Buscan con una ley garantizar la igualdad religiosa en la Argentina
Incorpora derechos para todos los credos en forma equitativa y suma el concepto de la objeción de conciencia.
La igualdad entre las religiones está más cerca de ser, en buena medida, una realidad en el país. El Poder Ejecutivo Nacional acaba de girar al Congreso un proyecto de Libertad Religiosa, producto del “consenso gene
ral” entre los cultos, que –entre otras cosas- reconoce el derecho de las confesiones religiosas de brindar asistencia espiritual en centros de salud, detención y cuarteles; asegura la inembargabilidad de los lugares de culto; resguarda el sigilo de los ministros religiosos, y agrava las penas para el ataque a templos y ministros y el robo de objetos sagrados.
También garantiza la observación de los días de fiesta o penitencia; la titularidad de escuelas, universidades y medios de comunicación; la propiedad de cementerios, y el uso de símbolos o vestimentas que distingan la pertenencia a su confesión religiosa. Reconoce, además, el derecho a la objeción de conciencia, apli- cable, por caso, al servicio militar, el homenaje a símbolos patrios, las tareas sanitarias (práctica del aborto); los tratamientos médicos (transfusión de sangre), salvo que no pueda haber una “adecuación razonable” de su ejercicio. La norma hace operativa la perso
nalidad jurídica religiosa prevista en la reforma del Código Civil y Comercial, un largo anhelo de las confesiones, que hasta ahora funcionaban como asociaciones civiles, salvo la Iglesia católica, persona jurídica de dere- cho público reconocida por la Constitución y regulada por el Concordato con la Santa Sede del ‘66. También se crea el Registro Nacional de Entidades Religiosas (RENAER), voluntario y gratuito, que permite acceder a exenciones impositivas. Y se disuelve el Registro de Cultos, instituido por la última dictadura.
El proyecto fue largamente debatido con los diferentes cultos sobre la base de numerosos anteproyectos anteriores y, en particular, de uno proyecto que llegó a ser aprobado por unanimidad en el Senado en 1993, pero perdió estado parlamentario al suscitarse el estudio de la última reforma constitucional. Entre las entidades que prestaron su aval se cuenta la Mesa Consultiva de las Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas (ACIERA, FAIE, FECEP, bautistas y adventistas); DAIA, AMIA, el Centro Islámico, y la Conferencia Episcopal.
En los considerando del proyecto de Libertad Religiosa -elaborado en el ámbito de la Secretaria de Culto que encabeza Santiago de Estrada- se afirma que esta iniciativa “busca consagrar una protección más completa de este derecho fundamental, adecuando la legislación en la materia a los estándares internacionales y respondiendo así a un reclamo histórico, permanente y justo de las iglesias, confesiones y comunidades no cató- licas”. Y se señala que “para su elaboración se consideró el derecho comparado y el sistema internacional de derechos humanos”. El proyecto tiene el beneplácito de
la Iglesia católica, a la cual no se le modificada nada de su situación actual. Por caso, seguirá recibiendo un aporte económico traducido en una asignación mensual para los obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos, que significa un 15 % de su movimiento económico. Por lo demás, la católica, como las demás confesiones, seguirá recibiendo los aportes a sus escuelas en un porcentaje relacionado con el nivel de la cuota que cobran.
Finalmente, el proyecto reconoce a los pueblos originarios “el derecho de ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias y, en virtud de ello, practicar, desarrollar transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y a realizarlas tanto en público como en privado”.
En los considerandos concluye que su sanción “honrará a la Nación porque significará un notable avance en la garantía del derecho a la libertad religiosa, es decir, de uno de los primeros derechos fundamentales”.
Tiene el beneplácito de la Iglesia católica, a la que no se le modifica nada su situación