Con US$ 310 millones, Temer busca apoyos en el Congreso
El gobierno brasileño “distribuyó” entre los diputados aliados, y algunos senadores, una cifra sideral de dinero: 310 millones de dólares. Esos recursos fueron entregados, por orden del presidente Michel Temer, hacía un mes. La gigantesca transferencia se realizó a través de “una vía legal”: una partida presupuestaria especial que se destina a los parlamentarios para que éstos hagan obras en sus distritos electorales. Revestido de un aire legítimo, el uso actual de este mecanismo es “comprar” las adhesiones de los legisladores hacia el jefe de Estado. De eso se trata precisamente en este caso: el presidente Temer necesita poner el Congreso bajo su ala.
Se afirma que ese instrumento, que lleva el nombre de “enmiendas parlamentarias”, ya fue utilizado por otros gobernantes. Lo usó Fernando Henrique Cardoso para garantizar su segundo mandato (entre 1999 y 2002). Y Dilma Rousseff para evitar, con poca suerte, el impeachment que la derribó. También se sabe que esta metodología enmendadora es un foco de corrupción legislativa. Hay varios casos que lo prueban.
Temer acudió a esta “herramienta” -es decir, al dinero contante y sonan-
te- para ganar las voluntades de los congresistas; algo que suena mucho a “soborno” legalizado. Hay razones que urgen al gobernante. En Brasilia está por comenzar un minué de tres tiempos. El primer paso lo debe dar, a mediados de la próxima semana, la Procuración General (PGR) comandada por Rodrigo Janot. Irá a presentar una denuncia por corrupción y obstrucción de la justica contra el
presidente brasileño. La acusación será elevada a la Corte Suprema, donde irá a parar a las manos del juez Edson Fachin. Tanto uno como otro son víctimas de una guerra abierta que les trabó el Palacio del Planalto, donde están convencidos de que tanto ese ministro de la Corte como el procurador general “quieren” destituir a Temer. El segundo paso lo dará Fachin cuando gire la denuncia en cuestión a la Cámara de Diputados. Y el tercer paso será la votación en ese cuerpo parlamentario que deberá definir si hace lugar o no a la demanda judicial contra la figura del mandatario. Es exactamente en este punto donde se aclara la premura del presidente Temer por conquistar los favores de al menos 174 diputados. Son los que precisa para impedir que el Supremo Tribunal Federal lo convierta en reo de la justicia, una situación procesual que no cuaja con los requisitos mínimos que debe cumplir un jefe de Estado.
Ya se sabía que Temer debía enfrentar muchos obstáculos. Uno de ellos, el juicio en la Corte electoral contra él y Dilma Rousseff –de la época en que ella presidía la fórmula que ganó en octubre de 2014- resultó un “éxito” para el gobernante. Pero ahora se avecina una nueva etapa: la de las grabaciones de su conversación con el dueño de JBS Joesley Batista. Esa charla, mantenida en la madrugada del 7 de marzo en uno de los sótanos de la actual residencia presidencial, reveló cuanto menos una aceptación del mandatario respecto de la necesidad de mantener “silenciado” al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Había que pagarle “sobornos” mensuales para garantizar que no iría a pactar la delación premiada con el Ministerio Público.
Este viernes, en dependencias de la Policía Federal, el industrial Joesley reconfirmó todos los elementos de su delación antes fiscales de Brasilia. Esta nueva indagación fue tomada como parte del proceso que la Procuración General entabló contra Temer.
Según el diario O Globo, que tuvo acceso casi inmediato a la declaración de Batista, el empresario “reforzó la verdad de los hechos. Confirmó todo lo que fue dicho e incluso probado”. De acuerdo al audio de aquel encuentro en la madrugada, Temer impulsó a Batista a contactar un hombre suyo, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures, para que éste le resolviera “temas (monetarios) pendientes” con distintos organismos públicos. Batista contactó a Loures y acordó el pago de una coima que ascendía a 160.000 dólares semanales a ser pagos a lo largo de 20 años. Parte del dinero, dijo, iría a parar a manos del presidente brasileño.
El fiscal general de Brasil presentará una denuncia por corrupción contra el presidente