Odebrecht entrega papeles, pero no acepta “el criterio de fiscalización”
Sobre la hora, llevaron a la IGJ parte de los documentos que se les reclamaban, pero lo hicieron bajo protesta.
Con sospechas por sobreprecios y pago de sobornos, la constructora Odebrecht -tanto su casa matriz en Brasil como la sede argentina- busca regularizar su situación y esta semana, sobre el vencimiento de los plazos, pre-
sentó parte de la documentación que adeudaba ante la Inspección General Justicia (IGJ) pero consignando que “no se comparte el criterio de fiscalización”. Tal como informó Clarín, el organismo que depende del ministerio de Justicia decidió fiscalizar “de forma permanente” a Odebrecht Ar
gentina. Aún falta la presentación del último balance entre otros papeles.
Transcurrieron diez días hábiles desde que Sergio Brodsky, titular de la IGJ, firmó la resolución 000931, donde consigna que Odebrecht Argentina SA (OASA), quedará “sometida a la fiscalización estatal permanente” regida por la Ley General de Sociedades. Además, la emplazaron para que en dos semanas presente los balances 2015 y 2016 adeudados y explique una serie de aspectos que no se especificaron en la información del expediente de la empresa.
“Manifestamos que no compartimos el criterio de la Resolución 931, que encuadra a OASA en la Ley General de Sociedades y que da fundamento a la resolución”, consignó en un escrito Ricardo Barreiro, apoderado de Odebrecht Argentina. La inclusión en dicha normativa permite que la IGJ fiscalice a la empresa.
Después de analizar el balance de 2014, el departamento de control contable de sociedades comerciales determinó que allí se carecía “de infor-
mación adecuada sobre el funciona
miento de la entidad”, por lo que correspondía que la IGJ ejerza la fiscalización societaria.
Pese al desacuerdo expuesto por la firma nacional, que junto a su casa matriz es investigada en nuestro país, se aportó parte de la documentación que adeudaba.
Frente a las causas judiciales (la investigación sobre la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, la ampliación de dos gasoductos y la obra del soterramiento del tren Sarmiento), la IGJ buscó evitar “omisiones en la información presentada” y que se “interfiera en los procesos iniciados en la Justicia”, in-
dicaron fuentes oficiales a Clarín.
Ante el planteo que sustenta la decisión de fiscalizar a OASA, la firma respondió hace dos días: “La actividad de la empresa no afecta el inte
rés público”. La IGJ busca conocer en detalle “el modo de de operar respecto a la obra pública, si fue directamente por la sociedad anónima la obtención de contratos o a través de la estructura jurídica”, y que no haya “omisiones” en la información incluida en el expediente de la firma.
Una de las observaciones realizadas por la Inspección de Justicia es que en la documentación correspondiente al ejercicio 2014 Odebrecht Argentina no consignó en ninguna parte tener obra pública. Ante la consulta realizada, el apoderado de OASA señaló que “no se intervino en ninguna obra pública” en el país y que únicamente “se participó en la obra privada Proyecto Potasio Río Colora- do” entre los años 2010 y 2013. Sí, OASA intervino en diversas obras en UTE con Odebrecht casa matriz y la firma Techint.
Aún sin presentar el balance 2016, la empresa nacional rindió ante la IGJ la documentación contable del ejercicio 2015. Siempre con un capital social de 50.000 pesos, entre sus números se destaca la ganancia de 10 millones que tuvo al 31 de diciembre de ese año. Sus activos fueron de 33 millones de pesos, y los dividendos distribuidos fueron de $ 46,5 millones.
La casa matriz de Odebrecht obtuvo en Argentina tres contratos durante el gobierno kirchnerista, por unos
5.000 millones de dólares. Las principales sospechas radican en el pago de sobreprecios planteadas en las causas que llevan los jueces Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi. Además, tras la firma de la delación premiada en Brasil, Estados Unidos y Suiza, admitiendo que pagaron sobornos por 788 millones de dólares en 12 países (unos 100 millones de dólares en Argentina), las investigaciones apuntan al pago de coimas.
“La acatividad de la empresa no afecta el interés público”, dice Odebrecht argentina.