Sanfelice trabaja en una firma de Cristóbal López investigada por fraude
El fiscal Taiano imputó a ex funcionarios de De Vido por su rol en una licuación de la deuda de Alcalis de la Patagonia.
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó a ex funcionarios de los ministerios de Planificación –que dirigió Julio De Vido- y de Economía por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y un acuerdo extrajudicial que permitieron la licuación de una deuda con el Estado de la empresa Alcalis de la Patagonia (ALPAT) por 75 millones de dólares. ALPAT está ubicada en Río Negro y es la única productora del país de carbonato de sodio (soda solvay). Luego de la maniobra, la empresa fue comprada por South Mineral que controla Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa y tiene como empleado a Osvaldo Sanfelice, socio de la familia Kirchner. Además, de las imputaciones, Taiano solicitó una serie de medidas de prueba.
En base a una denuncia del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, Taiano investigará -aunque por ahora no imputó- el rol de los ex integrantes del gabinete Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Roberto Lavagna, Alicia Kirchner, José Pampuro, Daniel Filmus, Horacio Rosatti, Carlos Tomada y Rafael Bielsa. Se debe a que firmaron el DNU de Néstor Kirchner número 475/05 que permitió la maniobra. Taiano requirió al juez federal Luis Rodríguez investigar el caso como fraude al Estado. A fines del 2007, con otro DNU, Kirchner amplió el negocio de las máquinas tragamonedas de López en el hipódromo de Palermo.
Llamativamente, luego de la compra por parte de Cristóbal López, Alcalis comenzó a hacerle pagos a la empresa Agosto S.A., de Sanfelice ,de 196 mil pesos por el “alquiler de una perforadora”, y desde el 2012 lo registró como empleado. Sanfelice, el socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios, recibía 643 mil pesos mensuales de la constructora CPC del “zar del juego”, según una investigación de Clarín. Esta semana se comprobó que su hotel, Waldorf, fac- turó más de que 500 veces servicios a la brasileña Odebrecht, además de 8 cheques. No se pudo comprobar, como afirmaron fuentes empresarias, que Sanfelice sea además el dueño de acciones de la empresa South Mineral del grupo Indalo.
En su denuncia, el fiscal Rodríguez pide investigar si los ex funcionarios participaron de una maniobra, que por un lado habría beneficiado a la empresa Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos a través del mencionado DNU y, por otro, habría permitido sustituir una deuda a favor del Estado Nacional de 250 milones de pesos (unos 75 millones de dólares de esa fecha) por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un acuerdo preventivo extrajudicial irregular. El titular de la PIA había denunciado también como supuesto partícipe al juez de Chubut Gustavo Toquiera, actuante en aquel acuerdo extrajudicial.
La maniobra comenzó en 2005, cuando Néstor Kirchner junto a su Gabinete reformularon el régimen de promoción industrial de Alcalis de la Patagonia con el DNU475/05. Según el fiscal Rodríguez, el acuerdo preventivo “habría exhibido una serie de graves irregularidades -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de síndico, cómputo de deudas en moneda extranjera y ausencia de intervención fiscal- que darían cuenta que el juez habría actuado en exclusivo beneficio de la empresa, perjudicando al Estado”.
En junio de 2006, tras el DNU, Alcalis de la Patagonia quedó bajo el control de South Mineral S.A, cuyos presidente y vicepresidente eran entonces Fabián de Souza y Raúl Esteban Zamora, quienes también fueron denunciados por el fiscal Rodríguez. Zamora tiene el mismo nombre de un empresario que aparece como dueño de propiedades que según el fiscal Guillermo Marijuan en realidad, serían de Lázaro Báez. Luego, comenzó el saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Invesment SL, como también al Estado Nacional. La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con la “deliberada inacción” de los funcionarios públicos de los entonces Ministerios de Economía y Producción.