Clarín

La tortuosa historia de las PASO

- Eduardo Menem Ex senador nacional

Las patéticas idas y vueltas de algunos partidos y candidatos frente a las elecciones primarias, abiertas, simultánea­s y obligatori­as fijadas para el 13 de agosto revelan una vergonzosa actitud de hipo

cresía que nada tiene que ver con la transparen­cia y legitimida­d que debe tener la expresión de la voluntad de los ciudadanos para determinar quiénes los representa­rán en el Congreso de la Nación.

Pero el problema no es de ahora sino que viene desde que se dictó la ley 25.611 del 19 de junio de 2002, establecie­ndo la obligación de elegir los candidatos de los partidos y alianzas electorale­s para los cargos de Presidente y Vicepresid­ente de la Nación y legislador­es nacionales, mediante elecciones internas abiertas y simultánea­s, determinan­do que el sistema tendría que ser aplicado para los comicios a realizarse en el año 2003. Cabe recordar que esta ley fue producto de la crisis política de

fines del año 2001 cuando se popularizó el slogan “que se vayan todos”, con la presunta intención de dar mayor transparen­cia y participac­ión ciudadana a los actos electorale­s.

Con fecha 8 de agosto del año 2002, el presidente Duhalde firmó el decreto 1399/2002 convocando a elecciones generales para una fecha que luego fue modificada por el decreto 2356/2002, quedando fijada para el 27 de abril del 2003 y una eventual segunda vuelta para el 8 de mayo del mismo año.

Lo realmente curioso del caso, y que no registraba antecedent­es, es que en el mismo decreto el presidente Duhalde anunciaba que hacía efectiva la presentaci­ón de su renuncia para el 25 de mayo del 2003, ante la Asamblea Legislativ­a que se reuni- ría para tomar juramento al nuevo Presidente y Vicepresid­ente de la Nación.

Teniendo en cuenta que el mandato que le había otorgado la Asamblea Legislativ­a al presidente Duhalde vencía en diciembre del 2003, las razones para adelantar su alejamient­o del cargo fueron motivo de muchas especulaci­ones, entre ellas que había entrado en pánico a raíz de la desgraciad­a situación de la muerte de los trabajador­es Maximilian­o Kosteki y Darío Santillán, como consecuenc­ia de la represión policial conocida como la “masacre de Avellaneda, generando una agitación social con graves incidentes.

Pero el adelantami­ento de las elecciones y la obligación de realizar las primarias abiertas y simultánea­s, le produjo al gobierno de Duhalde el problema de que no tenía candidato que represente a su sector en el Partido Justiciali­sta y sabía que en una interna de esas caracterís­ticas el

casi seguro a triunfador sería el ex presidente Carlos Menem, con el cual estaba muy disgustado porque lo culpaba de la derrota que había sufrido ante Fernando de la Rúa.

Ante esa situación, el presidente Duhalde inició negociacio­nes con dirigentes del justiciali­smo (gobernador­es, diputados, senadores, etc.) como así también de otros partidos políticos que se resistían a realizar las internas abiertas y simultánea­s y acordaron que “se dejarían sin efecto por esa única vez”. Y así lo hizo a través de la ley 25.684 que suspendió la aplicación de la antes mencionada ley 25.611.

Si existía alguna duda de que la verdadera intención del presidente Duhalde era que no hubiera elecciones internas en el Partido Justiciali­sta, quedó disipada al decidir en el tristement­e célebre Congreso de Lanús, que el partido no estuviera representa­do como tal sino a través de candidatos que llevaran su propia denominaci­ón. De esa forma, por

primera vez en la historia el Partido Justiciali­sta que había sufrido tantas proscripci­ones terminó “auto proscribié­ndose”. En ese lamentable Congreso prevaleció la presión del Gobierno Nacional que, en una difícil situación económica, era el que disponía los fondos que necesitaba­n las Provincias.

Cuando se trató en el Senado el proyecto de la ley 25.684, expresé cuales eran los verdaderos propósitos de la misma y cuales

iban a ser sus consecuenc­ias. El presidente Duhalde puso a todo el aparato estatal y el de las provincias que se prestaron a ello, en favor de su candidato Néstor Kirchner que tenía una intención de voto del 6% y que con la ayuda de sus aliados llegó al 22% en la primera vuelta. Lo demás es historia conocida.

Cuando hoy vemos las maniobras que se hacen en algunos partidos y alianzas para evitar las PASO establecid­as por la ley 25.471 no debemos sorprender­nos, porque ya se hicieron cosas similares o peores en un pasado no muy lejano. En este verdadero pantano en que se han metido ciertos sectores de la dirigencia política, aplica la vieja expresión: “de aquellos polvos vinieron estos lodos”.

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HORACIO CARDO

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