La oposición llama a “una rebelión masiva y democrática” contra el régimen de Maduro Pidió desconocerlo basándose en artículos de la Constitución. La incógnita es si esta nueva ofensiva logrará sus objetivos. Ayer, la OEA no pudo votar una resolución sobr
A punto de cumplir casi tres meses de protestas diarias en las calles contra el Gobierno, la oposición venezolana busca ahora contener un natural proceso de desgaste. Basándose en artículos de la Constitución Nacio- nal que autorizan a declararse en rebeldía contra un Ejecutivo que viola la ley, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a desconocer el régimen de Nicolás Maduro y pidió a sus simpatizantes a ingresar a una nueva fase de “lucha permanente” hasta lograr “la restitución del orden constitucional”.
El llamado se produce cuando la 47° Asamblea General de la OEA reunida en Cancún (México) no logró aprobar una resolución para la creacion de “un grupo de contacto” que intervenga en la crisis venezolana.
La convocatoria al desconocimiento de Maduro se apoya en el artículo 350 de la Carta Magna delineada y aprobada por el gobierno del extinto Hugo Chávez hace una década. El pre- sidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que “el régimen está al margen de la Constitución y, en consecuencia, su autoridad y sus decisiones no deben ser obedecidas por nadie, de acuerdo con el artículo 350. En segundo lugar, también asumimos el artículo 333 de nuestra Carta Magna que nos obliga a restituir el orden constitucional”. El texto constitucional dice que el pueblo “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
La oposición pidió ayer a sus acólitos que se preparen para un proceso de “rebelión democrática masiva e irreversible” para evitar que se realicen las elecciones a una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, para el 30 de julio. La decisión es rechazada por el 80% de la población, según los sondeos, agobiada por una economía en estado terminal, una inflación del 700% en 2016 -para este año se pronostica que será el doble- y una fenomenal escasez de alimentos y medicinas. “Estamos hablando de un proceso de rebelión democrática masivo e irreversible, permanente y simultáneo que no pare hasta que logremos los objetivos”, dijo ayer el primer vice del Parlamento, Freddy Guevara, en rueda de prensa.
El llamado a desconocer el gobierno replica, en verdad, una posición sostenida por la Conferencia Episcopal venezolana el 8 de mayo pasado cuando rompió con el Gobierno, acu-
sándolo de boicotear los procesos de diálogo con la oposición, rechazó el llamado a la Constituyente y exhortó a sus fieles “a no resignarse y a levantar su voz de protesta”.
Ayer, la MUD advirtió que la Constituyente chavista podría durar hasta dos años, lo que suspendería las elecciones presidenciales de fines de 2018. “Ese proceso sólo va a empeorar situación actual”, señaló el diputado José Simón Calzadilla, quien habló como portavoz de la alianza.
La principal incógnita es si esta ofensiva opositora no es un elemento de mera retórica y si conseguirá objetivos que se presentan ahora como inalcanzables. El contexto no ayuda cuando el oficialismo vació de poder al Parlamento -dominado por la oposición- y colonizó la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral. Además, el Gobierno sigue controlando los recursos estatales, mayoritariamente provenientes de la petrolera estatal PDVSA, sofocada además por falta de inversiones y una baja global de los precios del crudo, principal ingreso del país.
Lo cierto es que la oposición atraviesa un proceso natural de desgaste, al no haber alcanzado sus propósitos básicos de convocatoria a elecciones, liberación de presos políticos y respeto de las labores parlamentarias. La nueva fase de la estrategia se produce cuando se cumplían este martes 81 días de protestas antigubernamentales que dejaron 75 muertos y 2.000 heridos. La cifra de presos políticos pasa de los 260.
Mientras tanto, la Corte Suprema, afín al chavismo, decidió iniciar un proceso para destituir a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, por supuestas “faltas graves”. Tanto la oposición como la Fiscal General han conformado un frente común. Ortega fue la primera figura de peso que se alzó contra el presidente denunciando que el llamado a una Constituyente era ilegal. Ésta es una pelea inédita entre los poderes que nunca se ha visto en el país, donde los ciudadanos están volcados en la calle presionando a un Gobierno que no cede.