En manos de dos mujeres Carrio hace temblar a Cambiemos. Cristina promueva una unidad mañera en la oposición.
El desempeño de dos mujeres deja al desnudo, como una inquietante repetición, la fragilidad política e institucional que reina en la Argentina. Cada irrupción de Elisa Carrió, que va y viene al estilo de una marea, genera temblores imprevisibles en Cambiemos. Se trata de la coalición oficialista que está en el poder. Cada aparición de Cristina Fernández ayuda a dislocar todavía más a la oposición mayoritaria. Se producen migraciones internas, permanece la fragmentación, aumenta el desconcierto.
La flojera de Cambiemos, que lidera el PRO de Mauricio Macri, y el deambular peronista-kirchnerista, ratifica la inexistencia de sistemas orgánicos de partidos. Que contengan. Uno y otro se comportan según el humor de aquel par de damas. Tal labilidad se extiende a otros ámbitos. Uno de ellos es el Poder Judicial. Carrió supone que tanto allí como en la Inteligencia del Estado
sigue pendiente una limpieza del Gobierno. Cristina lidia con cinco causas de corrupción y otra por mala administración pero posee hasta ahora en la Justicia una trinchera eficaz para su defensa. Supo edificarla antes de abandonar el poder con jueces de Justicia Legítima. Pero sobre todo con el blindaje de Alejandra Gils Carbó. La procuradora general le ofrece siempre garantías. Se las ingenia además para incomodar a Macri. Es un lugar de colisión entre la diputada y la ex presidenta.
Un ejemplo lo ilustra ahora. La procuradora general no hizo absolutamente nada con las revelaciones de la empresa constructora brasileña Odebrecht que, en Nueva York, confesó haber pagado coimas en la Argentina por valor de US$ 35 millones para verse favorecida con obras públicas. Esos pagos tendrían constancia entre el 20072014. Casi con exactitud los dos mandatos
de Cristina. El lugar de Gils Carbó fue ocupado de facto por Germán Garavano. Una
anomalía institucional manifiesta. El ministro de Justicia entabló negociaciones con Odebrecht por tres razones: la falencia que significó la abstención de la procuradora y la tibieza de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas; la embestida de Carrió que, entre varias cosas, denunció una presunta protección al ex ministro Julio De Vido; la necesidad del Gobierno de brindar una respuesta política a su clientela electoral que hace 17 meses lo votó, entre otras cosas, por una demanda de transparencia.
Garavano avanza con dificultades en aquella negociación con la constructora brasileña. Odebrecht exigió inmunidad y compensaciones incumplibles para revelar el destino de las coimas. Las posturas se arrimaron luego del allanamiento que el juez Sebastián Casanello dispuso en las oficinas de la empresa en la Ciudad. También, del rumor del Gobierno acerca de que cancelaría la principal obra de la empresa. Dos comisiones de la Cámara de Diputados ini- ciarán el martes el análisis de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas con un par de posibles agregados para darle soporte legal al diálogo que mantiene Garavano. Uno sería el acuerdo de cooperación entre las partes. El otro, la aplicación con efecto retroactivo. Pliegues complicados.
El Gobierno nunca sale favorecido cuando se realiza el contraste con lo que sucede en Brasil, conmovido por una crisis colosal. Lázaro Báez está encarcelado y procesado hace trece meses pero todavía carece de condena. José López, el ex secretario de Obras Públicas, que trató de esconder en un convento bolsos con US$ 9 millones, también está preso hace casi un año y procesado. Sin otra novedad. Posee una causa adicional por enriquecimiento ilícito que acumula 9 años de trámite. El juez Daniel Rafecas recién lo procesó en julio de 2016. Un mes después del escándalo de aquellos bolsos. Se podría agregar el juicio oral y público a Amado Boudou por el caso Ciccone, que arrancó en el 2012 y detonó la cesantía de un procurador, Esteban Righi, y la separación de un juez (Rafecas) y un fiscal (Carlos Rívolo) En Brasil, en cambio, el llamado Lava Jato (lavado de dinero) comenzó en 2014 y se potenció con revelaciones en torno a la estatal Petrobras. Hay detenidos, procesados y condenados. Cientos de legisladores de todos los partidos y poderosísimos empresarios. El actual mandatario, Michel Temer, también está investigado. Las manchas salpican incluso a Lula y a Dilma Rousseff, la ex presidenta desplazada por juicio político. Como antecedente estuvo el “mensalao”, un mecanismo de pago de sobresueldos en la Cámara de Diputados para que se aprobaran leyes. Estalló en el 2005, durante el primer período de Lula. Su jefe de Gabinete y cerebro político, José Dirceu, fue encarcelado y condenado a 32 años de prisión. Aunque por un recurso extraordinario recuperó hace pocas semanas la libertad.
