Para evitar irregularidades, el Gobierno quiere ponerle chips a las garrafas
Es para que no haya faltantes ni abusos en los precios. Las utilizan 2,6 millones de hogares de bajos recursos.
El programa de garrafas sociales, que apunta a subsidiar esos tanques para hogares de bajos ingresos, sufre múltiples inconvenientes en su aplicación. Hay quejas por parte de los usuarios ya que las garrafas no se consiguen a los precios pautados por el ministerio de Energía. En la práctica, cuestan entre 50% y 100% más del valor oficial ($ 135).
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se reunió ayer con el secretario de Comercio, Miguel Braun para pensar soluciones. Una de las ideas es ponerle un “chip” a las garra
fas, para poder identificarlas y que los fraccionadoras -las que se encargan de despachar estos pequeños tanques al público- desistan de hacer trampas e inflar los precios. En otros ministerios también hay ansiedad por encontrar alguna solución.
Las garrafas sociales debieran llegar a 2,6 millones de hogares. La inmensa mayoría no tiene acceso a la red de gas. Para miles de personas, es la única forma de calefaccionarse y de cocinar. El Gobierno, a través de ANSeS, transfiere $ 114,38 a cada ho
gar identificado como vulnerable para que pueda comprar una garrafa. El
precio oficial de ese artefacto, con 10 kilos de gas, es de $ 135. Sin embargo, en los barrios cuentan que les piden entre $ 200 y $ 250 para conseguirla. Las diferencias con el importe oficial pueden ahondarse aún más en el interior.
El fraccionamiento de gas en garrafas es realizado por firmas regionales. Las empresas grandes dicen que detectaron manejos irregulares, en connivencia con sectores políticos municipales y provinciales del interior. En el ministerio de Energía están evaluando la posibilidad de añadirle un “chip” a cada garrafa, para que pueda ser seguida y monitoreada. De esta forma, estiman, se podrían evitar desvíos y sobreprecios.
José Luis Sureda, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, que se fue hace unos meses, fue el primero en denunciar los manejos turbios, en noviembre del año pasado. El funcionario inició sumarios a 7 empleados del ministerio de Ener
gía por problemas con las garrafas en noviembre. Sureda separó a algunos trabajadores porque entendió que escondían multas y, de esa forma, beneficiaban a las fraccionadoras.
Tras los sumarios iniciados por Sureda, hubo una denuncia en su contra por parte de Elisa “Lilita” Carrió, pedidos de las diputadas Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt y una actuación del sindicato ATE para defender a sus afiliados que fueron sancionados. Pero la cuestión de fondo, sobre los desmanejos, no sufrió mayores modificaciones.
El funcionario denunciante se alejó del ministerio de Energía, por desacuerdos con el estilo de conducción del ministro Aranguren. La causa que inició es seguida de cerca por otros funcionarios de esa cartera. Hubo reuniones con los representantes del sector, para que se ajusten a cumplir el marco legal.
El programa de garrafas sociales viene con problemas desde hace años. El gobierno anterior introdujo una modificación: en lugar de subsidiar a las empresas (los “garraferos”) pasó a depositarlos directamente a
los usuarios. La medida fue bien vista por la actual administración, que la continuó.