Endurecen los requisitos para poseer armas y relanzan el plan de entrega voluntaria
Desde mañana vuelve el canje de armas por dinero. Y habrá más controles psicológicos para los usuarios.
El allanamiento a la lujosa casa en Nordelta de Alejandro Radetic, el piloto que corrió picadas a 240 kilómetros por hora por la 9 de Julio, fue todo un alerta: la Policía se encontró con pistolas, fusiles y réplicas de ametralladoras. Pensaron en secuestrarlas, pero pronto comprobaron que todas estaban inscriptas de manera legal. Cuando fueron a chequear cómo era posible que este muchacho, tan racional que usaba la ciudad como una pista de carreras, tuviera los permisos correspondientes, descubrieron que se los habían otorgado por primera vez en 2006 luego de que un médico certificara su aptitud psicológica para manejar armas. Al revisar el certificado en profundidad, descubrieron que se lo había extendido un deportólogo.
El caso ilustra la laxitud de los controles que había en el Renar (Registro Nacional de Armas, hoy rebautizado como ANMaC, Agencia Nacional de Materiales Controlados) a la hora de entregar credenciales de legítimo usuario de armas. Por eso su nueva directora, Natalia Gambaro, decidió cambiar de forma radical la manera en la que se otorgan estos per
misos. La medida traerá polémica. “Uno de los objetivos de este Gobierno es reducir la cantidad de armas. Mejorar los controles es una forma de hacerlo”, le dijo Gambaro a Cla
rín. Su estrategia está acompañada por otra medida: mañana relanza el plan de entrega voluntaria de armas, que implica buscar el desarme a través de pagarles a quienes lleven las suyas a la ANMaC para destrucción. Hoy en la Argentina hay 1.562.332
armas registradas en la ANMaC, de las cuales el 84% pertenecen a civiles (el 96,6% son hombres). Están en manos de unos 500.000 usuarios individuales.
Para obtener una credencial de legítimo usuario -se renueva cada 5 años- hay que cumplir con cinco re-
quisitos: no tener antecedentes penales, acreditar un medio lícito de vida (un empleo), presentar un certificado de aptitud de tiro, otro de aptitud física y, el más polémico, el de aptitud psicológica.
El problema es que en ningún lado de la reglamentación dice qué tipo de exámenes psicológicos debe superar el candidato a tener un arma para obtener este certificado. Es decir, esto queda a criterio del psicólogo que lo expida. La ANMaC no tiene tampoco cómo confirmar que quien firma el certificado sea efectivamente un experto en psicología. Mucho menos puede saber si el aspirante, antes de obtener el ok de algún profesional, fue rechazado por otros. O, siquiera, si la persona estuvo físicamente frente a quien le extendió el documento.
En el ambiente se sabe que hay polígonos, armerías y otros ámbitos re- lacionados a las armas donde facilitan los contactos con médicos y psicólogos “amigos” que, a cambio de una módica suma, expiden todos los certificados necesarios.
Por eso es que Gambaro llamó a licitación para que sean empresas de medicina laboral autorizadas por el Estado las que se encarguen de realizar los estudios psicológicos, a partir de una serie de pruebas estándar. Se presentaron tres a concurso y, dado que el requisito era que tuvieran filiales en todo el país, sólo una pasó todas las pruebas. Es Dients Consulting, una prestadora del Ministerio de Educación bonaerense, a cuyas oficinas deberá ir todo aspirante a legítimo usuario de armas que quiera obtener o renovar su credencial. Esto entrará en vigencia dentro de 60 días y viene acompañado por polémica; entre otras cosas, muchos criti- can que el costo del trámite será de 3.500 pesos, que es obligatorio y que está privatizado.
En paralelo, a partir de mañana Gambaro empezará a recibir armas para su destrucción en la oficina central de la ANMaC, en Bartolomé Mitre al 1400. El plan de desarme contempla pagos de 1.200, 1.700 y 3.000 pesos (según el arma que se entregue) y es, de hecho, una amnistía: no se hacen preguntas sobre la situación registral de cada pieza -salvo, por supuesto, un chequeo de su eventual relación con causas penales- y la entrega y el cobro son anónimos. Como el plan anterior, que logró la destruc
ción de 170.000 armas, dejó muchos conflictos -hubo pagos que no se justificaron o excesivos y hubo armas desaparecidas-, el nuevo plan promete ser estandarizado y controlado de forma informática.