contrato. En paralelo, le elevó un pedido al entonces ministro de Justicia, Juan José Álvarez, para la “urgente” contratación de un

nuevo proveedor. El monto a pagar sería de unos dos millones de pesos.

Pero el 23 de mayo de 2003, dos días antes de la asunción de Néstor Kirchner, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dictaminó que el monto era tan elevado que había que llamar a licitación. En la Federal esperaron el cambio de gobierno y tomaron un atajo: dividieron el contrato en dos de 980.000 pesos y se encargaron de hacer un concurso por su cuenta, sin pasar por el Ministerio.

A la licitación se presentaron tres empresas: L&M Sist-Serv, Novel Time y Tropex. L&M Sist-Serv era propiedad de Vicente Capizzi, concuñado del jefe Giacomino. Novel Time era propiedad del tío de la nuera de Giacomino pero la gerenciaba Vicente Capizzi, concuñado del jefe Giacomino.

Tropex era propiedad de la suegra de Vicente Capizzi, concuñado del jefe Giacomino, quien además era suegra del propio jefe Giacomino. Créase o no, de forma inesperada la licitación la ganaron dos empresas relacionadas

con el jefe Giacomino. Para garantizar la transparencia del proceso, la otra empresa relacionada con el jefe Giacomino perdió.

Justo fue una época en la que, vaya casualidad, al hospital Churruca y a toda la obra social de los policías les apareció la necesidad de variados y costosos servicios nuevos. Tantos, que el jefe Giacomino tuvo que convocar a una cuarta empresa relacionada con el jefe Giacomino, Dinatech, propiedad de dos hermanos de su concuñado Vicente Capizzi.

Versátiles, estas cuatro empresas empezaron a competir entre ellas para ganar contratos que iban desde la informática hasta la provisión de aparatos, techos, gasas y otros elementos y servicios médicos. Para frustración de Vicente Capizzi, sus empresas no siempre ganaban: a veces perdían frente a otras de sus empresas.

Pero igual eran tan solidarias entre sí que algunas usaban las facturas y comprobantes de la otra, ya que en el apuro por brindarle un servicio al Estado no todas habían tenido tiempo de inscribirse en la AFIP.

En rigor, era difícil que no ganaran las empresas de Capizzi. Hombre de familia al fin, a menos de tres de meses de asumir Giacomino lo había llevado a la Superintendencia de Bienestar de la Federal y se lo había presentado al titular, Raúl Pigretti, al comisario inspector Alfredo Ursaia -jefe del Departamento Económico y Financiero- y al comisario Daniel Adolfo Rodríguez -jefe de la División Contaduría-, para que no quedaran dudas.

Tan eficientes eran las empresas vinculadas a Capizzi que en poco tiempo lograron hacerse acreedoras de las contrataciones correspondientes a 37 expedientes diferentes.

El caso se hizo público mientras el comisario más importante de la Argentina se encontraba en París, en la conferencia mundial de Interpol, con serias aspiraciones a ser nombrado como dirigente de esa fuerza internacional. El entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, le avisó por teléfono que había perdido el puesto y que lo habían denunciado ante la Justicia por una defraudación global de 10 millones de pesos. Se había convertido en el primer jefe de la Federal expulsado por corrupción.

Giacomino volvió de Europa enardecido. Aseguró que no necesitaba robar dada su acomodada situación económica, derivada de la sodería que había heredado de su padre. Pero no pudo explicar por qué Capizzi tenía tan buena fortuna que ganaba siempre.

Igual, la Justicia Federal dejó dormir el expediente. La causa pasó por Juan José Galea-

no, Daniel Rafecas y Octavio Aráoz de Lamadrid , quien en noviembre de 2006 le dictó una

insólita falta de mérito a Giacomino. Obvió una pericia de la Corte Suprema que comprobó sobreprecios de hasta el 400% en las contrataciones con las que la Federal había beneficiado a sus familiares, incluso en la adquisición de equipos para las salas de terapia intensiva de Pediatría.