Cambiemos se enfrenta a otro dilema en la búsqueda de transparencia que parece forzar Carrió. De nuevo cabría reflejarse en el espejo de Brasil. Luego de la destitución de Fernando Collor de Mello por corrupción (diciembre de 1992), Fernando Henrique Cardoso y el propio Lula inauguraron un tiempo de reformas en la Justicia. Que ahora, sobre todo al líder del PT, se le habrían vuelto en contra. El gobierno de Macri hizo aquí aún muy poco. Fracasó por impericia –en la cual también Carrió tuvo que ver-- con el desplazamiento de Gils Carbó. Apenas consiguió la renuncia de Norberto Oyarbide.
Hace diez días se conformó la Asociación de Jueces Federales (AJUFE). Una cuerpo de magistrados de todo el país vinculados a delitos federales. Entiéndase: corrupción y narcotráfico. La nómina supera los 200 integrantes. Esos jueces se consideran indefensos y no representados por la tradicional Asociación de Magistrados. Aportan un dato: la entidad sa- lió a defender al fiscal José María Campagnoli, cuando estuvo en las orillas del juicio político fogoneado por Gils Carbó y el kirchnerismo. Pero no hace lo mismo con jueces que están hoy en la picota.
Aquella corporación, cuya cabeza más representativa es Ariel Lijo, tiene el aval de Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema. Denunciado precisamente por Carrió. Se dispondría a reclamar tres lugares en la Magistratura que ahora ocupan colegas nacionales. Y resistir las que denominan presiones habituales de los poderes político y Legislativo. Las incógnitas envuelven su futuro. ¿Exigirán el cambio de leyes que les permita ser expeditivos para juzgar la corrupción? ¿O se remitirán a consolidar sólo un polo de poder que facilite su defensa?
Esta semana puede haber un test. El Consejo de la Magistratura ensayará la suspensión del juez Eduardo Freiler, acusado de enrique- cimiento ilícito. Así podría abrirse su enjuciamiento y posterior destitución. Hacen falta los dos tercios de los votos del organismo. En esa lista de espera permanece Rafecas. En el horizonte también Gils Carbó. No se trata de un menú sencillo de digerir para los jueces federales.
Como un anticipo, quizás, el flamante titular de AJUFE, Jorge Morán cruzó a Carrió por su avalancha de denuncias. “Me pregunto si tendrá pruebas de todo lo que dice”, interpeló. Morán integra la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo junto a Sergio Fernández. A este juez se le adjudicó ligazón con la vieja SIDE. Son antecedentes que acumula y enfurecen a Carrió.
Cristina, por el momento, otea a Claudio Bonadio y a Julian Ercolini quienes la tienen embretada. Pero supone que para enderezar su destino debe ahora enfocarse en la política. El resultado de las elecciones de octubre representará una señal inconfundible para el Poder Judicial. Una derrota de Macri le traería alivio.
La ex presidenta coloca el centro de gravedad de su estrategia en obtener la unidad entre peronismo y kirchnerismo. Pero sucede que dejó un tendal de heridos y demasiados resentimientos mientras estuvo en ejercicio del poder. En pos de aquella convergencia elaboró un memorándum de en
tendimiento que ofrecería firmar como prenda de paz a todos los candidatos. La historia indica que siempre suele abrirse un abismo entre sus promesas y los hechos.
La ex presidenta estaría dispuesta a declinar su postulación si aquella propuesta tuviera pleno consenso. Desea evitar una primaria en el FpV porque la considera desgastante. Pone de ejemplo la puja entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que desembocó en el batacazo de María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Cristina le hizo llegar la idea de aquel memorándum a Florencio Randazzo. Primero a través de un empresario. Luego terció Daniel Scioli. El ex gobernador y candidato estuvo el miércoles con la ex presidenta en su departamento de Recoleta. Salió de allí entusiasmado. También confiado en las intenciones de la mujer. Difícil de entender en alguien que sufrió de parte de ella un tenaz destrato y boicot. A Randazzo tanta benevolencia lo llevaría a desconfiar. El ex ministro de Interior y Transporte intuye lo que vendría. Luego de aquel compromiso la ex presidenta impondría a rajatabla las listas. El contendiente vería diluir así su presunto perfil renovador enredado con la banda kirchnerista. Randazzo no se muestra proclive a ceder. Posee los avales para competir en la interna. Aunque tampoco entiende cabalmente la raíz de la jugada. ¿Por qué razón no realizar una primaria si el kirchnerismo asegura que Cristina lo barrerá? ¿O no sería tan así? El peronismo es siempre una geografía de misterios.