Los jueces federales ahora buscan impulsar las causas contra la corrupción
Días antes de una marcha en su contra, piden una policía judicial, limitar las apelaciones, que los jueces con megacausas puedan trabajar sólo en ellas y se mejore la ley del arrepentido.
La flamante Asociación de Jueces Federales lanzó un llamativo Plan Anticorrupción. Piden tener una agencia de investigación, Policía propia y mejoras en la ley del arrepentido. Así, intentan contrarrestar las críticas por la demora en casos emblemáticos y el descrédito de varios de sus integrantes.
Apenas unos días antes de la la manifestación contra la supuesta inacción judicial contra la corrupción - convocada para el próximo martes 20 a las 15 frente a los tribunales de Comodro Py- la flamante Asociación de Jueces Federales (Ajufe) firmó su primer pronunciamiento con una “propuesta par avanzar en causas de corrupción”. Los magistrados, que están en el ojo de la tormenta por la falta de condenas y cierta defensa corporativa de su trabajo ante esas críticas, “declaran que es necesario avanzar en las causas donde se investigan casos de corrupción, identificando cuáles son los obstáculos y proponiendo soluciones concretas.” En su comunicado, advierten que “la historia argentina muestra que siempre hubo dificultades para poder avanzar en los procesos” y que para lograrlo “no depende sólo de la voluntad de los jueces”, aunque “re-
sulta imprescindible hacerlo, porque es nuestro deber como magistrados, y porque es un reclamo de la sociedad.”
La Ajufe cree necesario “fortalecer las instituciones” para poder luchar eficazmente contra la corrupción, y admite un consenso en que “existen
enormes dificultades prácticas” que según los jueces obstaculizan su trabajo “cotidianamente”. Entre los principales, destacan “la falta de recursos materiales y tecnológicos, la gran cantidad de juzgados vacantes y la de- mora en la designación de magistrados, así como también la ausencia de legislación actualizada que brinde herramientas rápidas y efectivas para combatir la corrupción”.
Ante ese desafío, propone “una mayor interacción cotidiana entre los distintos actores institucionales para elaborar una política de Estado concreta”, y también “incentivar las relaciones bilaterales con otros Estados y organismos internacionales”, teniendo en cuenta especialmente las experiencias de Brasil, España, Chile y México.
El comunicado de los jueces federales cierra con una enumeración de propuestas que prometen entregarle al ministro de Justicia, Germán Garavano. Algunas de esas ideas son coyunturales, otras requieren de cambios legales y algunas implicarían una revolución procesal que, paradójicamente, fue resistida por los mismos jueces federales las veces que los gobiernos las plantearon. Veamos esa lista: • Modificar los procesos. • Fortalecer el área de investigación, dotando al Poder Judicial de una agencia de investigación especial y una policía judicial, como existen en otros países. • Sancionar legislación en materia de decomiso de bienes obtenidos del delito para utilizarlos con fines públicos. • Mejorar la ley del arrepentido, con la finalidad de hacerla compatible con la existente en otros países a fin de lograr una auténtica y eficaz cooperación. •
Reformar el Código Procesal Penal de la Nación, para acelerar los procesos, concentrando la actividad recur- siva (apelaciones y recusaciones). • Facultar a los órganos superiores del Poder Judicial a optimizar los recursos de manera tal que los magistrados a cargo de una “mega causa” puedan ocuparse de ella de manera exclusiva. •
Cubrir en forma inmediata los juzgados federales vacantes. •
Legislar sobre la autonomía presupuestaria y funcional del Poder Judicial de la Nación a fin de darle libertad regulatoria de actuación en casos de gravedad institucional, tal como en México y Brasil.
Suscribir un convenio con la AJUFE Brasil para fomentar el intercambio de experiencias.
Firman el comunicado el presidente de Ajufe, Jorge Morán (Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal) y los vicepresidentes Martín Irurzun (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal), Santiago Inchausti (Juez Federal de Mar del Plata), Carlos Vera Barros (Juez Federal de Rosario), Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Córdoba), Ricardo Sanjuan (Cámara Federal de Tucumán) y Javier Leal de Ibarra (Cámara Federal de Comodoro Rivadavia).