A Dinatech, por ejemplo, le habían comprado monitores cardíacos para el Churruca por

un valor 100% superior al de mercado. Y enci

ma los aparatos no funcionaban porque eran usados y estaban oxidados. También le habían adquirido camas hospitalarias y hasta equipos de aire acondicionado. A Tropex, en tanto, le habían adjudicado en forma directa la reforma del 7° piso del hospital –donde funciona la terapia intensiva- a cambio de 900.000 pesos, un costo considerado exorbitante para el trabajo.

La causa, tras varias apelaciones, por fin avanzó. Le llegó al juez Sergio Torres, quien en febrero de 2011 la elevó a juicio. La recibió el Tribunal Oral Federal N° 4, que tuvo la prudencia de esperar al 21 de diciembre de

2015 -once días después del fin del Gobierno kirchnerista- para dictar sentencia.

“Quienes administraron fondos públicos los desviaron en provecho de terceros generando un perjuicio a las arcas del Estado, a través de diversas contrataciones”, escribieron los jueces, en un fallo que recién ahora

se hace público. “El denominador común de estos actos, además del perjuicio al Estado, fue la violación de las normas que los regían, destacándose que si se hubiesen respetado esas normas, esas contrataciones jamás podrían haber sido otorgadas”, indicaron.

“Cabe resaltar la inexistencia de competencia y, en los casos que existía, lo era sólo de manera formal, a través de la introducción de presupuestos falsos de supuestas competidoras, donde se falsificaban formularios y firmas, o que entre el mismo grupo de empresas se armaban presupuestos; que se adolecía de especificación en lo contratado -en casi todas no se estableció por parte de la autoridad un objeto claro y preciso que antecediera a las cotizaciones-, incluso en ocasiones, ni a partir de los presupuestos que eran aceptados era posible establecer concretamente qué era lo contratado y en otras qué cantidad era la que se adquiría, en las obras no había planos que definieran la contratación, ni referencias que permitieran establecer cómo debían efectuarse los trabajos”, señaló el Tribunal. Kirchnerismo explícito. “Se pagaron sobreprecios, se pagó por trabajos y servicios que no se hicieron, se pagó por material obsoleto para sus fines, se superponían contrataciones de manera que el objeto de una contratación ya estaba incluida en otras contrataciones, y se contrataba sin necesidad”, resumió el fallo.

“Es inverosímil que Giacomino no haya observado que Capizzi representaba a las empresas que competían, que no se haya dado cuenta de que Capizzi competía contra sí mismo”, agregó. “El grupo de empresas que su concuñado manejaba se convirtió en el exclusivo adjudicatario de las contrataciones de la Institución (...) y en todos los casos se pagaron sobreprecios”, sentenció, para condenar a Giacomino a tres años de prisión en suspenso (y a pagar una multa irrisoria de 90.000 pesos) por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La misma pena le dieron al comisario Pigretti y seis meses menos a sus colegas Ursaia y Rodríguez. A Capizzi le tocaron 3 años por fraude.

El fallo fue apelado y en febrero de este año la Sala III de la Cámara Federal de Casación lo confirmó, no sin destacar que las penas “de ejecución condicional y cercanas al mínimo (...) parecieran desconocer la naturaleza de la acción y la extensión del daño causado”. No pudieron aumentarlas porque el fiscal, extrañamente, no lo había pedido.

A pesar de todo lo que perjudicó a los 180.000 afiliados a la obra social de la Policía, Giacomino no fue expulsado de la Federal. Apenas lo denunciaron pasó diez meses “en disponibilidad”. En agosto de 2004, le concedieron la jubilación. Hoy la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, prepara recomendaciones en base a su caso para evitar que se repita. Y él sigue siendo un comisario retirado que se enoja cuando alguien hace algún comentario sobre los policías que manguean pizzas.

Antes de Bressi y de Potocar, la Policía Federal tuvo su propio escándalo: el del comisario Roberto Giacomino, quien cayó por robarle plata a la obra social policial. En silencio, sin que se supiera, la Justicia condenó al ex jefe a tres años de prisión por administración fraudulenta. Tardó 12 años en hacerlo: esperó al fin del kirchnerismo.