Negocios sospechosos
Se trata de Juan José Levy. Lo investigan por lavado de dinero a través de negocios con el chavismo.
Hombre vinculado al ex ministro Julio De Vido, un juez lo procesó por lavado de dinero en millonarios negocios con Venezuela. Además, le trabó un embargo por $ 10 millones, sin prisión preventiva.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó al empresario Juan José Levy, vinculado al entorno del ex ministro de Planificación Julio De Vido por lavado de dinero en negocios multimillonarios con la Venezuela chavista. Levy tiene estrechas relaciones con el ex se- cretario de De Vido y ex espía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olazagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.
En una resolución de 265 páginas a las que accedió Clarín, Aguinsky procesó también al hermano de Levy, Alejandro, también sin prisión preventiva aunque con un embargo de 10 millones de pesos en ambos casos. Otros de los procesados fueron los empresarios Julio Barlocco, Julián Rubio, Miguel Romero y Horacio Beresñak. En la medida, también se mantuvo un embargo de 300 millo-
nes de pesos y la inhibición general de bienes contra las empresas Gulfos y Bleu Tel. Si bien el perjuicio de la maniobra fue con el estado de Venezuela “el fraude habría impactado también en
el Estado argentino”, ya que gran parte de los pagos de aquellos contratos se efectuaron través del fideicomiso entre Venezuela y Argentina con los pagos argentinos por la compra de gas oil”, dijo el juez.
La primera imputación de la fiscal Luz María Rivas Diez es el contrabando de exportación de mercaderías entre los años 2011 y 2015 en el marco de un contrato de suministros suscripto entre Laboratorios Esme Saic -de Levy- y la empresa estatal venezolana Suvinca para así exportar bienes a es- ta última con sobreprecios. En los despachos de exportación, de Laboratorios Esme se encontraron “importes sobrevaluados de la mercadería, fletes y seguros, burlando, de esta forma, el control del servicio aduanero sobre aquellas exportaciones, de modo que recibieron un tratamiento aduanero y fiscal distinto”.
La segunda imputación de la fiscalía fue el contrabando de exportación de mercaderías, entre los años 2012 y 2015 en el marco de un contrato de suministros suscripto entre Bleu Tel SA. y la empresa estatal venezolana Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para exportar antenas con sobreprecios. En la documentación secuestrada se encontraron “importes sobrevaluados
de la mercadería para ocultar el verdadero proveedor y de este modo disimular el sobreprecio”. Aguinsky había dictado, el año pa
sado, los embargos señalados luego de que la fiscal Rivas Diez allanó los domicilios de Levy y de las empresas laboratorios Esme, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A.
La causa se abrió por una extracción de testimonio que envió la jueza en lo comercial Paula Hualde que interviene en una disputa entre Levy y sus tres hermanos por el control de Esme, que incluyó “insultos y amenazas”.
Sucedió que Esme pasó durante el kirchnerismo de ser una pyme a una empresa que recibió un contrato por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca). Esme cobró un anticipo
del 60 por ciento de ese monto y exportó por 48 millones de dólares. Pero llamativamente a pedido de Suvinca se suspendieron los embarques de mercaderías hasta nuevo aviso. La Justicia sospecha que Esme facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”. Además, cobró reintegros a las exportaciones por 1.800.000 dólares.
Levy también intervino en un negocio con la venta de decodificadores de TV y está investigado por la
Aduana por el intento de exportación de medicamentos con la leyenda “gobierno de Santa Fe-distribución gratuita” por 12 millones de dólares a Venezuela y señalado en otro negocio con la Anses por el plan Conectar Igualdad.
Pero el embargo del juez Aguisnky es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, cuando se supone que debían ser productos argentinos. El contrato, más las antenas correspondientes, fue por más de 20 millones de dólares. Fue suscripto por Bleu Tel SA y Corporación Gulfos SA -que controla Levy- con la venezolana CANTV.
El juez Aguinski le trabó un embargo de 10 millones de pesos sin prisión preventiva.