Barras y piratas del asfalto en una sangrienta guerra por el poder
Ingeniero Budge. La bandas se instalaron en la zona de la mano de funcionarios y hombres fuertes de la zona. El manejo de los puestos sumó 5 muertos en un año.
Primero pusieron una hilera de puestos por cada vereda de la cuadra. Después sumaron una tercera y una cuarta. Pero la demanda obligó a agudizar el ingenio. Fue así que aparecieron los changuitos de supermercado para que los feriantes que no tenían lugar pudieran exhibir su mercadería. Lo precario no bajaba el precio: para alquilarlos había que pagar $ 500 por día. La estrategia para maximizar los recursos resume la historia de los negocios alrededor de La Salada, donde cada espacio se traduce en dinero. Y en poder.
Urkupiña, Ocean y Punta Mogote -las tres ferias que componen el complejo conocido como La Salada- crecieron de la mano de la crisis de 2001. Cuando los galpones quedaron chicos, la calle tomó protagonismo. Los puestos quedaron en manos de familias de Ingeniero Budge que conservaron el poder hasta enero de 2012, cuando un fallo judicial ordenó desalojar la Ribera Sur.
Cuando Gendarmería abandonó la zona, llegaron los barrabravas. Fuentes que conocen al detalle el movimiento de la feria ase
guran que lo hicieron de la mano de funcionarios municipales, con
una misión clara: recaudar. Acorralado, Jorge Castillo, administrador de Punta Mogote y cara visible de La Salada, reclutó a “Los Chaqueños”, una banda liderada por un reconocido pirata del asfalto. Al complejo escenario se sumó un tercer grupo, vinculado a la barra brava de River y manejado, según los investigadores, por Adrián Castillo, sobrino de Jorge.
Las bandas multiplicaron los puestos callejeros hasta llegar a los 7.000, extendieron la red de combis truchas que trasladan clientes desde todo el Conurbano, ampliaron la zona manejada por los “trapitos” y aceitaron un eficaz sistema de recaudación: además de pagar entre $ 500 y $ 1.500 por día y una llave mensual de $ 1.500, los feriantes comenzaron a abonar dos bonos por “seguridad” y “limpieza”, y un tercero en concepto de “contribución”. Unos $ 120 extra, según la última lista de precios. Todo multiplicado por tres: martes, jueves y domingos.
A la par del botín crecieron las diferencias. La guerra explotó en noviembre de 2015. José Zárate (33) fue asesinado en Banfield. Dos sicarios en un auto le pegaron cinco tiros cuando manejaba su Audi A4. El crimen de “Lunchini”, vinculado a La Doce, desató una saga de venganzas. Fueron cinco homicidios en un año. Entre los muertos estuvieron el hermano de Zárate, acribillado en plena feria, y Gustavo Mariano, alias “El Cejudo”, uno de los hombres con más poder en la zona.
En abril de 2015 la Justicia volvió a poner el ojo en La Salada. Topadoras arrasaron con los puestos de la Ribera y se anunció que la zona sería custodiada. Pero la promesa duró poco. Las bandas regresaron y se reorganizaron. El poder quedó repartido en tres: la barra de River, a la que se ha-
brían sumado los integrantes de La Doce, “Los Chaqueños” y “Los Cucos”, un desprendimiento de este último grupo. Su líder, Leonardo “Cuco” Gaitán, se independizó y copó parte del
negocio. En Budge lo acusan por el aumento de los asaltos a clientes que llegan y salen de La Salada, y de quedarse a los golpes el manejo de las paradas de remises.
La colaboración policial quedó en evidencia con la investigación que derivó en las detenciones de Jorge Castillo y otros 20 sospechosos. Entre los acusados hay tres agentes de la Bonaerense y de la Federal y un ex prefecto, todos señalados como miembros activos de las bandas. La comisaría 10° de Ingeniero Budge, con jurisdicción sobre la feria, es una de las más calientes del Conurbano. En cuatro años pasaron ocho jefes. Tres se fueron en medio de escándalos de corrupción.
El capítulo que aún resta explorar es que apunta a la complicidad política y judicial. El fiscal Carlos Baccini, titular de la UFI N° 15 de Lomas de Za-
mora, llegó a centralizar 17 causas
vinculadas a La Salada. Lo apartaron en junio de 2016, bajo explicaciones poco claras. Desde la Fiscalía General informaron que la medida buscaba agilizar las investigaciones con un cuerpo de instructores abocado al tema. Luego el juez de Garantías Gabriel Vitale denunció que habían desaparecido pruebas en una investigación encabezada por Baccini. Poco después fue recusado y terminó apartado de la causa.
En mayo, con una presentación ante la Procuración bonaerense, Elisa Carrió denunció un complejo entramado político para garantizar impunidad. La diputada apuntó contra funcionarios de los municipios de Lomas de Zamora y Lanús y aseguró que el lento avance de las investigaciones estaba vinculado a una interna judicial por el reparto de los pues
tos del Departamento Judicial de Lanús-Avellaneda. Ese botín se disputa a unas 60 cuadras de La Salada, en los despachos de jueces y fiscales de los Tribunales de Lomas.
Carrió denunció un entramado político y judicial para garantizar impunidad.